Magma criminal: la amenaza que ahoga a Latinoamérica

Un papel verde con letras en mayúsculas resumía, en una sola frase, la complejidad del crimen que azota a América Latina esta semana. El mensaje apareció en una esquina de Guerrero, en la costa del Pacífico sur de México, aunque podría haber sido encontrado en Santiago de Chile, Medellín (Colombia) o en cualquier barrio de Guayaquil, Ecuador. Era un aviso pegado en postes y esquinas: a partir de diciembre los comerciantes de la zona tendrían que pagar una cuota. “Esta colonia tiene dueño”, concluía la nota, cuyo autor permanecía desconocido.

Extorsión y diversificación criminal en América Latina

La cuota, la “vacuna”, el “piso” o la “mordida” son distintas formas de llamar a la extorsión, un fenómeno que se ha convertido en el principal motor de la violencia en la región. Las tasas de homicidios se mantienen en niveles muy altos, superando los 20 asesinatos por cada 100 000 habitantes. El narcotráfico, más poderoso que nunca, ha fertilizado el delito desde la tranquila Uruguay hasta la siempre conflictiva Guatemala. Bandas que surgieron alrededor del tráfico de drogas ahora diversifican sus actividades, pero ninguna resulta tan rentable como la extorsión: “o pagas o te mato”.

Expertos consultados por EL PAÍS advierten que la fragmentación del crimen organizado constituye un riesgo estructural para los países latinoamericanos. El auge del narcotráfico dio origen a decenas de grupos armados que, instalados en lógicas de mercado, buscan su propio pedazo del pastel delictivo. La extorsión es la forma más simple de obtener ingresos; el tráfico de drogas sigue siendo una fuente importante, pero ya no es la única.

La diversificación también incluye delitos medioambientales. En México, criminales roban combustible de los ductos de Pemex; en Perú, Ecuador y Colombia, saquean minas de oro y otros minerales sin permiso; en Brasil, madereros ilegales talan bosques para alimentar la demanda mundial. “En los delitos ambientales, la complicidad estatal es muy evidente”, afirma Cecilia Farfán, jefa del Observatorio para América del Norte de GITOC.

Estas actividades se acompañan de otras tradiciones del crimen organizado: trata de personas, tráfico de armas y, sobre todo, la masiva circulación de armas de fuego. El último informe de GITOC señala que América Latina y el Caribe registran la mayor cantidad de homicidios cometidos con armas de fuego en el mundo. “Hace veinte años el crimen organizado tenía armas menos sofisticadas; hoy la gente cree que sus armas superan a las de las fuerzas armadas”, comenta Farfán.

La violencia se ha convertido tanto en herramienta como en mensaje. Si bien el narcotráfico no nació violento, la desarticulación de los viejos carteles y la fragmentación de sus redes de protección —a menudo vinculadas a fuerzas de seguridad— ha generado un panorama en el que grupos pequeños y ágiles pueden ejercer violencia para asegurar sus negocios.

Un ejemplo reciente es la incautación de 14 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia. Según la Policía Nacional, el cargamento, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, representa solo el 0,4 % de la producción anual estimada de la región. Aun así, el decomiso marca la mayor captura de cocaína de la última década.

Los datos de la ONU indican que la producción de cocaína en América del Sur sigue en aumento. En 2023 la región produjo 3 708 toneladas, de las cuales 2 664 correspondieron a Colombia, seguida por Perú y, en menor medida, Bolivia. En 2024 la producción colombiana se habría elevado a 3 001 toneladas, una cifra que alimenta la disputa entre gobiernos y organismos internacionales.

El crecimiento de la cocaína se refleja también en la expansión de nuevas drogas, como el fentanilo y la metanfetamina, que se están introduciendo en mercados norteamericanos desde laboratorios clandestinos en México. A pesar de cinco décadas de guerra contra las drogas, lideradas desde EE. UU. con operaciones aéreas y bombardeos, la demanda sigue creciendo. “A pesar de los intentos, la coca ha alcanzado su mayor nivel de demanda”, señala Angélica Durán, profesora de la Universidad de Massachusetts.

En Ecuador, la situación ha evolucionado de manera alarmante. La tasa de homicidios pasó de menos de ocho por 100 000 habitantes en 2020 a más de 45 en 2023, convirtiendo al país en un importante corredor de tránsito de cocaína hacia Europa. Este salto se produce en un contexto donde Ecuador, tradicionalmente visto como un oasis de seguridad, se ha convertido en un clúster de narcotráfico y crimen organizado.

En Brasil, la operación policial en la favela de Penha, en Río de Janeiro, dejó al menos 121 muertos, según los cálculos más conservadores. El gobernador del estado, Claudio Castro, defendió la acción alegando que la mayoría de las víctimas tenían antecedentes graves. Las encuestas posteriores mostraron un apoyo mayoritario al operativo, evidenciando la creciente demanda de “mano dura” ante la inseguridad.

Los expertos coinciden en que la respuesta basada únicamente en la represión no logra reducir la violencia. Marcelo Bergman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, advierte que la fragmentación de las bandas criminales y su diversificación hacia actividades como la minería ilegal y el robo de combustible hacen que la capacidad disuasoria del Estado se vea erosionada.

Daniel Mejía, economista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, propone una alternativa basada en inteligencia y presencia policial focalizada. En 2016, bajo su dirección, se desplegaron 2 500 policías y fuerzas del ejército en el sector conocido como “El Bronx”, logrando desarticular más de 140 establecimientos sin registrar balaceras ni muertos. “Usar la fuerza sin inteligencia genera errores; la combinación de ambas es esencial”, concluye Mejía.

En conclusión, la criminalidad en América Latina se ha convertido en un ecosistema complejo, donde la extorsión, el narcotráfico, los delitos ambientales y el tráfico de armas se retroalimentan. Limitar el fenómeno requerirá más que acciones de “mano dura”; será necesario reforzar la inteligencia, reducir la impunidad y ofrecer alternativas socioeconómicas que mitiguen la atracción del crimen organizado.