La vida de Andry Hernández tras dejar la cárcel del terror de Bukele: Nuestros cuerpos están en libertad, pero nuestras mentes siguen allá

El lunes 18 de agosto Andry Hernández Romero, de 32 años, originario de Capacho, en el estado Táchira, celebró su primer mes de libertad tras haber pasado cuatro meses detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Las autoridades migratorias de EE. UU. lo arrestaron, esposaron sus manos y pies y, bajo la normativa de “Enemigos Extranjeros”, lo deportaron a mediados de marzo acusándolo de pertenecer a la presunta banda criminal Tren de Aragua.

El caso de Hernández Romero ganó notoriedad de forma inmediata gracias al apoyo de familiares y amigos, que difundieron pruebas de su trayectoria profesional: más de una década dedicada al maquillaje y a otras actividades artísticas que contrastan con cualquier vínculo delictivo. La deportación, que también afectó a más de 200 venezolanos sin antecedentes penales, puso en evidencia la política migratoria de la administración Trump, que utilizó perfiles raciales para expulsar a cientos de extranjeros.

El proceso migratorio y la detención en EE. UU.

Tras una travesía que incluyó el cruce de la selva del Darién y varios países de Centroamérica hasta México, Hernández Romero intentó ingresar a EE. UU. en el punto fronterizo de San Ysidro (San Diego, California) mediante la aplicación CBP One el 29 de agosto de 2024. Superó la evaluación preliminar, pero los funcionarios detectaron un temor fundado a persecución si regresaba a Venezuela.

Durante el examen físico, un agente observó sus tatuajes y lo trasladó al centro de detención de Otay Mesa, donde le asignaron un puntaje de cinco en el sistema de puntos del Departamento de Seguridad Nacional y una prenda naranja de prisionero. Pasó casi siete meses en prisión preventiva bajo riesgo de deportación.

Sus defensoras, Lindsay Toczylowski y Paulina Reyes, del Immigrant Defenders Law Center, presentaron una solicitud de asilo basada en persecución por su orientación sexual y opiniones políticas. La petición fue denegada en mayo de 2024 por una jueza californiana; sin embargo, antes de una audiencia decisiva, en marzo de este año fue transferido a Nuevo Laredo (Texas) y deportado a El Salvador.

En la cárcel de máxima seguridad del presidente Nayib Bukele, Hernández Romero sufrió humillaciones, entre ellas el rapado de su cabello contra su voluntad. “No soy miembro de una banda. Soy gay. Soy estilista”, declaró al momento, palabras que luego le acarrearon represalias dentro del penal.

Durante su permanencia en el Cecot compartió celda con 19 internos, en un entorno dominado por hombres heterosexuales donde el machismo y la discriminación eran la norma. Hernández Romero, que se identifica como hombre y se comporta según su cédula, relató: “Entramos 252 desconocidos y salimos 252 hermanos”.

Un mes y medio después de su llegada, sufrió abuso sexual y recibió constantes insultos y amenazas de los guardias, quienes lo señalaron como “marico” y le ofrecieron documentos falsos para “convertirlo en mujer salvoreña”. A pesar del apoyo de algunos compañeros, los incidentes continuaron.

El venezolano es parte central de una demanda interpuesta por la ACLU contra la administración Trump, que acusa al Departamento de Seguridad Nacional, bajo la secretaria Kristi Noem, de emplear perfiles raciales para deportaciones masivas.

Una visita oficial al Cecot a finales de marzo permitió a Hernández Romero alzar su voz contra los malos tratos. “Estaba en la celda nueve y no pude verla porque solo llegó a la cinco. Empezamos a gritar ‘¡Libert!’, y a hacer la señal de auxilio internacional”, recordó.

De regreso a Venezuela, Hernández Romero no contempla emigrar nuevamente. Prioriza reunirse con su familia y mantiene contacto diario con su pareja, un ciudadano estadounidense residente en Pensilvania que lo apoya psicológicamente. Al regresar llegó sin ropa, sin celular y sin gran parte de su equipo de trabajo, que había donado antes de su partida. Su amiga Reina Cárdenas le devolvió parte del maquillaje para que retome su oficio.

Con la intención de limpiar su nombre, Hernández Romero planea abrir un salón de belleza, aunque reconoce que iniciar una empresa en Venezuela sigue siendo un desafío. Él y los once ex internos del Cecot que residen en el estado Táchira crearon un grupo de WhatsApp para apoyarse en el proceso de reintegración.

El 22 de agosto, en la población de Lobatera, Táchira, se celebró el matrimonio de Carlos Uzcátegui y Gabriela Mora, donde Hernández Romero asistió como invitado de honor. Uzcátegui, quien también estuvo detenido en el Cecot, comentó: “La noche antes de que nos liberaran no podía dormir. Andry, que estaba en la celda de enfrente, me dijo ‘Tranquilo, mañana nos vamos’. Esta boda es la prueba de que el infierno ya pasó, aunque una parte sigue dentro de nosotros”.