Juan Orlando Hernández: el expresidente de Honduras que flirteó con el narco

Juan Orlando Hernández, de 58 años, salió este lunes de la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, donde cumplía una condena de 45 años. El expresidente de Honduras (2014‑2022) fue sentenciado por su presunta participación en actividades de narcotráfico, pero logró la libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha manifestado su apoyo al candidato conservador Nasry Tito Asfura, del mismo partido que Hernández.

Condena y motivos del indulto

En junio de 2024, el juez federal Kevin Castel, del Tribunal de Distrito de Nueva York, declaró culpable a Hernández por haber colaborado durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para garantizar la llegada de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El expresidente, conocido como “JOH” por sus iniciales, fue hallado responsable de conspirar para importar cocaína y de poseer “dispositivos destructivos”, entre los que se encontraban ametralladoras de calibre militar, fusiles AK‑47, AR‑15 y lanzagranadas.

El proceso judicial fue breve: según los magistrados, el juicio duró apenas dos semanas debido a la contundencia de las pruebas. Además de los cargos de narcotráfico, se le acusó de estar en posesión de un amplio arsenal de armas de fuego, equipamiento que, según la fiscalía, “podía servir a un ejército”.

El caso generó gran controversia tanto en Honduras como en Washington. Durante su mandato, Hernández mantuvo una estrecha relación con la Casa Blanca y, oficialmente, colaboró en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las investigaciones revelaron que utilizó su influencia para proteger a organizaciones criminales, mientras la policía, el ejército y el poder judicial miraban para otro.

Honduras recibió más de 50 millones de dólares de la administración estadounidense para combatir el narcotráfico, además de asistencia militar y de seguridad. Tras las acusaciones, el Departamento de Justicia empezó a describir al país centroamericano como un “narco‑estado”.

El indulto de Trump se produce pese a numerosas evidencias que vinculan a Hernández con el narco. Su hermano, Juan Antonio Hernández, fue condenado hace cuatro años por el mismo tribunal de Nueva York por su relación con cárteles hondureños. Además, la fiscalía de Manhattan acusó al expresidente de haber recibido un millón de dólares del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los testimonios de miembros del cartel local “Los Cachiros” confirmaron que Hernández desempeñó un papel central en una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, facilitando la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y protegiendo los cargamentos con armamento de alto calibre.

La detención de Hernández se produjo apenas 18 días después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro asumiera el cargo en enero de 2022. Fue arrestado en su domicilio y se inició un proceso de extradición a EE. UU., donde los fiscales describieron su caso como “narcotráfico patrocinado por el Estado”. Según el Departamento de Justicia, la conspiración habría involucrado aproximadamente 500 000 kg de cocaína transportados a través de Honduras.

Hernández había defendido su gestión como una alianza incondicional con Estados Unidos. En una carta dirigida a Trump solicitando el indulto, afirmó que documentos clasificados y no clasificados de múltiples agencias estadounidenses —incluyendo el Departamento de Defensa, el Comando Sur, la DEA, la CIA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional— evidenciaban su cooperación en el desmantelamiento de cárteles, la extradición de narcotraficantes y la lucha contra el crimen organizado.

Los fiscales, sin embargo, sostuvieron que Hernández y su círculo aprovecharon las instituciones del Estado —policía, ejército y órganos públicos— para beneficiar a redes de tráfico de drogas. El fiscal general Merrick B. Garland declaró que Hernández “abusó de su cargo como presidente de Honduras para operar el país como un narco‑estado, permitiendo a los narcotraficantes actuar con virtual impunidad y obligando a los pueblos de Honduras y Estados Unidos a sufrir sus consecuencias”.

Durante su mandato, Hernández fue acusado de manipular el proceso electoral, comprar favores y perpetuar la corrupción. A pesar de que la Constitución hondureña prohíbe la reelección, logró que la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarara inaplicable el artículo que lo impedía, argumentando que violaba derechos humanos. Con esa interpretación, se presentó a la reelección en 2017.

Las elecciones de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por irregularidades: el sistema de transmisión de resultados se cayó durante más de 24 horas, y cuando volvió a operar, Hernández logró remontar y aparecer como ganador. La misión de observación de la OEA calificó el proceso de “tan lleno de irregularidades que no podía garantizar un resultado confiable”, aunque las autoridades electorales mantuvieron la victoria.

El segundo mandato de Hernández estuvo plagado de escándalos, entre ellos la condena de su hermano Tony Hernández a cadena perpetua en marzo de 2021 por cargos de narcotráfico en Nueva York. En el ámbito interno, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sufrió un desfalco de más de 200 millones de dólares, parte del cual habría financiado campañas del Partido Nacional. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en colaboración con la OEA, detectó desvíos de fondos públicos destinados a proyectos sociales y a la respuesta a la pandemia de COVID‑19, generando gastos inflados de hospitales móviles y la adquisición de insumos médicos defectuosos que costaron al Estado más de 48 millones de dólares.

La condena de Juan Orlando Hernández en Estados Unidos fue celebrada como un acto de justicia, pero su indulto abre una profunda incógnita sobre la reacción de una población hondureña cansada de una clase política percibida como corrupta y vinculada al narcotráfico.