La universidad se moviliza para que el Gobierno cambie el examen que habilita a los abogados: Si aprueban todos, no cumple su función

Los decanos de Derecho de las universidades españolas, tanto públicas como privadas, han iniciado una movilización para que el examen de acceso a la abogacía y a la Fiscalía vuelva a ser presencial, como ocurría antes de la pandemia. Según afirman, la modalidad actual, totalmente online, permite la copia y la ausencia de vigilancia en un test que aprueba alrededor del 95 % de los aspirantes, lo que, a su juicio, invalida el objetivo de la prueba de seleccionar a los mejores profesionales.

Javier Fernández Teruelo, presidente de la Conferencia de Decanos de Derecho, ha señalado: «Si aprueban todos el examen, la prueba no cumple la función para la que se creó: escoger a los mejores». Además, los decanos reclaman que el examen sea más práctico y, para ello, deben convencer a dos ministerios: el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el de Ciencia, Innovación y Universidades, que es el responsable del máster obligatorio para presentarse a la prueba.

Propuesta alternativa y datos del máster

La Conferencia de Decanos ha expresado su malestar de forma informal y, en noviembre, hará pública una propuesta alternativa al examen actual. Un grupo de trabajo está preparando la iniciativa, que se presentará en un encuentro extraordinario en Sevilla. Según los últimos datos del curso 2023/2024, el máster de abogacía ha otorgado 7 100 títulos, de los cuales 3 900 provienen de universidades públicas.

El Ministerio de Justicia, a través de su portavoz, ha indicado que «el posible cambio en las pruebas de acceso a la abogacía no está en la agenda en estos momentos», argumentando que los aspirantes ya han superado un máster exigente con un alto contenido práctico. Los datos oficiales de 2022/2023 muestran que los estudiantes de los másteres de Derecho superaron el 98 % de las asignaturas que cursaron.

El Consejo General de la Abogacía (CGA) se ha alineado con la posición de las universidades. Salvo González, presidente del CGA, declaró en marzo: «Es inexplicable que, para obtener el permiso de conducir, sea necesario acudir a un centro de exámenes de la DGT y, sin embargo, para acceder a la abogacía o a la procuración de justicia se deba realizar una prueba online».

El Ministerio de Justicia destaca la composición de la comisión que elabora la prueba: un profesor de Derecho designado por el Consejo General de Universidades, un representante del CGA con más de cinco años de experiencia y un magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial. Dicha comisión verifica el desarrollo del examen en la plataforma de la UNED, universidad pública con amplia experiencia en evaluaciones en línea, que cuenta con medidas de seguridad como una webcam activa durante toda la prueba y la captura aleatoria de fotografías para identificar al alumno. Los exámenes de grado de la UNED, sin embargo, siguen siendo presenciales y se celebran en sus centros asociados.

Desde el Ministerio de Justicia se subraya que la modalidad online «minimiza los costes para los futuros abogados, que no tienen que desplazarse a Madrid», a diferencia de la organización previa a la pandemia, cuando se habilitaban varios centros de examen en todo el territorio nacional.

Tradicionalmente, bastaba con obtener el título de Licenciado en Derecho (cinco años) para inscribirse en el colegio de abogados y ejercer. Desde 2012, para alinearse con el resto de Europa y garantizar el reconocimiento recíproco de los títulos, los aspirantes deben cursar un máster de abogacía de un año y medio y aprobar un examen tipo test. La primera promoción del máster se presentó al test en 2014.

En sus inicios, el Consejo General de la Abogacía y las universidades solicitaron una prueba práctica que acreditara la capacidad de ejercer, pero la gran cantidad de candidatos hizo inviable la organización de un examen con tribunal. Por ello se estableció una prueba teórica, lo que, según Fernández Teruelo, provoca una superposición de contenidos entre el máster y el examen.

El decano valora positivamente los seis meses de prácticas en despachos, aunque reconoce que las universidades a distancia, que matriculan a cerca de 6 000 alumnos, encuentran dificultades para ofrecer prácticas de calidad. En Italia, la tasa de éxito del examen de abogacía se sitúa entre el 30 % y el 40 %; en España, aunque no existen datos oficiales, se estima que supera el 95 %.

Desde la pandemia, el examen online permite pausas de 15 minutos por motivos personales o técnicos y su reanudación, confiando en la honestidad del candidato. La nota final se compone en un 70 % por el test y en un 30 % por la calificación del máster.

Al inscribirse, los aspirantes deben adjuntar una foto tipo carnet para acreditar su identidad y comprometerse a no consultar textos legales, manuales, dispositivos electrónicos o recibir ayuda de terceros durante la prueba. Fernández Teruelo considera insuficientes los controles actuales para evitar el plagio y la colaboración por mensajería instantánea.

El examen consta de dos partes: la primera, de dos horas, incluye 50 preguntas (más seis de reserva) con cuatro opciones de respuesta sobre materias comunes; la segunda, de una hora, contiene 25 preguntas (más dos de reserva) relacionadas con la especialidad elegida.

Salvo González, presidente del CGA, se sumó a la petición de los decanos en un encuentro de marzo, afirmando que «es prioritario perfeccionar la prueba de acceso de manera que el máster no sea una mera continuación teórica de los años de grado».