Alcaldes del PSOE y el PP afectados por el fuego piden más prevención: Aunque multe al vecino, las fincas van a seguir sin limpiar

El incendio del Larouco, el más grave registrado en la historia de Galicia, arrasó gran parte del municipio de San Vicente de Leira (Ourense) el pasado jueves, dejando al menos sesenta viviendas destruidas y una población sumida en la incertidumbre. Tras la devastación, seis alcaldes de la comarca de Valdeorras fueron citados por EL PAÍS para una rueda de prensa conjunta, pero la reactivación de las llamas obligó a varios de ellos a abandonar la cita y a otros a declinar la invitación por la carga emocional que les provocaba la situación.

Alcaldes exigen recursos y nuevas normas para la prevención de incendios

Los representantes locales, pertenecientes a diferentes formaciones políticas (PSOE, PP y BNG), coincidieron en la necesidad de reforzar los recursos municipales, especialmente en las tareas de desbroce y limpieza de la vegetación, que consideran esenciales para reducir el riesgo de nuevos focos incendiarios. Asimismo, solicitaron la elaboración de una normativa específica que tenga en cuenta la realidad de la España rural, cada vez más despoblada, y que incorpore la participación directa de los habitantes de los pueblos.

En palabras de Enrique Álvarez, alcalde socialista de Vilamartín de Valdeorras, “tendrán que sentarse y tomar decisiones concretas; no pueden seguir discutiendo mientras la gente del campo sufre”. El alcalde describió la escena en San Vicente de Leira, donde los escombros de piedra y pizarra cubrían las calles y una vecina, entre lágrimas, le expresó la dificultad de asimilar la pérdida de su hogar.

Otros mandatarios, como Felipe Campo, alcalde del PP en Posa de Valdeón (León), y Aurentino Alonso, alcalde del PSOE en O Barco de Valdeorras, reiteraron la urgencia de que los grandes partidos y las administraciones autonómicas y estatales colaboren en la elaboración de planes de prevención y en la dotación de medios para la gestión del combustible vegetal. “Los municipios no disponen de la capacidad para limpiar todo el territorio de forma subsidiaria”, señaló Alonso, añadiendo que el número de expedientes abiertos por incumplimientos supera los mil en O Barco.

Los alcaldes también denunciaron la dificultad de multar a los propietarios que, por la escasa rentabilidad de sus tierras o por haber emigrado, no pueden cumplir con las obligaciones de desbroce. “¿Cómo podemos sancionar a alguien que apenas tiene recursos para subsistir?”, preguntó Álvarez, subrayando la necesidad de una política que combine la presión normativa con ayudas efectivas.

En el mismo sentido, los mandatarios de Posa de Valdeón destacaron los problemas logísticos que plantea la dispersión de la población y la ausencia de personal administrativo suficiente para notificar y ejecutar sanciones. “Somos un ayuntamiento muy pequeño, sin siquiera un secretario, y sin medios para perseguir a los propietarios que viven en el extranjero”, explicó Campo.

Frente a la falta de recursos y a la creciente vulnerabilidad de los territorios rurales, los alcaldes abogaron por una reforma estructural de la política rural que incluya la delimitación de núcleos urbanos, el control de la vegetación circundante y la creación de cortafuegos permanentes. “Es el momento de impulsar una ley que responda a la realidad de los pueblos, que escuche a sus gentes y que establezca normas claras para la gestión del riesgo”, afirmó Álvarez.

En cuanto a la respuesta inmediata, el jueves se desplegaron equipos de mantenimiento municipal y efectivos del Ejército para retirar escombros, restaurar el alumbrado y restablecer las redes de telecomunicaciones. El alcalde de San Vicente de Leira acompañó a los vecinos, muchos de los cuales se negaron a abandonar la aldea pese a la destrucción de sus viviendas, y se comprometió a gestionar la solicitud de ayudas para la reconstrucción.

Los municipios afectados también resaltaron la carencia de planes de autoprotección específicos para incendios forestales, a pesar de contar con protocolos para otros riesgos. “Nosotros, como el municipio más grande de la comarca, tenemos algunos planes, pero los concellos menores carecen de cualquier capacidad para diseñarlos”, explicó Alonso, subrayando la necesidad de que la administración central proporcione asistencia técnica y financiera para la elaboración de dichos planes.

Finalmente, los alcaldes coincidieron en que la solución al problema no depende exclusivamente de la política partidista, sino de una actuación coordinada entre gobiernos autonómicos y el Estado, con la participación activa de la ciudadanía. “Si no actuamos ahora, los próximos veranos traerán más tragedias”, concluyó Campo, haciendo un llamado a la unidad y a la rapidez en la adopción de medidas concretas.