Las claves sobre el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional: qué sigue y la fecha límite de Trump

El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, que comenzó el 14 de febrero de 2026, se ha convertido en el más prolongado de la historia del país. A casi siete semanas de su inicio, el bloqueo presupuestario sigue sin resolverse, mientras la Casa Blanca recurre a medidas extraordinarias y los legisladores republicanos enfrentan crecientes divisiones internas.

A diferencia de otros cierres federales, este afecta exclusivamente al DHS. No obstante, agencias clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disponen de financiamiento multianual aprobado previamente, lo que ha permitido mantener operativas partes centrales de la política migratoria.

Orígenes y bloqueos políticos

El conflicto surgió a raíz del financiamiento de las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos de migración —Renee Good y Alex Pretti—, los demócratas se negaron a aprobar fondos sin incluir restricciones para agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza, mientras que los republicanos insistieron en financiar dichas agencias de manera plena y sin limitaciones.

Desde entonces, ambos partidos han bloqueado mutuamente propuestas en el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado aprobó recientemente un plan bipartidista para financiar la mayor parte del DHS, pero excluyó a las agencias migratorias, lo que generó resistencia entre los conservadores. Por su parte, la Cámara de Representantes, liderada por el republicano Mike Johnson, ha evitado someter a votación ese acuerdo en varias ocasiones, prolongando así el cierre.

Como respuesta, los líderes republicanos y el expresidente Donald Trump diseñaron una estrategia de dos fases. La primera consiste en aprobar el plan del Senado para reabrir parcialmente el DHS; la segunda, presentar un paquete presupuestario a través del proceso de reconciliación, que permite aprobar leyes de gasto, impuestos o deuda con mayoría simple en el Senado (51 votos) y sin necesidad de la mayoría de 60 votos que exige la regla de filibuster. Este segundo paquete financiaría al ICE y a la Patrulla Fronteriza sin apoyo demócrata.

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, defendió este enfoque como la única vía viable, insistiendo en que el segundo paquete debe ser “lo más limitado y enfocado posible” para evitar nuevos retrasos. Sin embargo, dentro del propio Partido Republicano persiste la resistencia a aprobar cualquier medida que no incluya financiamiento completo e inmediato para todas las agencias del DHS.

Impacto en trabajadores y servicios

Aunque la mayoría de los empleados del DHS continúan trabajando, miles han pasado semanas sin recibir salario. Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han sido particularmente afectados, con reportes de renuncias y ausencias crecientes. La escasez de personal ha provocado largas filas en aeropuertos clave, con tiempos de espera de hasta cuatro horas.

En respuesta, Trump ordenó que el ICE se desplegara en más de una docena de aeropuertos para cubrir las actividades de los trabajadores de la TSA que renunciaron o no se presentaron. Al no estar entrenados para operar los escáneres de seguridad, su capacidad de alivio es limitada. Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, señaló que los agentes federales podrían permanecer en los aeropuertos durante más tiempo, dependiendo de cuántos empleados de la TSA regresen una vez se reanuden los pagos de sus salarios, lo cual ocurrió este lunes.

Otros servicios también han registrado interrupciones. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) suspendió algunas actividades no relacionadas con desastres. El 2 de abril, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, eliminó una regla que obligaba a que cualquier gasto superior a 100 000 dólares fuera aprobado directamente por su oficina, con el objetivo de agilizar el uso de recursos y facilitar las labores de ayuda y recuperación.

El presidente anunció que firmará una orden ejecutiva para reanudar el pago de todos los empleados del DHS, una medida que busca aliviar la situación de miles de trabajadores pero que, al mismo tiempo, elude al Congreso. Esta decisión amplía acciones previas, como la orden emitida la semana pasada para pagar a los agentes de la TSA, lo que contribuyó a reducir las disrupciones en los aeropuertos en días recientes.

Perspectivas

El futuro del cierre parcial depende ahora de la Cámara de Representantes, que deberá decidir si finalmente vota el plan aprobado por el Senado. Aunque los líderes republicanos han mostrado mayor unidad en los últimos días, no está claro si lograrán reunir los votos necesarios. Incluso si la primera fase se concreta, la segunda –financiar completamente a las agencias migratorias mediante la reconciliación– podría tardar meses y enfrentar nuevas disputas internas. Trump ha fijado como objetivo el 1 de junio para que se apruebe ese paquete final.