Un responsable de la presa de Buseo, propiedad de la Generalitat, alertó a las 20.41 horas de su desbordamiento en la dana, pero no se avisó a la población

Un ingeniero de Caminos que trabajaba como técnico de apoyo en la explotación de la presa de Buseo, la única propiedad de la Generalitat Valenciana, ha declarado ante la jueza que investiga la dana que la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fueron advertidas del inminente desbordamiento de la presa.

El ingeniero envió su primer correo electrónico a las 20:41 del 28 de agosto, alertando de que la presa estaba a punto de desbordarse. A pesar de la advertencia, el Centro de Emergencias de la Generalitat, donde se encontraba reunido el CECOPI, responsable de la gestión de inundaciones, no emitió ninguna alerta y el Gobierno autonómico elevó el nivel máximo de emergencia solo al día siguiente.

Testimonio y cronología de los avisos

Durante su declaración, el ingeniero detalló que, tras enviar el correo, se desplazó al emplazamiento de la presa pero no pudo acceder porque el cauce cruzaba la carretera y un testigo le informó de un derrumbe junto a la central hidroeléctrica. Ante la imposibilidad de continuar, regresó a Valencia.

Posteriormente intentó contactar a Pedro Rivas, director de la explotación de la presa, y llegó a su domicilio alrededor de las 22:50. A las 23:03 volvió a enviar un correo electrónico advirtiendo que la presa estaba a punto de desbordarse, que el posible desbordamiento se debía a una coronación y que no lograba contactar a los operarios. A las 23:36 llamó al número de emergencias 112 para informar de la situación, que afectaba al municipio de Sot de Chera, primer pueblo aguas abajo.

El ingeniero también señaló que el último dato del sensor de la presa se registró poco después de las 22:00, y que el sensor dejó de transmitir porque se interrumpió la corriente eléctrica.

Según la información recabada por la prensa, el municipio de Sot de Chera está situado a escasa distancia de la presa y cuenta con viviendas en la zona del cauce conocida como “la isla”. Cuando el agua superó el nivel máximo, se abrió un hueco tanto en la margen derecha como en la izquierda antes del aliviadero, permitiendo que el desbordamiento se produjera por coronación.

El desbordamiento provocó que el agua inundara el cauce del río Reatillo, afectando primero a Sot de Chera y, posteriormente, a los municipios de Vilamarxant, Bugarra, Pedralba y varios más hasta llegar al mar.

La investigación también ha puesto de manifiesto que la presa de Buseo contaba con tres de sus cuatro desagües de apoyo obstruidos y que el plan de emergencias no estaba operativo. El nivel de agua alcanzó los dos metros y medio por encima del muro de contención. La presa, construida entre 1903 y 1915, es la única propiedad de la Generalitat en la región.

El consejo de Agricultura, encabezado por Miguel Barrachina, ha reiterado que la CHJ es la responsable de la gestión de la emergencia en la presa, cuya administración está privatizada. El caso está siendo investigado en el juzgado de Catarroja, donde el equipo de investigación está formado por la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Prats y su exsubordinado Emilio Argüeso.

El trágico desenlace dejó como saldo la muerte de un padre y su hijo en Sot de Chera la noche del desbordamiento, un hecho que ha intensificado la presión para esclarecer las responsabilidades y revisar los protocolos de gestión de infraestructuras críticas en la Comunidad Valenciana.