El impacto devastador de Trump en el Día del Migrante que nadie quiso ver

Yareliz Méndez‑Zamora, activista de la organización promigrante American Friends Service Committee (AFSC) de Florida, conserva un recuerdo que ilustra el dramatismo de este año que está por concluir. En las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE) en Miramar, Miami, una familia tuvo que elegir su propio destino. La pareja llegó puntual a la cita con las autoridades; la mujer ingresó al edificio mientras el hombre esperaba afuera, cuando de repente recibió un mensaje inesperado indicándole que también debía entrar. En ese momento, los oficiales les informaron que uno de los dos sería deportado y que debían decidir quién sería el que permanecería en Estados Unidos.

La mujer, que era la principal proveedora de la familia, aceptó la deportación para que su esposo, quien trabajaba y mantenía el hogar, pudiera quedarse con sus dos hijos. Finalmente, el hombre permaneció en el país.

Una protesta que coincide con el Día Internacional del Migrante

“Quedé impactada”, relata Méndez‑Zamora, quien acompañó a la familia durante el proceso. “Este ha sido uno de los años más difíciles y crueles, con una oleada de violaciones a los derechos humanos”. La activista lo dijo frente a las instalaciones de ICE en Miramar, donde un amplio grupo de voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y familiares de personas detenidas se congregó en protesta en vísperas del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en 2025 más de 65 000 personas se encuentran bajo detención, se registraron 605 000 expulsiones y 1,9 millones de auto‑deportaciones. La portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, señaló la semana pasada que la administración Trump “está batiendo récords históricos” y reiteró que los migrantes “deben marcharse ahora; si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no volverán”.

Las imágenes de la ofensiva migratoria de la Casa Blanca recuerdan una película de terror: familias separadas a la fuerza por agentes enmascarados, niños que temen asistir a la escuela, deportaciones a países tan lejanos como Sudán del Sur o Esuatini, redadas masivas en diversas ciudades, detenciones dentro de los tribunales y cientos de miles de personas que perdieron su estatus legal.

María Asunción Bilbao, coordinadora de campaña del AFSC en Florida, también asistió a las oficinas de ICE en Miramar para acompañar a las familias migrantes. “Ha sido un año agotador y aterrador”, afirmó. “Mañana, Día del Migrante, será un día triste en este país porque no se están respetando los derechos de ningún refugiado. Pero admiro la valentía de los migrantes; se necesita coraje para dejar todo y venir a un país nuevo”.

Lo que ocurre en Estados Unidos no sorprende a quienes siguieron de cerca la campaña de Donald Trump. Desde sus inicios, el expresidente prometió garantizar la “seguridad nacional” mediante la expulsión de todos los “criminales”. Tras su victoria electoral en noviembre de 2024, Trump lanzó una campaña para llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”.

Crecen los arrestos del ICE

Para profesionalizar la expulsión de migrantes, la administración Trump reforzó el ICE con un amplio arsenal financiero. Stephen Miller, arquitecto de la política antiinmigrante del gobierno, detectó que las detenciones iniciales eran insuficientes y estableció una meta de 3 000 arrestos adicionales al mes. En abril, las autoridades federales arrestaron a unas 18 000 personas mensuales; para noviembre, la cifra llegó a 21 127, aunque todavía por debajo de los objetivos del gobierno.

En julio, Trump aprobó una reforma fiscal que incrementó el presupuesto del ICE a más de 100 000 millones de dólares, comparado con los 8 000 millones de años anteriores. De ese total, 45 000 millones se destinaron a la construcción de nuevos centros de detención, 14 000 millones a operaciones de deportación y 30 000 millones a la contratación de personal, con la intención de alcanzar los 100 000 agentes dedicados a perseguir a migrantes.

El resultado ha sido visible: operativos migratorios a gran escala en ciudades tradicionalmente consideradas “santuarios”, como Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans y Charlotte (Carolina del Norte), a pesar de la oposición de autoridades locales. Los agentes también se presentan en los juzgados, esperando a que los migrantes terminen sus audiencias para ser detenidos.

Aumento de los vuelos de deportación

Otros instrumentos han potenciado la maquinaria antiinmigrante: la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para múltiples nacionalidades, la supresión del programa de parole que dejó en limbo a medio millón de beneficiarios, la ampliación del travel ban a 39 naciones y la firma de miles de acuerdos 287(g) que permiten a la policía local colaborar directamente con el ICE. Además, se firmaron pactos con terceros países que aceptan recibir a los migrantes deportados.

Según el monitor de vuelos del ICE elaborado por Human Rights First, en la segunda administración Trump se realizaron más de 1 900 vuelos de deportación, lo que representa un aumento del 41 % respecto al mismo periodo de 2024.

El presidente también ha puesto a prueba los límites de la legislación. Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1889, la administración envió a una megacárcel en El Salvador a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, a pesar de la orden judicial que lo prohibía. Otros migrantes fueron trasladados a centros de detención extraterritoriales, como la Base Naval de Guantánamo. Asimismo, se redujo drásticamente la posibilidad de obtener fianza o libertad condicional; en septiembre, solo el 3 % de los detenidos obtuvo alguna de estas medidas.

Además de suspender los procesos de asilo y residencia, el gobierno paralizó trámites de ciudadanía, atentando contra el estatus máximo que un migrante puede alcanzar en el país. Cuando se le preguntó si intentaría revocar la ciudadanía de quienes ya la habían obtenido, Trump respondió: “Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”. Se informó que su administración planea desnaturalizar entre 100 y 200 personas al mes, lo que representaría un salto masivo respecto a los 120 casos registrados desde 2017.