Teresa Peramato hereda una Fiscalía rota y bajo sospecha de politización tras la condena a García Ortiz

La designación de Teresa Peramato como próxima fiscal general ha abierto la primera tregua en la carrera fiscal desde enero de 2020, cuando Dolores Delgo fue nombrada para el cargo semanas después de cesar como ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez. El nombramiento de Delgo dejó una brecha en la Fiscalía que se fue ampliando durante su mandato y que se convirtió en un abismo insalvable tras la apertura, por parte del Tribunal Supremo, de la causa que culminó con la condena de su sucesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Peramato asume una Fiscalía fragmentada, sobre todo en la cúpula, y la carrera confía en que pueda “reparar” las heridas, aunque la mayoría de los fiscales experimentados temen que la tregua sea efímera.

El contexto de los nombramientos y la oposición interna

Ni Delgo ni García Ortiz disfrutaron del breve período de gracia que suele concederse a los cargos públicos; sus nombramientos fueron criticados desde el primer día por el sector más conservador de la carrera. En el caso de Delgo, la polémica surgió por su salto del Gobierno a la Fiscalía; en el de García Ortiz, por haber sido la mano derecha de su predecesora como jefe de la Secretaría Técnica.

Desde la condena al jefe del Ministerio Público, jueces, fiscales y juristas subrayaron la necesidad de nombrar a un sustituto que no fuera percibido como cercano al núcleo duro de García Ortiz. Según varios fiscales consultos, la solución pasó por elegir a una figura ajena a ese círculo y respetar a los miembros más veteranos de la Junta de Fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera.

Peramato, integrante de la Junta desde 2021, reúne en papel los atributos que se consideraban imprescindibles para sustituir a García Ortiz. La Asociación de Fiscales (AF), la más numerosa y de tendencia conservadora, la ha reconocido como “notable”. Su presidenta, Cristina Dexeus, declaró a EL PAÍS que no tenía “nada que objetar” al currículum de la futura fiscal general.

Pese a este reconocimiento, los seis vocales del Consejo Fiscal que pertenecen a la AF votaron hace unos meses en contra del nombramiento de Peramato como jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ese voto se interpretó como un rechazo a cualquier aspirante afín a García Ortiz y a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidieron tanto la futura fiscal como su antecesor. Durante los mandatos de Delgo y García Ortiz, la UPF pasó de ser una minoría en la Junta de Fiscales de Sala a convertirse en mayoría.

Las críticas a García Ortiz se centraron, entre otros aspectos, en la política de nombramientos que, según los fiscales conservadores, favorecía a los progresistas. Un caso emblemático fue el ascenso de Dolores Delgo a fiscal de Sala de lo Militar, acordado por el fiscal general dos meses después de asumir el cargo y anulado por el Supremo por considerarse una “desviación de poder”. Para muchos, ese episodio marcó un punto de inflexión que enfrentó irreconciliablemente a García Ortiz con una parte de la carrera.

El proceso judicial y la decisión de García Ortiz de mantenerse en el cargo agudizaron el conflicto. En enero, dos días después de que el fiscal general fuera puesto a investigación en el Supremo, trece fiscales de sala —un tercio de los que integran la máxima categoría— firmaron una carta pidiendo su dimisión. Entre los firmantes estaban dos exfiscales generales, Consuelo Mrigal y María José Segarra, miembros de la UPF y la primera jefa del Ministerio Público bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras firmar la carta, Segarra anunció su salida del canal de comunicación de la asociación.

Peramato afrontará su primera prueba de fuego en las próximas semanas, al tener que proponer sus primeros nombramientos, entre ellos el del fiscal de Sala de Medio Ambiente y varios fiscales del Supremo. Fiscales de ambas asociaciones temen que, a partir de esos nombramientos, la tregua pueda romperse. “La han recibido bien porque era difícil criticarla, pero la situación en la Fiscalía es muy delicada y es difícil recomponerla”, señaló un fiscal joven sin afiliación a ninguna asociación profesional.

Existe consenso en que la institución atraviesa un momento crítico, aunque el diagnóstico varía según la sensibilidad de cada grupo. La presidenta de la AF denuncia la pérdida de “imagen de imparcialidad” y de “prestigio” que, según Dexeus, provocó la actuación y permanencia de García Ortiz hasta su inhabilitación. Por su parte, la UPF considera que el principal problema que hereda Peramato es “la falta de autoestima”.

“Esta sentencia del Tribunal Supremo es un retroceso para la función de los fiscales de los últimos veinte o veinticinco años. Es como decir que necesitamos la aprobación de los tribunales para cualquier paso. Creíamos que teníamos autonomía y nos la han quitado”, lamentó Félix Martín, presidente de la UPF, al referirse a las consecuencias de la condena a García Ortiz. “Hay miedo, temor a una querella que suponga la muerte civil”, añadió.

Martín vincula los ataques y el proceso judicial contra García Ortiz al rechazo de parte de la carrera judicial y fiscal a la reforma penal impulsada por el Gobierno, que pretende dejar la instrucción penal en manos de los fiscales. “El efecto de que, en la fase de instrucción, alguien con repercusión pública ingrese en prisión provisional es casi mayor que cuando hay sentencia. Hay una parte del sector judicial que piensa que están perdiendo poder si les damos la investigación, y no quieren perderlo”, explicó. Además, señala un “debate generacional”, ya que muchos fiscales veteranos llevan décadas trabajando bajo un modelo diferente y se resisten al cambio, aunque en el resto de Europa los fiscales dirigen la instrucción con resultados más eficaces.

Para un miembro del Consejo Fiscal, órgano principal de asesoramiento del jefe del Ministerio Público, la brecha interna percibida desde fuera no es tan profunda cuando se observa desde dentro. “Los consejos fiscales son mucho menos conflictivos de lo que parecen cuando se leen los comunicados de algunas asociaciones. Las reuniones fluyen, debatimos anteproyectos de ley, y cuando alguien no está de acuerdo se hacen votos particulares”. Un fiscal de la máxima categoría añadió que “la cúpula no está tan dividida, pero hay unos pocos que hacen mucho ruido”.

Ese “ruido”, según este fiscal, proviene principalmente de los “agitadores” de las dos asociaciones conservadoras, la AF y la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), un grupo minoritario pero muy activo contra el Gobierno y la Fiscalía General. La APIF, que no respondió a la solicitud de EL PAÍS para participar en esta información, formó parte del juicio contra García Ortiz como acusación popular y solicitó seis años de cárcel para el jefe del Ministerio Público, dos años más que la acusación popular presentada por Alberto González Amor, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Hay una deshumanización; no se puede pensar que la institución sea más importante que la persona”, criticó el presidente de la UPF.

Los ataques a García Ortiz son vistos por la corriente progresista de la carrera como un efecto colateral de la estrategia de oposición al Gobierno de PSOE y Sumar, que ha encontrado reflejo en los tribunales y se materializa en la condena del fiscal general. Martín llama a despolitizar la Fiscalía: “La politización de la justicia no es solo una crítica a los políticos, sino también a nosotros mismos. Mientras la carrera no se despolitice y no logremos confiar en nosotros, será imposible recuperar la normalidad”.