30 años de consenso, en peligro

Treinta años después de que los principales partidos de España firmaran el Pacto de Toledo para proteger la dignidad de las pensiones, el consenso histórico se ve amenazado por formaciones políticas que pretenden revocar ese acuerdo.

En el debate actual, algunos partidos votan en contra de la revalorización anual de las pensiones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sostienen que el sistema no es sostenible, pese a los informes independientes —incluido el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)— y a los datos macroeconómicos que indican lo contrario.

Revalorización de pensiones en 2025

En 2025 la economía española crece por encima de la media de sus vecinos, con cifras históricas de empleo y un mercado laboral que supera los 22 millones de afiliados, ocho millones y medio más que hace treinta años. Sin embargo, en lugar de celebrar la capacidad del sistema para responder a estos avances, algunos actores políticos construyen un relato de derrumbe inminente, una narrativa que se remonta a la década de los 80.

Los ataques al sistema público de pensiones no son meros debates técnicos; ponen en juego el bienestar de 9,4 millones de pensionistas y de quienes cobrarán una pensión en el futuro. Quienes cuestionan la sostenibilidad del modelo y se niegan a apoyar su revalorización buscan, en última instancia, alimentar la incertidumbre de millones de hogares.

Datos clave

• El Pacto de Toledo se creó para blindar el sistema de pensiones frente a los vaivenes políticos y garantizar su estabilidad a largo plazo.
• Ha funcionado en los momentos críticos de 1995, 2003, 2011 y 2020.
• La reforma de 2013 impulsada por el Partido Popular, que congeló las pensiones, fue revertida y catalogada por el propio Pacto como “escaso consenso político y social”.
• Según la previsión vigente, en enero de 2025 las pensiones se revalorizarán un 2,7 % conforme al IPC, tal y como establece la ley y el Pacto de Toledo.
• El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, defiende la necesidad de cumplir con esa revalorización.

La votación en el Congreso sobre la revalorización será una prueba de responsabilidad para todos los grupos parlamentarios. Se espera que los partidos, especialmente el Partido Popular, abandonen las promesas vacías de campaña y voten a favor de la medida que garantiza una pensión digna.

Los últimos años han mostrado que las reformas estructurales, el dinamismo del mercado laboral, la mejora de la calidad del empleo y el aporte positivo de los flujos migratorios son pilares sólidos y medibles que permiten mirar con optimismo a las próximas décadas, aun frente al reto demográfico que implica la jubilación de la generación nacida a partir de los años 60.

Los jóvenes reconocen que sus mayores merecen pensiones suficientes y dignas, pero también exigen la certeza de que, cuando llegue su turno, podrán acceder a una pensión justa. Esa es la verdadera misión del Pacto de Toledo: ofrecer certidumbre. Por eso resulta grave que algunos partidos estén dispuestos a poner en riesgo ese principio por cálculos electorales.

Es necesario dejar atrás los alarmismos y regresar al consenso que ha convertido a España en uno de los sistemas de pensiones más sólidos y justos de Europa. Proteger el Pacto de Toledo hoy implica garantizar que dentro de treinta años no sea necesario defenderlo, sino celebrarlo, y que las pensiones dignas dejen de ser objeto de discusión para convertirse en un derecho asegurado.