Expulsados por la gentrificación: La ciudad nos corre, ya no podemos vivir aquí

Maricela Jasso, de 74 años, recuerda la Roma Norte de hace cuatro décadas, cuando su familia se mudó a un departamento cercano a la Fuente de Cibeles. En aquel entonces, las esquinas estaban llenas de talleres de reparación de bicicletas, farmacias de barrio y calles donde la vida comunitaria era el eje central. Hoy, la zona ha cambiado radicalmente; el año pasado la propietaria del edificio le comunicó que sería demolido para construir un nuevo proyecto destinado al alquiler a través de plataformas como Airbnb.

La expulsión y sus consecuencias

Jasso vivía en un departamento cuyo alquiler no superaba los 7,000 pesos mensuales, una cifra inferior al salario mínimo de la Ciudad de México. Tras el fallecimiento de su casero, considerado “honesto y amable” por la propia Jasso, sus hijos heredaron el inmueble y anunciaron una remodelación que elevaría la renta a 30,000 pesos. La familia tuvo que mudarse a Taxqueña; su hija abandonó la ciudad por la imposibilidad de pagar la nueva tarifa, y su nieto perdió sus amistades y cambió de escuela.

El caso de Jasso es representativo de la ola de gentrificación que afecta a varios barrios de la capital. Según Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, México ha llegado tarde al proceso de gentrificación que ya se vivía en muchas capitales europeas, y ahora la situación está tomando mayor visibilidad. La escasez de vivienda en una zona metropolitana de casi 22 millones de habitantes (equivalente al 17 % de la población nacional) se combina con obstáculos burocráticos para acceder a contratos de arrendamiento o créditos hipotecarios, proyectos inmobiliarios orientados a la inversión y la llegada masiva de residentes extranjeros que encuentran en México un destino económico.

El aumento de los precios, sumado a la imposición del inglés como idioma dominante en colonias como la Condesa, provocó protestas de jóvenes que coreaban “Gringo, go home”. Sánchez señala que este discurso responde más a la frustración por las políticas migratorias de EE. UU. y a una postura anticolonialista que a los verdaderos agentes de la gentrificación.

El geógrafo Adrián Hernández Cordero, doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte que el turismo transforma los espacios de encuentro vecinal en zonas de consumo para visitantes. “Las tortillerías, fruterías y pequeños comercios desaparecen, llevándose consigo el tejido social del barrio”, afirma. Hernández coincide con Sánchez al indicar que los verdaderos motores son los fondos de inversión y las FIBRAs (Fideicomisos de Bienes Raíces), que adquieren propiedades a bajo costo para venderlas a precios elevados y desarrollar alojamientos temporales.

Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, culpa al gobierno de la falta de regulación del capital inmobiliario. Según él, la autoridad permite que el desarrollo inmobiliario comercial se gestione en las alcaldías, sin una planificación adecuada, lo que favorece incrementos desmedidos de los alquileres y la transformación de usos de suelo en beneficio de inversionistas, mientras los vecinos de ingresos bajos y medios quedan relegados.

Frente a la creciente presión social, el gobierno federal y la Ciudad de México aceleraron la presentación del proyecto “Bando 1: Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (nombre oficial: Claudia Sheinbaum Pardo), propuso entre otras medidas:

• Limitar los aumentos de renta a la tasa de inflación del año anterior.
• Publicar un índice de precios de alquiler razonable y actualizado.
• Impulsar programas de vivienda local para residentes de ingresos medios y bajos.
• Regular los alquileres temporales, restringiendo la proliferación de plataformas como Airbnb.

Estas iniciativas buscan contrarrestar la ola de desalojos silenciosos, fenómeno en el que los inquilinos son obligados a abandonar sus hogares por aumentos repentinos de la renta, discriminación y amenazas.

Sergio Ceja, residente de Santa María la Ribera desde hace dos años, utiliza Airbnb para alquilar una habitación en su departamento. Desde su llegada, ha observado la construcción de nuevos edificios de alto costo, con el precio del metro cuadrado pasando de 40,000 a más de 60,000 pesos. Además, señala la proliferación de negocios “hipster” orientados a un público extranjero, lo que ha transformado rápidamente la zona.

Antonio Álvaro Briones, que adquirió una casa en la Roma en 2008 por una fracción del valor actual, defiende la gentrificación como un proceso que ha revitalizado el barrio, mejorando su oferta gastronómica y cultural. Reconoce que los precios han subido y que algunos comercios adaptan sus productos al gusto de los visitantes, pero considera que se trata de una evolución natural del mercado.

A pesar de los diferentes puntos de vista, la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda continúa recibiendo casos de familias desplazadas. Sánchez lamenta que las medidas anunciadas sean “tibias” y que la seguridad jurídica para los inquilinos siga siendo insuficiente, ya que los desalojos pueden ejecutarse de manera rápida y sin mayores trabas.

Hernández propone la construcción de más viviendas verticales de baja altura para densificar la ciudad sin sacrificar la calidad de vida, mientras Salinas insiste en una planificación urbana a largo plazo que priorice la vivienda como necesidad básica y no como mercancía.

Maricela Jasso, ahora en una vivienda temporal en Taxqueña, espera una solución que le permita regresar a la ciudad que ha sido su hogar durante toda la vida. “Participamos en foros de gobierno para que escuchen nuestras peticiones, pero los propietarios se presentan como víctimas. Nosotros trabajamos y no podemos seguir pagando rentas desproporcionadas”, afirma, reiterando su derecho a una vivienda digna y a permanecer en la ciudad que conoce.