El oscuro negocio de los indultos que explotó en la era Trump

La política de clemencia de Donald Trump en su segundo mandato ha adquirido un alcance sin precedentes, transformándose en una herramienta política y mediática que ha generado tanto apoyos como críticas severas. Entre los últimos beneficiarios se encuentran cinco exjugadores de fútbol americano condenados por delitos relacionados con narcotráfico y perjurio, indultados el 12 de febrero. Este acto se suma a una lista creciente que ya incluye a millonarios del mundo de las criptomonedas, políticos republicanos, figuras de la televisión de realidad e incluso al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por su papel en el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos.

Un uso sin precedentes del poder presidencial

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha concedido clemencia a casi 1.600 personas el primer día de su mandato, en su mayoría procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Hasta la fecha, ha indultado o conmutado penas a 199 personas adicionales, incluyendo a 77 implicadas en intentos de subvertir los resultados de las elecciones de 2020, una derrota que aún rechaza reconocer. Este patrón ha generado una ola de preocupación en el Congreso, donde un grupo bipartidista de legisladores, entre ellos el republicano Don Bacon, ha propuesto una enmienda constitucional para permitir al Congreso bloquear indultos presidenciales.

Aunque el uso controvertido del perdón presidencial no es nuevo —Gerald Ford indultó a Richard Nixon tras Watergate, Jimmy Carter perdonó a más de 100.000 evasores del servicio militar en Vietnam, y Joe Biden indultó a 1.500 personas en un solo día, además de beneficiar a su hijo Hunter—, la escala y el ritmo de los indultos de Trump marcan una diferencia cualitativa. Por primera vez en la historia, el presidente ha nombrado una “zarina de los indultos”: Alice Marie Johnson, una mujer a la que él mismo indultó en su primer mandato tras una campaña liderada por Kim Kardashian. Johnson, condenada a cadena perpetua por tráfico de drogas y lavado de dinero, hoy lidera un proceso paralelo al de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema.

El negocio de la clemencia

• La figura de Johnson ha sido celebrada por activistas que veían en su caso un ejemplo de la severidad del sistema penal, pero muchos ahora expresan desencanto, señalando que el proceso se ha convertido en un negocio influenciado por intereses económicos y personales.
• Según el periodista y ganador del Pulitzer David Cay Johnston, “el presidente está claramente vendiendo clemencia. Él no se queda el dinero, pero sí grupos de su entorno y personas afines”.
• El acceso al perdón se ha convertido en una industria en Washington: lobistas que antes trabajaban en temas políticos ahora se especializan en indultos, con tarifas que superan el millón de dólares. Algunos confiesan que, con Trump, este rubro se ha transformado en un “negocio floreciente”.

Además de los canales formales e informales, existe una tercera vía: el acceso directo al presidente. Lugares como el club privado Mar-a-Lago se han convertido en escenarios donde, mediante contactos cercanos, se negocian indultos. Fue así como el estratega republicano Roger Stone intercedió por el expresidente hondureño Hernández, sin cobrar por el gesto. Otros casos, como el de Changpeng Zhao, fundador de Binance, revelan vínculos más complejos. Zhao fue indultado tras una campaña de presión de lobistas, entre ellos Ches McDowell, quien según The Wall Street Journal, logró convencer a Trump durante un acto en la Casa Blanca. Curiosamente, el presidente afirmó después que no sabía quién era Zhao, aunque dijo haberlo perdonado “a petición de mucha gente buena”.

Binance gastó 1,25 millones de dólares en lobby en Washington el año pasado, según Open Secrets, organización que monitorea la influencia del dinero en la política. Un análisis de sus datos muestra que las menciones a “perdón” o “clemencia” en informes de lobby han alcanzado niveles récord bajo el segundo mandato de Trump, con 27 referencias en un solo año, muy por encima de los máximos anteriores. Durante la era Biden, estas menciones eran escasas, lo que contrasta con la intensidad actual.

Un sistema en crisis

El caso de Joseph Schwartz, dueño de una red de residencias para ancianos condenado por fraude de 38 millones de dólares, ejemplifica el deterioro de la integridad del proceso. Schwartz, indultado en noviembre, gastó 1,06 millones de dólares en influencia, la mayor parte en los controvertidos lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl, ambos condenados por fraude. El resto fue destinado a John Nash, quien semanas después fue detenido por intentar extorsionar a Schwartz para obtener un pago prometido. Nash actuó en coordinación con un informante del Gobierno, lo que revela cómo el sistema de clemencia está generando nuevas formas de delincuencia.

Liz Oyer, la anterior abogada de indultos despedida por negarse a recomendar la restauración del derecho a portar armas para Mel Gibson, ve en estos hechos una prueba clara de que “el negocio del perdón está tan fuera de control que genera más delincuencia”. Para el profesor Mark Osler, experto en clemencia, el sistema ya no responde a lógicas institucionales: “Ahora soy incapaz de explicar sus reglas con Trump en la Casa Blanca”.

Entre los nombres que aguardan en la fila del perdón se encuentran figuras como Elizabeth Holmes, Sam Bankman-Fried y, especialmente, Ghislaine Maxwell, excompañera de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión. Maxwell ha iniciado maniobras para obtener clemencia, incluso ofreciendo testificar contra Trump si se le otorga inmunidad. David Cay Johnston considera “muy posible” que Trump intervenga, aunque apuesta por una conmutación de pena en lugar de un indulto completo, para evitar que Maxwell pierda la protección de la Quinta Enmienda y pueda incriminarlo.

Con el poder presidencial de clemencia en pleno auge y sin supervisión efectiva, el debate sobre su legitimidad y límites ha alcanzado niveles críticos. Lo que antes era una herramienta de justicia restaurativa se ha convertido, bajo la administración Trump, en un instrumento político, personal y, para muchos, profundamente corrupto.