Cataluña al borde del colapso financiero y nadie habla de ello

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha decidido retirar temporalmente el proyecto de presupuestos para 2026, en un contexto de falta de apoyos parlamentarios que ha impedido su aprobación. Tras semanas de advertencias sobre la necesidad de contener el gasto en las consellerias, el presidente Salvor Illa y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han acordado prorrogar el proceso cuatro meses más, hasta el verano, en un intento por alcanzar un pacto que permita dotar a la administración catalana de sus primeras cuentas anuales desde 2023. Mientras tanto, la ausencia de presupuestos plantea serias dudas sobre el calendario de ejecución de proyectos estratégicos, muchos de los cuales ya arrastran años de retraso por la inestabilidad política y financiera de la última década.

Paralización presupuestaria y consecuencias en infraestructuras

A pesar de la retirada del proyecto, el Ejecutivo ha garantizado la continuidad del funcionamiento básico de la administración mediante un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros, destinado principalmente a asegurar el pago de las nóminas del personal público y cumplir con los aumentos salariales acordados para Mossos d’Esquadra y docentes. Sin embargo, la capacidad de inversión de la Generalitat queda seriamente limitada, lo que introduce incertidumbre en el desarrollo de infraestructuras clave anunciadas como prioritarias por distintos gobiernos.

La falta de financiación comprometida pone en jaque obras que ya acumulaban retrasos crónicos. Entre ellas destaca la conexión de las dos redes del tranvía de Barcelona por la avenida Diagonal, un proyecto de casi tres kilómetros cuya finalización permitiría trasladar hasta 250.000 desplazamientos diarios desde vehículos privados al transporte público. El Ayuntamiento de Barcelona ha advertido que 80 millones de euros de esta iniciativa dependen de fondos de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), cuya financiación pasa por los presupuestos de la Generalitat.

Proyectos clave en suspenso

• Tranvía del Camp de Tarragona: El plan para unir Tarragona con Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca, presupuestado inicialmente con 101 millones de euros, queda congelado. Aunque el presidente Illa lo calificó como “proyecto vital para la prosperidad”, ahora ha reconocido que su puesta en marcha no será posible antes de finales de 2029, casi dos años más tarde de lo previsto.
• Desdoblamiento de la C-16 en Berguedà: Este tramo de 20 kilómetros, identificado como cuello de botella desde 2009, sigue sin ejecutarse pese a múltiples anuncios. Con un nuevo plan que contempla una inversión de 240 millones y un carril móvil, el Govern estudia ahora una propuesta de Abertis para llevarlo a cabo mediante una iniciativa privada.
• Variante de Olot: La ciudad de Olot lleva más de una década reclamando una variante para desviar el tráfico pesado del casco urbano, donde diariamente circulan 20.000 vehículos. El Ayuntamiento ha condicionado la implementación de la Zona de Bajas Emisiones a la ejecución de esta obra, cuya partida inicial era de 6,4 millones de euros.

Otros equipamientos sociales y sanitarios también se ven afectados. En Mollerussa (Lleida), los Mossos d’Esquadra siguen trabajando en dependencias inadecuadas, con una comisaría prometida para 2024 que aún permanece paralizada. El proyecto contemplaba 7 millones de euros para su finalización. Asimismo, se preveían 13 millones para construir la primera residencia pública de Sabadell, una demanda vecinal con más de veinte años de antigüedad.

Salud y mantenimiento viario bajo presión

• 14 millones de euros para reformas en el Hospital Trueta de Girona.
• 17,8 millones para la ampliación del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
• 54 millones para el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
• 6,8 millones para mejoras en el Hospital Arnau de Vilanova.
• 166,8 millones destinados a la conservación y mejora de la seguridad de la red viaria catalana.

El Govern insiste en que la suspensión de los presupuestos es temporal y confía en desbloquearlos en un plazo de tres meses. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente en un contexto en el que ERC vuelve a tener el papel decisivo en su aprobación. Oriol Junqueras ha pedido evitar presiones, lo que refleja la complejidad del escenario negociador. Mientras tanto, el retraso prolonga un malestar generalizado en municipios y sectores que llevan años exigiendo respuestas a problemas estructurales de movilidad, servicios públicos y equipamientos sociales.