La Xunta entrega a empresas que no pagan el salario mínimo los geriátricos que donó Amancio Ortega

En Galicia, alrededor de 21.000 personas mayores que viven en residencias son atendidas por trabajadoras cuyo salario está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los centros, gestionados mayoritariamente por entidades privadas o por organizaciones sin ánimo de lucro, dependen de unas 19.000 plazas según datos del IMSERSO.

Las últimas residencias que han pasado a la condición de “precariedad” son las donadas por la Fundación Amancio Ortega a la Xunta de Galicia. La patronal del sector ha convocado varias jornadas de huelga en septiembre para protestar contra estas condiciones laborales.

Gestión pública y salarios por debajo del mínimo

El gobierno gallego ha decidido entregar los tres edificios recibidos hasta la fecha de la fundación (situados en Santiago de Compostela, Lugo y A Coruña) a empresas cuyo convenio colectivo establece sueldos apenas superiores a los 1.000 euros brutos mensuales. Se espera que el mismo modelo se aplique a los cuatro centros en construcción en Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo. En total, las siete residencias suman 900 plazas y la fundación las entrega completamente equipadas. Si la Xunta optara por una gestión totalmente pública, sólo tendría que contratar al personal necesario.

El convenio colectivo de Galicia, vigente desde 2023, fija salarios base que están por debajo del SMI de 1.184 euros brutos previstos para 2025. Así, las gerocultoras perciben 1.109 euros, mientras que recepcionistas, limpiadoras y auxiliares administrativos llegan a 1.090 euros. Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), de los 12.000 empleados del sector, unas 8.000 no alcanzan el salario mínimo.

Belén Fernández, con 18 años de experiencia como gerocultora en una residencia privada, cobra 1.200 euros sumando complementos, incluido el de antigüedad. Asegura que las condiciones laborales son “ridículas” en comparación con los centros públicos y que el reducido personal obliga a jornadas extenuantes. “La presión física y psíquica es enorme. Hacemos el trabajo de tres compañeras. Estamos agotadas, salimos reventadas de trabajar”, denuncia. Además, la falta de mano de obra ha llevado a la contratación de personal con baja cualificación, lo que, según ella, “es vergonzoso y muy frustrante”.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado al Parlamento gallego quejas de familiares de usuarios de la residencia donada por Amancio Ortega en Lugo, señalando la escasez de personal para atender a mayores con gran dependencia. La Xunta responde que los centros cumplen con la ratios de personal establecidas por la normativa de 1996, aunque las trabajadoras afirman que el supuesto cumplimiento es engañoso.

Las residencias son responsables de evaluar periódicamente el grado de dependencia de los usuarios, pero, según Fernández, a menudo evitan actualizar estos valores para no tener que aumentar el personal, ya que la legislación obliga a contratar más empleados cuando el nivel de dependencia crece. “Conozco casos de ancianos que ingresaron hace nueve años y siguen catalogados como autosuficientes, cuando la realidad es otra”.

Una enfermera con 27 años de antigüedad, que prefiere mantener el anonimato, denuncia que las empresas incluyen en sus ratios a empleadas de baja que no son sustituidas, lo que “las auditorías son de risa, solo miran los papeles”. En su centro de Lugo, una única enfermera atiende a 170 residentes, asistida por solo dos auxiliares de enfermería por cada 30 residentes.

Las dos primeras residencias donadas por Amancio Ortega, de 120 plazas cada una y ubicadas en Lugo y Santiago, fueron adjudicadas en 2024 a la Fundación de Estudios e Análisis (FESAN), entidad sin ánimo de lucro que gestiona los centros a través de su Grupo Servisenior. FESAN no ha facilitado información sobre las condiciones laborales de sus trabajadoras.

En A Coruña, la gestión del geriátrico financiado por la fundación ya ha sido licitada; 14 empresas, entre ellas FESAN, Clece, Eulen, Ballesol e Ilunion, compiten por el contrato. La licitación de la residencia de Pontevedra está prevista para los próximos meses.

La Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (AGARTE), principal patronal del sector, y la Consellería de Política Social no han respondido a las preguntas de este medio sobre la situación laboral. “Ni las patronales ni la consellería tienen interés en activar las negociaciones”, lamenta Olfo Naya, portavoz de la CIG, que exige igualdad de condiciones y salarios entre el sector público y el privado.

Respecto a las residencias donadas por Ortega, fuentes del departamento autonómico liderado por Fabiola García indican que, aunque estén gestionadas por entidades privadas, sus plazas son y serán públicas, con precios públicos y acceso mediante la lista de espera oficial. La consellería no explica por qué prefiere adjudicar estos centros a empresas cuando la propia administración podría contratar directamente al personal necesario.