El Banco de España devolverá su propiedad de 1.100 metros cuadrados de la sierra de Madrid y renuncia a pleitear con el Gobierno de Ayuso

El Banco de España ha comunicado que la concesión de suelo otorgada en 1920, que le permitió levantar a partir de 1945 un albergue de 1.129,3 metros cuadrados con varias plantas en la Sierra de Guadarrama, está extinguida y que la entidad tiene interés en devolver los terrenos ocupados.

Según ha indicado un portavoz del supervisor bancario, la autorización original la concedió la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico y, al cumplirse el plazo de la concesión del derecho de ocupación, el Banco de España informó al Ayuntamiento de Cercedilla y a la Comunidad de Madrid de su intención de restituir los inmuebles.

Contexto histórico y situación actual

El albergue, situado en el Puerto de Navacerrada, fue construido en 1945, poco después del inicio de la dictadura franquista. Durante los años cincuenta albergó a alrededor de 400 empleados del Banco, que disfrutaban de pensión completa, comidas en la sierra y actividades recreativas organizadas por el propio Banco. En 1979, el convenio colectivo obligaba a la entidad a fomentar actividades de ocio para sus trabajadores, y se instauró el “Trofeo García Carrasco”, en honor a un técnico del Banco.

Desde al menos 2010 el edificio permanece cerrado y sin uso. El mantenimiento y la seguridad del inmueble suponen un gasto superior a 28.000 euros anuales, según el portal de contratación del Estado. En 2019 el Banco calculó que la demolición de la infraestructura tendría un coste de unos 90.000 euros, en caso de que se le exigiera devolver el terreno en su estado original.

El conflicto se extiende a los propietarios de los chalets, pisos, garajes y restaurantes construidos sobre la misma cesión de suelo, que datan de la época de Alfonso XIII. La administración regional ha dictado la devolución de los inmuebles, lo que ha originado 329 recursos de reposición y 43 recursos contencioso‑administrativos contra la medida.

En total, se trata de unos 90 chalets en Cercedilla y aproximadamente 360 apartamentos en el Puerto de Navacerrada, que suman unos 900 afectados. La disputa, que lleva varios años latente, se ha acelerado desde el otoño de 2024.

La Comunidad de Madrid ha declarado que la concesión estatal de 1920 estaba caducada y que, por tanto, los ocupantes deben entregar las llaves de los inmuebles. Para gestionar la compleja tramitación administrativa y legal, la Comunidad ha previsto contratar un servicio de asesoría técnica y jurídica por 350.648,14 euros, mientras que el Ayuntamiento de Cercedilla ha licitado otro contrato de asesoría jurídica cercano a los tres millones de euros, anticipándose a una posible llegada del caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

El Banco de España, como entidad del sector público, ha manifestado que no desea involucrarse en el litigio y está dispuesto a entregar el albergue a la administración, reiterando su intención de devolver los terrenos una vez concluida la fase de demolición o rehabilitación.