Un juez ordena a la Intervención del Estado que verifique si los contratos fraccionados del Gobierno andaluz fueron legales

El juez de instrucción Manuel Jesús Gómez, a cargo de la investigación sobre los contratos sanitarios fraccionados adjudicados por la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, ha ordenado a la Intervención General de la Junta (IGAE) que emita un dictamen sobre la legalidad de dichos convenios, cuyo importe asciende a unos 232 millones de euros, y sobre el posible perjuicio causado al erario público.

Gómez pretende revisar en profundidad todos los acuerdos sospechosos firmados en 2021 por la central de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas de la zona. Para ello ha remitido a peritos del Ministerio de Hacienda la tarea de ratificar las irregularidades ya detectadas por la Intervención de la Junta, en un movimiento que, según la acusación popular, constituye una “carga de pruebas” para la causa.

Alcance y contenidos del dictamen solicitado

Según la providencia del magistrado, fechada el pasado jueves y difundida este martes por la Cadena SER, los peritos deberán:

• Analizar todos los contratos objeto de investigación, incluidas sus adendas, prórrogas y modificaciones.
• Constatar y pronunciarse sobre las irregularidades que aparecen en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
• Realizar un estudio técnico de los precios de contratación, comparando los importes acordados con los que se habrían obtenido bajo la Ley de Contratos del Sector Público, que exige concurrencia y publicidad.
• Contrastarlos con los precios que han sido aplicados por otras comunidades autónomas en situaciones similares.

La Intervención del SAS ya había examinado una muestra representativa de los contratos adjudicados en Cádiz, concluyendo que existían “fraudes de ley”. Ahora el juez amplía la investigación a la totalidad de los expedientes: se trata de 135 767 facturas que suman 235 millones de euros distribuidos en 175 procedimientos.

El juzgado de Instrucción 3 de Cádiz ha solicitado a la IGAE “el análisis técnico de cada uno de los expedientes, para determinar si existió o no la justificación adecuada de la prestación de los servicios contratados y de los pagos realizados”. En otras palabras, los expertos desglosarán cada contrato, evaluarán su cumplimiento de la normativa vigente y estimarán, de forma aproximada o potencial, el daño económico causado al tesoro público.

El Gobierno andaluz ha recurrido la decisión del juez ante la Audiencia de Cádiz, que aún no ha resuelto el recurso. Por su parte, Podemos, que actúa como acusación popular en el proceso, ha pedido que la causa continúe, argumentando que quedan diligencias pendientes, entre ellas la ratificación de un peritaje que confirme las irregularidades señaladas por la Intervención provincial.

Podemos ha calificado de “singular anomalía procesal” el hecho de que el SAS pueda presentar recursos contra la investigación destinada a determinar si hubo daño al erario público y, al mismo tiempo, sea considerado responsable civil subsidiario. Según el partido, “la propia administración debería ser la encargada de esclarecer los hechos denunciados, y no ejercer una defensa de los investigados”.