La justicia de Corea del Sur condena al expresidente Yoon Suk-yeol a cinco años de cárcel por su imposición de la ley marcial

La justicia surcoreana comenzó este viernes a dictar las consecuencias penales del decreto de ley marcial que el entonces presidente Yoon Suk‑yeol ordenó en diciembre de 2024. El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon a cinco años de prisión por varios delitos, entre ellos obstrucción a la justicia, falsificación de documentos oficiales y el incumplimiento de los procedimientos legales exigidos para la puesta en marcha de la ley marcial.

Se trata del primer fallo del complejo entramado de procesos judiciales que acorralan al exmandatario de 65 años por el episodio que sacudió los cimientos institucionales del país y se convirtió en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en la democracia asiática, aliada clave de Estados Unidos en la región. El equipo legal de Yoon anunció que apelará la sentencia y califica la decisión de “política”.

Próximos pasos judiciales

El siguiente golpe potencial llegará el 19 de febrero, cuando el mismo tribunal deberá decidir si Yoon cometió el delito de insurrección y trató de subvertir el orden constitucional, acusación por la que la Fiscalía ha solicitado la pena de muerte. Los magistrados describieron la gravedad de los hechos como “muy alta” y señalaron que el acusado no mostró signos de arrepentimiento.

El presidente del tribunal, el juez Baek Dae‑hyun, sostuvo que Yoon abusó “de la enorme influencia que le confería la presidencia” para impedir la ejecución de “órdenes judiciales legítimas” y que, con ese fin, “privó a funcionarios públicos leales a la República de Corea de su seguridad personal y de su propio beneficio”.

El intento de detención de Yoon en enero del año pasado marcó un punto de inflexión en la crisis institucional. Tras haber sido suspendido por el Parlamento, aunque aún no confirmada su destitución definitiva, el exmandatario se atrincheró en su residencia y ordenó al Servicio de Seguridad Presidencial bloquear el acceso de los investigadores. La operación fracasó y obligó a un segundo despliegue con más de 3 000 agentes, que culminó en el primer arresto de la historia de Corea del Sur de un presidente en ejercicio. “Es necesario un castigo severo acorde con la gravedad”, afirmó el juez Baek.

El tribunal también determinó que Yoon vulneró los derechos de siete miembros de su gabinete al no notificarles la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial. Sólo convocó a los ministros que consideraba leales, en una reunión que duró apenas cinco minutos. Asimismo, los magistrados calificaron la proclamación del estado de emergencia como falsificación de un documento público.

Sin embargo, la sentencia de este viernes no incluye la acusación solicitada el mes pasado por el fiscal especial Cho Eun‑suk. Yoon ha sido absuelto del cargo de supuesta orden de difundir información falsa a la prensa extranjera.

Yoon, exfiscal general del país, fue destituido como presidente por el Tribunal Constitucional en abril pasado, lo que permitió que la justicia siguiera investigando otros cargos relacionados con los eventos del 3 de diciembre de 2024. El exmandatario, que lleva un año en prisión preventiva, enfrenta aún siete juicios pendientes, cinco de ellos vinculados a la imposición de la ley marcial, y está también acusado de abuso de poder, falso testimonio y de “beneficiar a un estado enemigo” por el presunto envío de drones a Corea del Norte en 2024.

El cargo más grave que se le imputa es el de insurrección. La Fiscalía sostiene que Yoon forzó los límites constitucionales al decretar la ley marcial sin que existiera una guerra o emergencia nacional que la justificara. Según la acusación, movilizó tropas y policías para sellar el perímetro de la Asamblea Nacional e impedir que los diputados frenaran la medida, llegando incluso a ordenar la detención del presidente del Parlamento y de los líderes de la oposición. Yoon ha mantenido que su objetivo no era instaurar un régimen militar, sino “alertar sobre las irregularidades cometidas por la oposición” y “proteger la democracia de actividades antiestatales”, aunque los investigadores consideran que su verdadera motivación fue el acorralamiento político.

La Fiscalía ha afirmado que el intento de Yoon de imponer la ley marcial “dañó la dignidad de la nación de forma mucho más grave” que el golpe militar de Chun Doo‑hwan en 1979. En aquel caso, Chun fue condenado a muerte por insurrección, pena conmutada luego a cadena perpetua y finalmente indultado en 1997. Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997, pero la acusación ha solicitado la pena capital para Yoon.

Más allá de los cargos vinculados a la ley marcial, Yoon enfrenta otras tres investigaciones, entre ellas una por presunta corrupción en la que su esposa, Kim Keon‑hee, figura como pieza central; una por interferir en las elecciones presidenciales de 2022 y por realizar declaraciones falsas durante su campaña; y otra por supuestamente manipular la investigación sobre la muerte de un joven oficial de la Marina en 2023 y ayudar al principal sospechoso del caso.