Revocación de mandato el peligroso juego que nadie quiere ver

Anticipar el proceso de revocación de mandato de Claudia Sheinbaum no solo es un error estratégico, sino una contradicción con los principios que dieron origen a esta figura democrática. Aunque el término “anticipar” resulta impreciso —pues, en rigor, este mecanismo nunca debería activarse si no es en casos de desconfianza extrema hacia un gobierno—, la propuesta de incluirlo en la jornada electoral del primer domingo de junio del próximo año representa un desacierto institucional.

La idea de empatar el revocatorio con las elecciones intermedias responde más a una lógica partidista que a un verdadero ejercicio de democracia participativa. La revocación de mandato fue concebida como un freno de emergencia frente a un gobierno cuya gestión generara desconfianza grave y sostenida, no como una herramienta para reforzar la presencia electoral de un partido en ejercicio del poder. Su propósito original, reflejado en la exposición de motivos y en los debates legislativos de 2021, era claro: servir como mecanismo de rendición de cuentas, no como plataforma de ratificación o movilización política.

Un precedente peligroso

La decisión de separar la fecha del revocatorio de las elecciones ordinarias no fue casual. En su momento, el INE y los legisladores reconocieron que, de celebrarse junto con otros comicios, el proceso podría contaminarse con intereses partidistas, campañas cruzadas y el peso desproporcionado del dinero en política. Esa reflexión, lúcida y necesaria, sigue siendo válida. Donde existe la misma razón, debe mantenerse la misma consecuencia: evitar que el mecanismo pierda su esencia.

Además, avanzar en esta dirección implicaría darle la razón a quienes en su momento criticaron la figura como una herramienta de propaganda. Durante la discusión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, los partidos opositores argumentaron que podía convertirse en un instrumento de movilización partidista más que en un auténtico ejercicio ciudadano. Promover hoy un revocatorio que nunca debería realizarse —especialmente en un contexto de debilidad opositora— termina por legitimar esas críticas y desacreditar a quienes defendieron la figura con intenciones democráticas genuinas.

Riesgos electorales y políticos

• Para que una revocación tenga efectos vinculantes, debe participar al menos el 40% del padrón electoral. En el ejercicio de 2022 sobre el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pese a que más de 16 millones de personas votaron, la participación fue de apenas 17,78%, por lo que no alcanzó el umbral necesario.
• En cambio, las elecciones intermedias suelen registrar niveles de participación superiores al 40%. Empatar ambas fechas no solo garantiza un resultado vinculante, sino que convierte el revocatorio en un evento de consecuencias reales, con todos los riesgos que eso implica.
• Sumado a esto, la alianza política de Morena no es homogénea ni plenamente confiable en todos los territorios, lo que agrava la incertidumbre. El resultado podría convertirse en un boomerang impredecible: una ruleta rusa institucional.

Forzar una modificación constitucional para fines electorales no solo transgrede el espíritu de la democracia directa, sino que establece un precedente peligroso. El uso del poder no siempre debe traducirse en su despliegue máximo; a veces, la verdadera fortaleza consiste en ejercer autocontención. Avanzar en este revocatorio innecesario sería un acto de imprudencia que podría generar más problemas que certezas, debilitando la estabilidad política en lugar de fortalecerla.