El Gobierno rebaja la agenda de reformas para salvar la llegada de 25.000 millones del plan europeo de recuperación

El Gobierno dispone ya de una profunda revisión del Plan de Recuperación, con el objetivo de acelerar el cobro de los casi 25.000 millones de euros en ayudas europeas que aún están pendientes. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la enmienda que incorpora los cambios, según informa EL PAÍS, fuente cercana al Ejecutivo.

El plan original, elaborado a prisa en 2021, establecía una serie de hitos y reformas que, a siete meses del plazo límite, se consideran prácticamente inalcanzables. Tras intensas negociaciones con la Comisión Europea, el Gobierno ha acordado rebajar la ambición de las reformas de rango legal y simplificar los requisitos de los desembolsos, en un contexto de dificultad para conseguir mayorías en el Congreso.

Principales modificaciones del plan

Entre los cambios más relevantes se encuentran la eliminación de los hitos intermedios de inversión y la renuncia a la mayor parte de los créditos del programa europeo, que en la versión final del proyecto se reducen en un 75 %.

El Fondo de Recuperación, aprobado hace poco más de cinco años para mitigar el impacto económico de la pandemia, condiciona la entrega del dinero a la realización de una serie de reformas —muchas de ellas legislativas— y al cumplimiento de hitos de inversión. El sistema resultó pronto complejo y con exigencias que dificultaban su cumplimiento, por lo que la Comisión ha modificado en varias ocasiones sus criterios para facilitar el despliegue del programa financiero más ambicioso de la UE.

España está preparando su séptima y, probablemente, última revisión del plan. La prioridad es simplificar los requisitos, eliminar los hitos intermedios y adaptar las reformas a normas de rango reglamentario, de modo que el Gobierno pueda aplicarlas sin necesidad de pasar por el Parlamento. Las reformas más exigentes de 2021 —la reforma de pensiones, la reforma laboral y parte de la agenda tributaria— ya fueron aprobadas, lo que ha permitido a España recibir aproximadamente dos tercios de su asignación, cerca de 55.000 millones de euros (el 69 % del total de 79.854 millones de subvenciones).

No obstante, aún quedan pendientes medidas que requieren aprobación parlamentaria, como la fiscalidad del diésel y la Ley de Industria, vinculadas a parte de los desembolsos pendientes. La última solicitud de financiación que presentó España data de diciembre de 2024; desde entonces, la dificultad para aprobar nuevas reformas ha frenado al Ministerio de Economía en la presentación de nuevas peticiones.

En la negociación con Bruselas, los funcionarios describen el proceso como “una negociación de alto voltaje”. Se espera que, una vez aprobada la enmienda, se pueda seguir financiando proyectos más allá del límite de agosto de 2026, fecha que inicialmente marcaba el fin del periodo de ejecución del plan.

En cuanto a los recursos, la asignación total de España al Fondo de Recuperación asciende a 79,854 millones de euros en subvenciones y 83,160 millones en créditos. El Gobierno ha decidido renunciar a tres cuartas partes de los créditos, lo que implica que, de los 83,160 millones, solo se mantendrán aproximadamente 16,000 millones ya recibidos.

Otros países de la UE, como Italia, Francia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Austria y Bélgica, también han presentado enmiendas similares en las últimas semanas, siguiendo la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea en sus recientes rondas de diálogo.

El Ministerio de Hacienda, que controla el gasto y los mecanismos de control exigidos por Bruselas, ha sido señalado como un factor que ha ralentizado la ejecución del plan, al priorizar la supervisión sobre la puesta en marcha de los proyectos.