Pagan por trabajar y el hackeo se vuelve la norma

Un hombre de 75 años ha regresado a su domicilio para cuidar a su esposa, a quien había dejado años atrás. Aunque aún no hay un diagnóstico definitivo, los indicios apuntan al Alzheimer. Desde la aparición de la pandemia, el deterioro de la mujer avanza de forma imparable e irreversible: ya no puede realizar ninguna actividad por sí misma, y el propio marido necesita asistencia para las tareas más simples.

Para hacer frente a la nueva rutina, tres mujeres latinoamericanas se turnan en el cuidado diario. “Una sola persona no puede con ella”, comenta el hombre, quien durante años firmó contratos, gestionó documentos y ayudó a sus empleadas a navegar el complejo proceso de regularización. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha topado con un sistema opaco, enrevesado y corrupto que resulta invisible para los empleadores, pero que afecta de forma directa a quienes migran.

Denuncias de sobrecostos y “pirateo” en la regularización

En un día de junio, Marta, quien cubre el turno de mañana, le confesó a su jefe que le habían exigido 200 euros para renovar su permiso, una cantidad superior a los 150 euros que había pagado el año anterior por el mismo trámite, que debería ser gratuito. Indignado, el hombre ofreció cubrir la diferencia y decidió denunciar la práctica, aunque fuera a pequeña escala.

Marta es solicitante de asilo. En Ecuador crió a cuatro hijos y dirigía un exitoso negocio de comida, hasta que un grupo criminal le exigió un pago mensual por la “protección” del local. Tras denunciar a los extorsionadores sin obtener resultados, abandonó el país y llegó a España. Su situación legal depende de renovar cada año su tarjeta de solicitante de asilo, un trámite que, en teoría, debería ser sencillo, rápido y gratuito, pero que en la práctica requiere semanas o meses de gestión y, a menudo, el pago de intermediarios.

Ante la dificultad para conseguir cita, Marta contactó a un gestor llamado “Christopher”. El pago se realizó mediante Bizum a nombre de otra persona, y la fachada era una consultoría de extranjería. “No sé quién está detrás, pero consiguen la cita rápido y el precio sube”, relata Marta.

El jefe de Marta, al escuchar la historia, se sintió indignado no solo por ella, sino también por otras trabajadoras. “El ‘pirateo’ está normalizado”, señaló.

En la misma semana, Carla, una hondureña que cubre el turno de noche, también denunció los sobrecostos para vivir legalmente en España. Tras cumplir tres años en el país, tener contrato y reunir los requisitos para regularizarse por arraigo, recibió sus papeles, pero se encontró con gastos adicionales para la toma de huellas y la expedición de la tarjeta de identificación de extranjero, trámites que son gratuitos pero requieren cita previa.

Carla pagó 100 euros al despacho de abogados para obtener la cita y 50 euros más para recoger la tarjeta. “Para mí es un sacrificio enorme, me cuesta mucho ganar ese dinero”, lamentó, calificándolo de injusticia. En las facturas, los cargos se describían como “provisión de fondos”.

Este mercado negro de citas no es nuevo. Tanto la administración como la Policía conocen la existencia de miles de citas que se venden al mejor postor cada día, configurando un fraude sistemático.

En el caso de los solicitantes de asilo, el Gobierno está trabajando en un nuevo sistema basado en certificados digitales y autenticación, pero, por ahora, sigue siendo un proyecto piloto. Mientras tanto, numerosos trámites continúan en manos de facilitadores privados, sin una solución a la vista, dejando a cientos de miles de personas dependientes de un negocio que se alimenta del laberinto burocrático.