El CEO de Ribera sobre los hospitales de Quirón en Madrid: No están quebrados porque tienen a la Fundación Jiménez Díaz

El pasado 25 de septiembre, Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera Salud, sostuvo una reunión con una veintena de mandos de la empresa y del Hospital Universitario de Torrejón. El objetivo fue transmitir la directriz de aplicar recortes en el centro, dentro del marco de las concesiones sanitarias que la administración autonómica ha otorgado a la red de hospitales gestionados por Quirónsalud en la Comunidad de Madrid.

Antes de detallar a sus interlocutores las instrucciones de incrementar las listas de espera y priorizar procesos rentables para mejorar el EBITDA, Gallart expuso una amplia justificación sobre la “crónica situación económica desfavorable” del Hospital de Torrejón, señalando que, según sus cálculos, el centro nunca alcanzará la rentabilidad.

El modelo de Quirónsalud en la red pública madrileña

En la sesión, una de las presentes preguntó si, además de Torrejón, existían otras concesiones con contratos capitativos (canon fijo anual por atender a una población). Gallart confirmó que había tres más: los hospitales de Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba). Según él, esos centros “no están quebrados porque cuentan con la Fundación Jiménez Díaz, que les permite optimizar recursos y compensar cualquier desequilibrio financiero”.

El consejero explicó que la ventaja de la Fundación radica en su capacidad de mover resultados entre centros, realizar compras conjuntas y disponer de palancas que los demás hospitales concesionarios no poseen. Por eso, los problemas de rentabilidad que afectan a Torrejón “no se hacen evidentes” en los otros tres hospitales, pues la Fundación actúa como un “colchón” económico.

Quirónsalud gestiona cuatro hospitales públicos en la Comunidad de Madrid bajo el mismo modelo de contrato capitativo: Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, además de Torrejón. En estos tres últimos, la administración paga un canon fijo por población (cápita) y ajusta la cuenta mediante los ingresos y salidas de pacientes de otras áreas (no cápita).

En contraste, la Fundación Jiménez Díaz —el mayor hospital del grupo en la región— opera bajo un modelo de pago por actividad asistencial, sin que las salidas de pacientes del área de referencia generen pérdidas. Gallart describió a la Fundación como “el gran negocio del grupo en Madrid”. Según datos oficiales de enero de 2024, la Fundación generó derechos de cobro de 891 millones de euros por servicios públicos, mientras que los tres hospitales medianos facturaron 352 millones (Móstoles), 169 millones (Valdemoro) y 167 millones (Collado Villalba).

La Fundación, conocida popularmente como “La Concha” por su antigua denominación como Clínica de la Concepción, fue inaugurada por el médico Carlos Jiménez Díaz en 1955. Desde sus inicios estuvo vinculada al sistema público mediante conciertos para prestar asistencia sanitaria a la zona oeste de la capital. Tras entrar en concurso de acreedores en 2010 por una deuda de 120 millones de euros, fue rescatada en 2002 por un fondo internacional liderado por Víctor Mera, quien posteriormente se convirtió en presidente de Quirónsalud. En 2003 se firmó el primer concierto singular con la Comunidad de Madrid, renovado en 2011 por 30 años.

Este concierto singular asigna a la Fundación un ámbito poblacional de más de 461 000 habitantes (distritos de Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral) y le permite cobrar por la actividad efectivamente realizada, con tarifas revisadas anualmente. Los pacientes del área que son atendidos fuera de la Fundación no generan ingresos ni están sujetos a auditoría ni liquidación por parte de la administración.

La existencia de la Fundación ha supuesto, según fuentes de Comisiones Obreras, una ventaja competitiva para Quirónsalud frente a Ribera Salud. Mientras el grupo madrileño puede derivar casos complejos de los hospitales medianos a la Fundación, Ribera debe enviarlos a otros centros, con los costes asociados.

La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) denunció que estos traslados generan un gasto excesivo en ambulancias que recae en el Servicio Madrileño de Salud. “Desde Villalba el hospital de mayor referencia es el Puerta de Hierro (a 18 km), pero Quirón deriva a la Fundación (a 39 km)”, afirmó el presidente de AME, Víctor Jiménez. Añadió que en 2016 se cerró el tráfico en la Plaza de Cristo Rey por la llegada en helicóptero de un paciente de Villalba, aunque podría haberse trasladado al Puerta de Hierro, que cuenta con helipuerto.

José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Salud y exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid, explicó que los hospitales concesionarios de Quirónsalud no sufren penalizaciones por perder pacientes de su cuota poblacional, ya que “no hay facturación intercentros porque no se envían pacientes a hospitales gestionados por el Servicio Madrileño de Salud”. Esto convierte a la derivación a la Fundación en una solución ventajosa para las cuentas del grupo.

En cuanto a las tarifas, la Cámara de Cuentas de Madrid solicitó en 2018 una rebaja de los precios de la Fundación, al considerar que algunos tratamientos tenían un coste hasta seis veces superior al de los hospitales de gestión pública. El análisis, incluido en un anteproyecto de informe sobre el gasto 2011‑2015, desapareció del informe definitivo.

Al facturar por actividad, la Fundación también persigue la captación de pacientes externos. En 2023 atendió a 84 082 pacientes externos, cifra que supera con creces la suma de los 24 hospitales 100 % públicos de la comunidad (23 045 pacientes). La falta de incentivos para retener a estos pacientes en los hospitales concesionarios contribuye a esta disparidad: mientras algunos centros cierran consultas y quirófanos por la tarde, la Fundación mantiene su actividad a plena capacidad, incluso con citas de última hora.

El propio consejero delegado de Quirónsalud, Stephan Sturm, recordó en 2016, tras la adquisición del grupo, que “los ingresos del sector público son más rentables que los del sector privado”, una observación que, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya la lógica económica que sustenta la estrategia de Quirón en la red pública madrileña.