Detenidos tres hijos y el exyerno de la mapuche Julia Chuñil por su desaparición y muerte

El caso de la activista mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en Chile, dio un giro inesperado tras la detención, este miércoles, de tres de sus hijos y de su exyerno, bajo sospecha de haber participado en su homicidio.

Detalles de las detenciones

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, así como su exyerno, identificado por sus iniciales B.F.B.B. Todos fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos para que se les impusiera medida de control de detención, y la audiencia de formalización continuará el jueves 15 de enero.

Según la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, los arrestos son el resultado de una investigación “compleja, sigilosa y bajo reserva” llevada a cabo por el Ministerio Público en coordinación con Carabineros y otras instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar órdenes de detención.

Carabineros ejecutó un operativo con efectivos de distintas especialidades en los domicilios de los sospechosos en las comunas de Máfil (Región de Los Ríos) y en la ciudad de Temuco (Región de La Araucanía). Paralelamente, se iniciaron excavaciones en la vivienda de la víctima en el municipio de Máfil.

La Fiscalía de Los Ríos informó que se formularán los siguientes cargos:

• Parricidio contra los tres hijos de Chuñil.
• Homicidio calificado con agravante de alevosía contra el exyerno.
• Robo con violencia e intimidación a un hombre de 90 años que residía en el mismo terreno.

Julia Chuñil, de 72 años, era presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, ubicada en Máfil, y reconocida defensora del medio ambiente. Sus hijos habían señalado al empresario forestal Juan Carlos Morstt Anwandter como responsable de su desaparición. El 30 de septiembre, la familia difundió un comunicado en el que citaba un audio atribuido a Morstt que insinuaba que el cuerpo de la activista habría sido quemado.

Ese audio generó una fuerte reacción pública y llevó al presidente Gabriel Boric a exigir “verdad y justicia” para esclarecer el caso. El mandatario declaró el 2 de octubre: “Exigimos que se sepa toda la verdad; en Chile no puede haber impunidad. Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos.”

El Ministerio Público lamentó la filtración del audio. El fiscal nacional Ángel Valencia precisó que, al ser una investigación bajo reserva, no puede confirmar ni desmentir el contenido del material y advirtió que la información publicada por la prensa no refleja la complejidad del caso.

La abogada Karina Riquelme, representante legal de la familia Chuñil, acusó al Ministerio Público de “ineficiencia” y solicitó que se formalice a Morstt por la desaparición. En paralelo, la Fiscalía también está investigando un posible conflicto entre Pablo San Martín y la venta de un terreno de 2,9 hectáreas que, según la defensa, solo podría disponer su madre tras su fallecimiento; esta versión fue desestimada por la abogada.

En una entrevista con Chilevisión en septiembre, Pablo San Martín y Javier Troncoso negaron su responsabilidad en la desaparición de su madre, argumentando que no tenían motivación económica para cometer el delito. Javier, al referirse a rastros de sangre encontrados en la habitación que compartía con su madre, declaró: “En mi pieza tengo herramientas; sí, podría ser mi sangre.”

Los hermanos también señalaron que la muerte de su madre pudo estar vinculada a su activismo. Pablo había declarado a la organización internacional Global Witness que su madre, nacida en Los Ríos, vivía “para su tierra y su preservación”, y que cualquier intento de talar un solo árbol era motivo de denuncia.

La desaparición de Julia Chuñil provocó movilizaciones y concentraciones en varias ciudades del país, incluida la capital. Carteles con la consigna “¿Dónde está Julia Chuñil?” se vieron en diferentes puntos de Santiago. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetić, manifestó que la organización seguirá de cerca el desarrollo de la investigación y del eventual juicio, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos.