Miguel Urbán destapa la guerra sucia contra sus ideas

Tras casi un año de batalla legal, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de Miguel Urbán, ex eurodiputado de Izquierda Anticapitalista y fundador de Podemos, para investigar las maniobras policiales que en 2016 intentaron implicarlo en un caso de narcotráfico. El caso, archivado por la Fiscalía Antidroga al no hallar pruebas, formaba parte de una operación que pretendía vincularlo con la entrega de 40 kilos de cocaína “procedentes de Venezuela” para financiar la campaña de Podemos. Urbán, quien atendió a EL PAÍS por teléfono, celebró la decisión judicial, aunque mostró prudencia sobre las posibilidades reales de que alguien rinda cuentas por lo que califica como “montajes” políticos destinados a impedir que ciertas ideas progresistas accedieran al poder.

Una investigación que busca esclarecer abusos de poder

Urbán consideró “injustificable” el tiempo que ha tardado la Audiencia Nacional en reconocerlo como perjudicado y ordenar la apertura de una línea de investigación. “Han hecho todo lo posible por no incorporarme a la causa”, afirmó, y recordó que incluso se resistieron a incluir información clave sobre la llamada Operación Cardenal, el nombre con el que se conoció internamente la campaña de espionaje y difamación en su contra. “Esto no es cosa de una manzana podrida, sino de la cúpula de la Seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy”, advirtió, señalando que las implicaciones podrían alcanzar niveles institucionales muy altos.

El político insistió en que las acciones contra él no fueron aisladas, sino parte de una estrategia más amplia conocida como la “guerra sucia” contra Podemos. Aunque el juez Santiago Pedraz no ha reconocido hasta ahora esta conexión, Urbán considera evidente que los comisarios que investigaron a figuras cercanas a él lo hacían como parte de una operación más amplia: “Yo no conocía a José Arrieta en 2015. Estamos ante piezas separadas de un mismo ataque político”.

Un relato fabricado sin preocupación por la verosimilitud

• El informe policial, de más de 200 páginas, incluía una investigación prospectiva sobre su vida desde 2006, utilizando presuntamente métodos ilegales como el acceso a sus cuentas personales.
• Se mencionaba un bar en Malasaña donde supuestamente entregó droga, un lugar al que Urbán dice no haber ido desde 2008 y que no frecuentaba.
• El relato incluía imprecisiones absurdas, como que transportó 40 kilos de cocaína en una mochila en un bar lleno de gente, cuando en ese momento era una figura pública muy reconocible.
• La Fiscalía Antidroga mantuvo el caso abierto nueve meses, pese a la falta total de pruebas.

“No buscaban que fuera creíble. Buscaban crear ruido, generar sospecha, destruir reputaciones. El hecho de que ni siquiera se preocuparan por hacer un relato plausible habla del nivel de impunidad que sentían”, denunció Urbán. El comisario José Luis Olivera, quien envió la nota inicial a la Fiscalía, alegó haber actuado solo como transmisor de información de un confidente. Pero Urbán desmiente esta versión: “Él no solo inició la operación, sino que, junto con la UDEF y posiblemente con la influencia de Villarejo, presionaron para mantener el caso abierto en tres ocasiones. Un policía incluso reconoció que, en su lugar, no habría tramitado una denuncia tan irregular”.

El impacto personal y político del ataque

Para Urbán, el momento en que se destapó el caso fue especialmente difícil: su madre estaba muriendo y él se encontraba en un estado emocional frágil. “Me llamó un periodista y solo me preguntó si un DNI era el mío. Cuando me dijo que la Fiscalía me había investigado, sentí un nivel de indefensión brutal”, recordó. Aunque asume que el ataque no era personal, sino político, no deja de reconocer el impacto emocional: “Me quisieron joder la vida. Para ellos, no había leyes. Todo valía con tal de destruir una alternativa que asustaba al establishment”.

Considera que fue usado como instrumento para atacar a Anticapitalistas y, por extensión, a Podemos. “Era intercambiable. Lo importante era evitar que unas ideas que ganaban en las encuestas —y ya gobernaban en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia— pudieran llegar al Gobierno central. Recuerdo a Esperanza Aguirre diciendo que había que evitar que ‘volvieran los soviets a Madrid’. Esa mentalidad es la que impulsó esta guerra sucia”.

Ahora, con la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abriendo la puerta a una pieza separada, Urbán espera que el juez Pedraz actúe con la misma seriedad que en otros casos relevantes. “Nosotros pedimos desde el principio una investigación independiente. Que no se haya imputado aún a Olivera es sintomático. Pero esta resolución puede obligar a hacerlo”. Aun así, teme que el retraso intencionado busque agotar el tiempo útil de la causa: “Han tardado un año en reconocerme como perjudicado. Parece que quieren que prescriba o que nos cansemos”.

Y a pesar de todo, Urbán no se rinde. “No me he cansado. Cuando fui al notario a dar poder a mi abogado y empecé a nombrar al director del CITCO, al de la UDEF, vi cómo se le cambiaba la cara. Al final, me dijo: ‘Que tengas mucha suerte’. Y claro, no es suerte lo que necesitamos, sino justicia. No hablamos de casos aislados: el cesto está podrido. Mi objetivo no es solo que alguien pague, sino que se sepa lo que pasó, que se conozca el alcance de estas prácticas y que se reflexione sobre las limitaciones reales de nuestra democracia”.