¿Quién manda si no eres comandante ni jefe?

El presidente Gustavo Petro ha sido señalado en los últimos días por su estilo de liderazgo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generando un intenso debate en los medios y la opinión pública. Críticos del mandatario acusan que su discurso de “comandante en jefe” se queda en palabras y que, en la práctica, las fuerzas de seguridad reciben órdenes que limitan su capacidad de actuar frente a los grupos armados ilegales.

La polémica se intensificó tras la muerte del capitán de la Policía, Francisco Merchán, quien perdió la vida en una emboscada mientras llevaba consigo la fotografía de sus hijas. Según testigos, el oficial solicitó ayuda que nunca llegó y, en sus últimos mensajes, expresó su deseo de sobrevivir para seguir al cuidado de su familia, que incluye a una bebé recién nacida.

Contexto de la polémica

Desde hace varios años, la narrativa oficial ha enfatizado la necesidad de “diálogo y paz” con los grupos insurgentes, mientras que sectores de la oposición y de la sociedad civil reclaman una postura más firme y la restitución de la autonomía operativa de las fuerzas de seguridad. Según estos críticos, la falta de claridad en las directrices ha provocado una percepción de pasividad que, a su vez, habría favorecido la actividad delictiva de grupos como las FARC, el ELN y sus disidencias.

Los analistas señalan que la política de seguridad del gobierno ha favorecido la negociación con los grupos armados, lo que, en su visión, ha dejado a los soldados y policías en una posición de vulnerabilidad frente a los ataques. Asimismo, se menciona que la impunidad percibida y la ausencia de sanciones claras para los responsables de actos de violencia contra la población civil han generado un clima de frustración entre los integrantes de la institución militar y policial.

Por su parte, el presidente Petro ha defendido su postura, argumentando que la estrategia de paz es fundamental para acabar con la violencia estructural y que los mandos militares deben actuar dentro del marco de los derechos humanos y la legislación nacional e internacional. El mandatario ha reiterado que la fuerza pública debe respetar los principios de proporcionalidad y evitar abusos, como los casos de “falsos positivos” que marcaron la historia reciente del país.

En el debate público también se ha mencionado la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la toma de decisiones operativas. Algunos sectores acusan a los altos mandos de “inmovilizar” a sus subalternos, impidiéndoles ejercer la iniciativa en situaciones de combate y, en consecuencia, comprometiendo la efectividad de las operaciones contra los grupos armados.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y académicos continúan subrayando la necesidad de equilibrar la lucha contra la delincuencia con el respeto a los derechos fundamentales. Señalan que una estrategia militar que combine entrenamiento, equipamiento y claridad en la cadena de mando, sin desatender los principios de legalidad, es esencial para restaurar la confianza de la población en las instituciones de seguridad.