Si la protesta antiboomer cala en España

Francia ha decidido dar la espalda a François Bayrou y, al mismo tiempo, seguir acumulando una deuda pública que se dispara sin control. La situación no difiere mucho de la que vive España: las democracias europeas consolidadas tienden a proteger el statu quo de la generación del baby boom, aunque ello implique sacrificar a las generaciones emergentes.

El desafío de la deuda pública en Francia

Los indicadores son alarmantes. Francia arrastra una deuda equivalente al 114 % de su PIB y un gasto social que ronda el 56 % del total de sus ingresos. Esta semana, la prima de riesgo del país superó incluso a la italiana, lo que refleja la creciente preocupación de los mercados. La mayoría de los parlamentarios franceses reconoce la gravedad del diagnóstico, pero divergen en las soluciones.

• Los que acompañan a Bayrou abogan por un ajuste fiscal inmediato para frenar la expansión de la deuda.
• Otros sectores proponen elevar los impuestos de forma gradual, confiando en que Bruselas no impida que la segunda economía del euro actúe por miedo a desatar más malestar social.

La deuda pública no es un concepto abstracto; actúa como un lastre que limita la capacidad del Estado para financiar nuevas prioridades y compromete la sostenibilidad a largo plazo.

El caso francés debería servir de alerta para España, donde también se percibe una creciente pulsión antiboomer. El meme satírico #NicolasQuiPaie, “Nicolás el que paga”, ha movilizado a una parte de la clase media y a muchos jóvenes que sienten que aportan fiscalmente mucho, pero reciben poco a cambio. Corrientes libertarias, populistas y de ultraderecha han capitalizado rápidamente este descontento, vinculándolo a las ayudas sociales y a la inmigración.

En España, el debate también tiene tintes generacionales. Partidos como Vox encuentran apoyo entre algunos jóvenes que perciben al bipartidismo como defensor exclusivo de los intereses del establishment, mientras ellos luchan por acceder a una vivienda. Ese malestar se intensifica en la derecha tras el declive de Podemos y el legado del 15‑M.

Lo singular de Bayrou es haber planteado esta crítica desde dentro del propio sistema. El ex presidente del consejo regional de Aquitania es, quizá, el único dirigente europeo que ha advertido de los riesgos de priorizar la comodidad de los baby boomers, aun sabiendo que su postura le cuesta la viabilidad política. En España, la introspección es escasa tanto en el PP como en el PSOE. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha tachado de “peligrosa fractura generacional” a las voces que cuestionan el sistema de pensiones, deslegitimando así inquietudes que provienen de jóvenes y no exclusivamente de la extrema derecha.

La realidad es que el modelo de pensiones español genera déficits anuales que se traducen en un problema estructural a largo plazo. Según datos de Fedea, en 2024 el gasto en pensiones contributivas alcanzó los 202.900 millones de euros, de los cuales 60.000 millones no fueron cubiertos por cotizaciones, sino por transferencias del Estado y mayor endeudamiento.

Aunque la deuda española es actualmente ligeramente inferior a la francesa y el PIB muestra un ritmo de crecimiento más robusto, el margen disponible para políticas dirigidas a la juventud (vivienda, empleo, educación, innovación) se está reduciendo rápidamente. El analista de generación Jon González señala que, si se sumaran todos los gastos de la Casa Real, sindicatos, Iglesia, Igualdad, Defensa, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, políticos y asesores, el total equivaldría apenas al 15 % del presupuesto destinado a pensiones y su déficit.

Bayrou no es un neoliberal radical; su trayectoria está enraizada en la tradición democristiana que, junto a la socialdemocracia, construyó el Estado del Bienestar en Europa. Su mensaje invita a reflexionar sobre el colapso del modelo de los años sesenta, que se sustentaba en tres pilares: una esperanza de vida de unos 70 años, la mejora continua de cada generación y una demografía estable. Hoy ninguno de esos supuestos se cumple. Las políticas de atracción migratoria, aunque necesarias, no son una solución definitiva si los salarios permanecen bajos y la clase media sigue hundida.

En conclusión, tanto en Francia como en España, la política sigue favoreciendo decisiones que priorizan el presente de los baby boomers en detrimento del futuro de las generaciones en ascenso. Ignorar este descontento o estigmatizarlo solo profundiza el desarraigo democrático y, inevitablemente, provocará una respuesta de la sociedad que no puede seguir siendo silenciada.