Un tercer juzgado investiga los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz

El juzgado 4 de Instrucción de Córdoba, bajo la dirección del magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha iniciado diligencias de investigación penal relacionadas con los contratos de emergencia sanitaria que el Gobierno andaluz (PP) concedió en la provincia durante 2020 y 2021. Los contratos fueron adjudicados bajo la gestión de Valle García, entonces responsable de la plataforma logística de compras del Hospital Reina Sofía y actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta apertura de diligencias se suma a las investigaciones ya en curso en los juzgados de Sevilla y Cádiz, que examinan los convenios millonarios del Ejecutivo autonómico con la sanidad privada. El caso de Córdoba constituye el tercer frente judicial que se plantea contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno en un año electoral, apenas seis meses antes de las elecciones.

Contexto de la querella del PSOE

En octubre pasado, el PSOE presentó una querella que aglutinó los contratos de emergencia otorgados sin el respaldo legal que, según el partido, se evidenció en Sevilla, y los contratos fraccionados que se denunciaron en Cádiz. Los socialistas revisaron 573 expedientes de contratación en Córdoba, de los cuales 334 corresponden a 2020 y 239 a 2021, y detectaron irregularidades que sustentan la denuncia.

El Partido Socialista ha señalado que la gestión de Valle García está bajo sospecha de haber incurrido en diversas conductas delictivas, entre ellas prevaricación, malversación, falsedad documental, fraude en la contratación y posible pertenencia a organización criminal.

En la causa de Sevilla, la acusación del PSOE incluye supuestas ilegalidades en contratos de emergencia que ascendieron a 242 millones de euros entre 2020 y 2024, alegando que la directora firme habría autorizado en 2023 una serie de “endas” (presuntas irregularidades) para justificar a posteriori operaciones con la sanidad privada sin base legal.

El magistrado Rodríguez Lainz, a quien también se le conoce como el instructor del caso “Bretón”, ha aceptado investigar los convenios firmados por García, aunque con ciertas limitaciones establecidas en el auto dictado el pasado domingo. El objetivo es determinar si el SAS aplicó correctamente las excepciones que la pandemia permitió en materia de contratación de emergencia y si se utilizó la modalidad de contratos menores para eludir la licitación pública obligatoria, que garantiza al erario la obtención de los mejores precios.

Valle García ya está siendo investigada en el juzgado 13 de Instrucción de Sevilla, donde declaró ante el magistrado José Antonio Gómez en noviembre del año pasado para ofrecer su versión de los hechos.

La investigación en Córdoba se centrará en si el SAS recurrió a contratos menores con el fin de evitar la contratación competitiva prevista por la Ley de Contratos del Sector Público, tal como la Intervención General de la Junta denunció en informes definitivos de 2022 y 2024.

El magistrado ha descartado, por el momento, la revisión de todos los expedientes de 2020 y 2021 y ha limitado el alcance a los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y fraude contra la administración. Asimismo, ha rechazado varias peticiones del PSOE, como la intervención directa de la Intervención General de la administración ni la incorporación de la Policía Judicial como investigadora del caso.

“Este juzgado tiene plena convicción de que el principio de especialidad, que prohíbe investigaciones prospectivas, no impide indagar sobre hechos con indicios de delito, sino que obliga a determinar si se ha cometido alguna infracción penal”, se lee en el auto. El magistrado ha advertido que, si la investigación avanza y se confirman nuevas sospechas, ampliará el número de expedientes a analizar.

Rodríguez Lainz ha impuesto a los acusadores del PSOE una fianza de 12 000 euros para continuar con el proceso y ha solicitado informes a los servicios jurídicos del SAS para valorar la legalidad de ciertos contratos suscritos por el propio Servicio.

Entre las primeras solicitudes del magistrado al SAS destacan la remisión de “copias íntegras” de los expedientes de contratación que pudieran contener indicios delictivos, así como informes de la Intervención provincial de Córdoba sobre los mismos. También ha pedido al servicio jurídico del SAS que aclare si la elección de la modalidad “menor” o de “emergencia” estaba justificada y quiénes fueron los técnicos involucrados en la tramitación y control de dichos expedientes.

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha calificado la situación como una “trama institucional urdida” por el Ejecutivo para desfalcar miles de millones de euros de la sanidad pública. Los socialistas han exigido la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ante la Cámara autonómica.

El propio consejero Sanz ha tachado la investigación de “estrategia desesperada” del PSOE, asegurando que “todo quedará aclarado” y que el partido está “incapaz de presentar propuestas más allá de presentar denuncias sin fundamento”. Además, ha advertido que, aunque la oposición pueda intentar impulsar una comisión de investigación en el Parlamento, el PP, con mayoría absoluta, probablemente la bloquee.

Finalmente, el líder del Partido Popular en Andalucía, José Ignacio García, ha instado a su partido a decidir “si se posiciona del lado de la transparencia o de los corruptos”, subrayando la necesidad de una postura clara ante las acusaciones que se ciernen sobre la gestión del SAS.