Angie Rodríguez renuncia a la dirección de la Presidencia

Un mes después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y secretaria general de la Casa de Nariño, la funcionaria confirmó este miércoles su salida del Gobierno. A través de un mensaje publicado en la cuenta institucional de X, Rodríguez anunció que ha presentado su renuncia irrevocable a ambos cargos, donde se desempeñó como mano derecha del mandatario.

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo”, expresó en la publicación.

Contexto político y acusaciones

La ministra pública de 39 años continuará como gerente del Fondo de Adaptación, entidad que dirige desde noviembre. El fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda, administra un presupuesto de más de 660 billones de pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) para preparar al país ante eventos climáticos extremos.

Desde su nombramiento, Rodríguez ha sido señalada por políticos cercanos al Gobierno por presuntas prácticas de nepotismo y despidos masivos. Carlos Carrillo, dirigente de izquierdas y actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), alegó que la directora del Fondo habría nombrado “amigos y hasta primos” y que sus decisiones provocaron lo que él calificó como una “masacre laboral”.

El 11 de diciembre de 2025 Rodríguez convocó a los medios a la sede presidencial para presentar un balance de sus primeras semanas al frente del Fondo. En lugar de destacar logros, la exposición se centró en criticar la gestión de Carrillo en la UNGRD, señalando baja ejecución presupuestal, riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas. “La baja ejecución presupuestal también es corrupción”, declaró a la prensa.

Por su parte, Carrillo ofreció una versión distinta: sostuvo que el interior Armando Benedetti, cercano a Rodríguez, pretendía apropiarse de los contratos del Fondo en alianza con grupos políticos de Córdoba y Sucre, entre ellos el señalado “Ñoño Elías”, condenado en el caso Odebrecht. Según Carrillo, la escasa ejecución durante la gestión de Rodríguez no se debió a ineficiencia, sino a una estrategia para bloquear contratos con indicios de irregularidades.

El Consejo Directivo del Fondo, integrado por el ministro del Interior Benedetti, el ministro de Hacienda Germán Ávila y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, había autorizado a Rodríguez la facultad de asignar proyectos, pese a los señalamientos de posible politización de los recursos.

Las tensiones entre Rodríguez y Carrillo se intensificaron cuando, el 8 de enero, un exconcejal de Bogotá denunció por redes sociales haber presentado una querella por acoso laboral contra la directora del DAPRE, acusando “insinuaciones y declaraciones públicas y privadas” destinadas a menoscabar su reputación y obstaculizar su labor. Un día antes de su renuncia, Rodríguez expulsó a Carrillo de un grupo de WhatsApp gubernamental después de que este la llamara “traidora”, acto que el dirigente calificó como “infantil”.

Tanto el Fondo de Adaptación como la UNGRD son entidades con altos presupuestos y, según diversas fuentes, vulnerables a prácticas corruptas. La UNGRD estuvo en el centro de un escándalo de corrupción del gobierno de izquierda, donde 46,8 billones de pesos destinados a la compra de 40 camiones cisterna para La Guajira fueron desviados a clanes políticos mediante adjudicaciones “a dedo”. El caso provocó la salida del anterior director, Olmedo López, quien fue reemplazado por Carrillo con la misión de erradicar la corrupción.

El entramado de presuntas irregularidades se extiende a dos exministros de la actual administración que se encuentran bajo investigación: el de Interior, Luis Fernando Velasco, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla. La Fiscalía colombiana examina si recursos de la UNGRD y del Fondo de Adaptación fueron desviados a congresistas para garantizar su voto a favor de las reformas gubernamentales. Ambos exfuncionarios han negado los cargos y aseguran que demostrarán su inocencia ante la justicia.