¿Qué pasará cuando reinventemos el contrato social?

El “Contrato Social” de Jean‑Jacques Rousseau, publicado en 1762, constituye una de las obras cumbres de la literatura política anterior a las grandes revoluciones del siglo XVIII. Aunque el autor no completó la cuarta parte –la que habría abordado la concreción práctica de sus ideas– el tratado se centra en la igualdad y la libertad de todos los hombres, reunidos bajo un Estado fundado en un contrato colectivo.

Este contrato configura un cuerpo normativo –un “corpus” de derechos que todos los ciudadanos deben respetar– cuya legitimidad proviene del consenso originario del pueblo. En la obra, Rousseau introduce el concepto de “voluntad general”, una voluntad colectiva que sustituye la “voluntad real” basada en argumentos de derecho divino. Como señala Juan Tuñón de Lara en el prólogo de la edición castellana, la idea de voluntad general está inserta en un modelo moralizante con fuerte carga utópica y supone una sociedad sin facciones antagonistas, orientada a la cooperación y la solidaridad más que a la competencia.

El legado del contrato social en la política contemporánea

La política y la utopía han caminado de la mano a lo largo de la historia, aunque la mayoría de los proyectos reales son aproximaciones a ideales inalcanzables. La voluntad general se reduce, en la práctica, al resultado de los procesos electorales, pero esa reducción no invalida la lógica subyacente. Para que una democracia parlamentaria funcione plenamente, es necesario que repose en un amplio consenso político y social que trascienda una mayoría cualificada.

La voluntad general de un colectivo no es estática; evoluciona con las creencias, influencias filosóficas y religiosas, y con el avance del conocimiento científico. En la primera mitad del siglo XX, los movimientos totalitarios sembraron el caos y desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, que cobró entre 50 y 60 millones de víctimas y culminó con el uso de dos bombas atómicas.

El conflicto consolidó dos grandes corrientes ideológicas: el colectivismo y el liberalismo, que definieron la bipolaridad de la Guerra Fría. El parlamentarismo de los países occidentales, reforzado por la posguerra, sirvió para constitucionalizar naciones derrotadas como Alemania y Japón y para revitalizar las democracias surgidas de la Revolución burguesa.

En los años ochenta, la caída del Muro de Berlín (1989) y la publicación del ensayo “El fin de la historia” de Francis Fukuyama marcaron el aparente triunfo del consenso socialdemócrata occidental. Este modelo combinaba la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos proclamados por la ONU, la redistribución de la riqueza para garantizar la equidad y una regulación económica orientada al bien común, ofreciendo servicios sociales universales y gratuitos.

Sin embargo, la crisis financiera de 2008‑2010, originada por la desregulación económica en Estados Unidos, desencadenó una profunda desafección hacia el establishment. Las medidas de estabilización, impopulares y perjudiciales para la clase media, sumadas a los flujos migratorios y a conflictos regionales, alimentaron el auge de los populismos y de partidos de extrema derecha que imitan viejos modelos fascistas.

En la actualidad, Europa se enfrenta a un creciente desconcierto que la derecha autoritaria busca capitalizar, poniendo en riesgo la estabilidad democrática. La relación transatlántica, lejos de reforzar el modelo federal europeo, muestra tensiones críticas, como la disputa sobre Groenlandia.

Ante este panorama, los 27 Estados miembros de la Unión Europea deberían convocar un nuevo pacto social que excluya a los gobiernos que ya han abandonado los principios democráticos –por ejemplo, el caso húngaro– y que re‑defina un parlamentarismo humanista. Este pacto debe recuperar el legado humanista perdido, garantizar la pluralidad y la inclusión, y abrir paso a un futuro verdaderamente libre, abierto y diverso.