Adriana Lastra insta al PSOE a llevar a la fiscalía las denuncias contra Salazar al ser violencia contra las mujeres

La Federación Socialista de Asturias (FSA), que cuenta con un importante peso orgánico e institucional dentro del PSOE, ha instado a la secretaria general del Gobierno, María Jesús Montero, a remitir a la Fiscalía las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez en La Moncloa y en la cúpula del partido.

Riana Lastra, quien fue vicesecretaria general del PSOE entre 2017 y 2022 y actualmente ocupa el cargo de número dos de la federación asturiana y delegada del Gobierno en el Principado, ha declarado que se trata de un “claro ejemplo de violencia contra las mujeres”. La petición coincide con la solicitud de la secretaria de Igualdad de Asturias, Pilar Bernabé, quien convocó una reunión de urgencia anoche para abordar el caso.

Reacciones de la FSA y del PSOE

Según informó EL PAÍS, la dirección del PSOE no ha logrado aplacar la indignación que se ha extendido dentro del partido ante la aparente inactividad en la gestión de la crisis. Las denuncias de dos militantes se registraron en el canal interno del PSOE hace cinco meses; sin embargo, la Oficina Antiacoso del partido sólo se puso en contacto con ellas esta semana y, según eldiario.es, las denuncias habían desaparecido de la plataforma habilitada para tal fin.

En una intervención ante el comité federal, Lastra afirmó:

«Nuestro partido siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres. Hemos construido la arquitectura legislativa que protege a las mujeres ante situaciones tan terribles como esta. La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es un delito público. Por tanto, una vez finalizados los trabajos del comité antiacoso, debemos remitir el caso de forma inmediata a la Fiscalía».

El mismo jueves la Fiscalía de Málaga abrió diligencias por un presunto caso de acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del Ayuntamiento de Torremolinos, y la dirección provincial solicitó su suspensión cautelar como militante.

Bernabé, en una intervención en Valencia, señaló que el PSOE “ha detectado el problema y está poniendo la solución en marcha” en el caso Salazar. Añadió que la Comisión Antiacoso trabaja “con la máxima empatía y sensibilidad” y pidió disculpas a las víctimas, insistiendo en que el partido “no tolera ningún acto reprobable ni vergonzante”. La secretaria estatal de Igualdad también prometió mejorar los mecanismos internos y resolver el caso con la mayor rapidez posible mediante una comisión de expertos.

Durante la reunión sectorial de Igualdad, la representante de la FSA, Natalia González, solicitó que toda la información disponible se remitiera a la Fiscalía, argumentando que los hechos denunciados encuadran como violencia de género y podrían constituir delito. La federación asturiana, liderada por Adrián Barbón desde 2017, concluyó que el PSOE debía acudir al Ministerio Público ante la gravedad del contenido de las denuncias.

El encuentro, celebrado de forma telemática a las 21:30 y con una duración aproximada de una hora, contó con la participación de las responsables de Igualdad de Galicia (Silvia Fraga), Baleares (Milena Herrero) y Andrea Fernández, portavoz de Igualdad en el Congreso. Según los presentes, Asturias fue la única federación que formuló la solicitud de derivar el caso a la Fiscalía. Bernabé interrumpió la reunión mientras Fernández hablaba, argumentando la necesidad de terminar la sesión.

Fernández subrayó la importancia de dejar constancia “por escrito” de lo ocurrido y de garantizar la protección de las víctimas, diciendo: “Queremos que todas las víctimas sepan que somos muchas las que estamos aquí para ellas”.

Al final del debate, Ferraz se comprometió a convocar un encuentro presencial la próxima semana, al que asistirán los servicios jurídicos del PSOE para resolver dudas, como la que plantea la posible baja de un militante que haya denunciado acoso, situación que ya se ha producido en el caso Salazar.

El posicionamiento de Lastra surgió cuando el escándalo de Salazar cobró una dimensión nacional. Fue la primera dirigente del PSOE que, antes del comité federal del 5 de julio, se pronunció públicamente contra el nombramiento de Salazar como responsable de organización del partido, argumentando que “no puede ocupar el cargo”. Tras conocerse las acusaciones, Salazar solicitó ser apartado de sus funciones y el comunicado oficial del PSOE aseguró que no constaban denuncias en ninguno de los canales habilitados.

Lastra reiteró que una persona acusada de violencia contra las mujeres “no puede formar parte de la estructura del partido” y que el protocolo antiacoso se activó de inmediato, esperando que, una vez finalizados los trabajos del comité, el caso sea remitido a la Fiscalía.

El último comité federal del PSOE se convocó para remodelar la dirección federal tras la crisis provocada por la presunta implicación de Santos Cerdán en una trama corrupta con José Luis Ábalos y Koldo García. Cerdán ingresó en prisión cinco días antes del comité, siendo reemplazado por Rebeca Torró. Algunas federaciones consideran que la demora en la reacción del partido se debe a la cercanía de Torró, Anabel Mateos y Borja Cabezón con Salazar, a quienes atribuyen una posible “influencia en la sombra” dentro de la organización.

En su intervención, Lastra recordó los obstáculos que persisten dentro de un partido que se define como feminista en sus estatutos pero que todavía muestra una “estructura de poder predominantemente masculina”. Aseguró: “El poder sigue teniendo rostro masculino. Quienes intentamos deshacer esa silueta no lo tenemos fácil”.

Riana Lastra dimitió como número dos del PSOE el 18 de julio de 2022, citando razones personales. En aquel momento estaba embarazada y afirmó que la tensión derivada de una “operación de acoso y derribo” vinculada a la trama de Cerdán casi le provocó la pérdida del bebé.