Universidades denuncia al Gobierno de Ayuso por el centro académico privado que abrirá el Colegio de Abogados de Madrid

El Gobierno ha interpuesto, este lunes, un recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la orden firmada por el consejero regional de Educación, Emilio Viciana, que autoriza al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a crear un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se trata de la primera vez que un colegio profesional puede impartir títulos oficiales en España.

El Ministerio de Ciencia y Universidades, que ha presentado el recurso a través de la Abogacía del Estado, sostiene que la docencia universitaria debe quedar reservada a las universidades, donde el profesorado posee la titulación y la experiencia pedagógica necesaria. Según fuentes del departamento, la ministra Diana Morant habría impulsado el recurso si la iniciativa se hubiese planteado en cualquier otra comunidad autónoma, al considerarla un precedente “inigualable” en el territorio nacional.

Reacciones y contextos políticos

El recurso se produce en un momento de tensión entre el Gobierno central y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como con el propio ICAM, que ha sido denunciado recientemente por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos vinculados a la pareja de la presidenta.

En marzo de 2024 el ICAM se personó en la causa contra el Fiscal General y, el 11 de noviembre, la consejera Viciana autorizó la creación del centro mientras se encontraba abierto el proceso judicial. El colegio rechazó rotundamente cualquier insinuación de “trato de favor” o “pago de servicios” en relación con la autorización del ICAM Centro Universitario.

El recurso presentado por el Gobierno se limita, por el momento, a señalar el acto impugnado y a solicitar su admisión; la motivación detallada de la demanda aún no se ha hecho pública. Sin embargo, las fuentes ministeriales recuerdan que la impartición de enseñanzas oficiales no corresponde a la función de los colegios profesionales, que tradicionalmente solo ofrecen cursos de formación y actividades culturales.

El ICAM, por su parte, defiende la legalidad de su iniciativa. Según la consejería, el proyecto cuenta con todos los informes favorables y ya ha recibido el código de centro necesario para figurar en los registros de títulos oficiales de la UCM. El colegio pretende impartir un grado en Derecho y tres másteres: “Acceso a la profesión de la abogacía y la procuraduría”, “Derecho de la construcción” y “Reestructuración e insolvencia”.

El Ministerio considera que, aunque el centro cuenta con el código, la normativa vigente exige su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) mediante el Decreto 78/2008. Por tanto, la orden del consejero podría contravenir la legislación universitaria y los estatutos del propio ICAM.

La Fundación para el Conocimiento Madrid‑d, que vela por la calidad del sistema universitario madrileño, también ha manifestado que la creación del centro “va en contra de los estatutos del colegio”. En mayo de 2024 la Abogacía del Estado emitió un informe a petición de la consejería que concluía que un colegio profesional puede ser titular de un centro universitario siempre que sus estatutos contemplen expresamente la actividad docente. Tras ese dictamen, el ICAM modificó sus estatutos en nueve meses para habilitar la enseñanza de másteres.

El Gobierno advierte que permitir que colegios profesionales impartan títulos oficiales sentaría un precedente grave, al abrir la puerta a que intereses particulares se adueñen de la formación universitaria y, potencialmente, desmantelen la oferta pública.

El ICAM ha respondido que su proyecto forma parte de una actividad formativa que desarrolla desde 1986, acumulando más de 39 años de experiencia en formación jurídica especializada para profesionales del Derecho. Asegura que el centro tiene una finalidad estrictamente académica y profesional, y que sus decisiones pedagógicas responden a criterios técnicos y docentes.

En cuanto a la competencia económica, el ICAM cobrará entre 4.000 y 5.800 euros por sus tres másteres, tarifas que, según el Ministerio, son significativamente más bajas que las de los centros privados.

El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció el 9 de diciembre que presentaría también un recurso contra la orden, calificándola de “puerta falsa para formalizar universidades en ámbitos que no lo son”. Por su parte, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, expresó su sorpresa y coincidió en que la medida debía ser analizada con prudencia y coherencia, dada la complejidad del asunto y el crecimiento del número de universidades en la comunidad.

En el mismo día, el PSOE madrileño presentó, ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del TSJM, un recurso adicional contra la orden de Viciana, argumentando que se vulneran la legislación universitaria estatal y autonómica, los estatutos de la UCM y la normativa que regula a los colegios profesionales, que no están autorizados a impartir enseñanzas regladas más allá de la formación interna.