La fiscalía de Corea del Sur solicita el arresto del ex primer ministro por su papel en el amago de insurrección de 2024

La fiscalía especial que investiga el intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur el pasado 3 de diciembre ha solicitado este domingo la detención preventiva del ex primer ministro Han Duck‑soo, bajo sospecha de haber colaborado con el expresidente Yoon Suk‑yeol en la maniobra que desencadenó una de las mayores crisis institucionales de la democracia surcoreana.

Según la acusación, Han, que ejerció como primer ministro hasta las elecciones de junio, habría incumplido su deber constitucional de impedir una declaración de ley marcial inconstitucional y, además, habría actuado como cómplice clave de Yoon. A ello se añaden los cargos de perjurio, falsificación y destrucción de documentos oficiales.

Detalles de la solicitud de detención

El equipo de fiscales, liderado por Cho Eun‑seok, sostiene que Han, como segundo al mando del Ejecutivo y vicepresidente del Consejo de Ministros, tenía la autoridad para frenar la medida. En la solicitud de 54 páginas se alega que el ex primer ministro convocó una reunión del gabinete antes de la proclamación de la ley marcial “no con el objetivo de detener la medida, sino para conferir una apariencia de legalidad al proceso”.

La fiscalía indica que Han limitó la convocatoria al cuórum mínimo de 11 ministros, sin garantizar una deliberación real, y que posteriormente elaboró un documento para subsanar los errores legales de la proclamación inicial. Ese texto, firmado por Han y el exministro de Defensa Kim Yong‑hyun, habría sido destruido para evitar nuevas polémicas, lo que los fiscales consideran una prueba clave de su intento de legitimar la actuación del Ejecutivo.

Han también enfrenta cargos de perjurio por haber afirmado ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional que desconocía el documento de proclamación de la ley marcial, declaración que habría rectificado al admitir, en un interrogatorio el 19 de este mes, haberlo recibido directamente del expresidente.

Los fiscales justifican la medida preventiva por la gravedad de los delitos, el riesgo de destrucción de pruebas y posible fuga, y la posibilidad de reincidencia. Un juez decidirá la autorización de la detención; la audiencia está prevista para la próxima semana. En caso de aprobarse, Han ingresará en prisión mientras se instruye la causa, lo que podría ampliar la investigación a otros miembros del gabinete de Yoon.

La fiscalía especial fue creada a principios del verano tras la aprobación de una ley impulsada por el nuevo presidente Lee Jae‑myung, ganador de las elecciones del 3 de junio. Este organismo autónomo cuenta con facultades extraordinarias para emitir órdenes judiciales, realizar registros, interrogar a sospechosos y solicitar detenciones de altos cargos. La dirige Cho Eun‑suk, conocida por su papel en la investigación del hundimiento del ferry Sewol en 2014.

El proceso judicial contra Yoon Suk‑yeol también avanza: el Tribunal Constitucional confirmó en marzo su destitución como presidente, lo que permitió que la justicia siguiera investigando los cargos de insurrección, delito que en Corea del Sur puede castigarse con cadena perpetua o incluso pena de muerte, aunque esta última está bajo moratoria desde 1997. Yoon permanece en prisión preventiva mientras se celebra su juicio.

Paralelamente, la esposa de Yoon, Kim Keon‑hee, está encarcelada de forma preventiva en una investigación distinta que la vincula a presuntos delitos de corrupción, manipulación bursátil y tráfico de influencias.