Descubre la extraña memoria que une placer y dolor

La esperanza de vida al nacer en España ha aumentado más de diez años desde 1975, situándose ya en los 84 años. Este salto demográfico constituye una señal estructural del profundo cambio que experimentan las sociedades cuando sus “luces largas” se encienden: mejoras en la salud pública, mayor bienestar social y condiciones de vida más favorables. No obstante, para que este avance sea sostenible es necesario que los años adicionales de vida estén acompañados de buena calidad y no de un aumento de discapacidades.

Según un estudio de la Fundación BBVA, España encabeza la tabla de esperanza de vida en Europa junto a Suecia e Italia, lo que la convierte en una de las sociedades más envejecidas del continente. Las mediciones económicas tradicionales, como el producto interior bruto (PIB), resultan insuficientes para captar estos cambios estructurales. Cada vez es más evidente que los niveles de bienestar o malestar se esconden en “zonas grises” que pueden aflorar como protestas, resultados electorales inesperados o tendencias autoritarias.

En la década de 2010, Nueva Zelanda llevó a cabo un experimento pionero al incorporar indicadores de bienestar más allá del crecimiento económico: medio ambiente, vivienda, la calidad de los vínculos sociales, identidad cultural, salud mental y la situación de las personas sin hogar. De forma paralela, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había creado el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina renta per cápita, esperanza de vida y promedio de escolaridad para clasificar a los países y evaluar el impacto de sus políticas públicas.

Propuesta de un nuevo indicador de desigualdad global

En el marco de la cumbre del G‑20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), un grupo de 570 economistas de renombre —entre ellos Joseph Stiglitz, Janet Yellen, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Daron Acemoğlu, Ha‑Joon Chang y José Antonio Ocampo— han solicitado a los líderes mundiales la creación de un indicador específico de desigualdad permanente, inspirado en la metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Este indicador debería medir tanto la desigualdad de ingresos como la de riqueza, ofreciendo una visión global comparable entre naciones.

La iniciativa remonta a la Comisión sobre la Medición del Desempleo Económico y el Progreso Global, presidida por Stiglitz junto a Amartya Sen y Jean‑Paul Fitoussi, que presentó al entonces presidente francés Nicolas Sarkozy una serie de métricas alternativas al PIB. Entre ellas se encontraban indicadores de salud, educación, seguridad y violencia, medio ambiente, participación política, cohesión social y confianza ciudadana.

Actualmente, España muestra un crecimiento económico superior a la media de sus vecinos, siempre que se utilicen fuentes de datos convencionales. No obstante, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que en el ciclo macroeconómico de 2024 se incorporarán al reporte oficial el índice de Gini, el cociente S80/S20 (relación entre los ingresos del 20 % más rico y el 20 % más pobre) y el indicador de riesgo de pobreza. Estas medidas buscan reflejar la distribución real de la renta y la vulnerabilidad social.

Si estos indicadores se consolidan como parte permanente de la evaluación económica, el siguiente paso será integrarlos en todas las decisiones de política pública. La ausencia de tal integración deberá ser justificada, convirtiéndose en una prueba de liderazgo para los gobiernos que aspiren a un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.