Los migrantes trans, a la deriva en el Estados Unidos de Trump

En julio, Evanna Vásquez acudió al Betances Health Center, en Manhattan, con la intención de recoger su dosis mensual de estriol. La peruana, que llegó a Estados Unidos en 2023 y comenzó su tratamiento de afirmación de género en Nueva York hace un año, había recibido en esa clínica la atención médica que necesitaba. Sin embargo, el médico le comunicó que ese día no había suministro del medicamento.

Ante la incertidumbre, Vásquez contactó a Javier Teja, trabajador social que la ha acompañado desde su llegada a la ciudad. Teja logró conseguirle las dosis mediante donaciones, pero la falta de garantía de que el próximo mes habrá disponibilidad se ha convertido en una constante que la agobia. “Algunos meses me dan estriol inyectable y otros en pastillas; cada vez que consiguen una donación me contactan”, explicó la mujer de 35 años. “El problema es que necesito una dosis doble porque mis niveles están muy bajos, y eso complica todo”.

Escasez de estriol y otras hormonas en la comunidad trans

El estriol, una forma de estrógeno producida principalmente en los ovarios, es fundamental en la terapia hormonal de afirmación de género. Su uso permite el desarrollo mamario, la redistribución de la grasa corporal, la reducción del vello y la disminución de la masa muscular, entre otros cambios feminizantes. Cuando los niveles de estrógeno son insuficientes, las mujeres trans pueden experimentar una falta de desarrollo o incluso una reversión de las características femeninas ya obtenidas.

Desde finales de 2024, activistas trans denuncian una creciente escasez de medicamentos de afirmación de género y tiempos de espera prolongados en las clínicas que ofrecen estos servicios. La situación se agravó en julio tras la aprobación de la “Gran y hermosa” reforma fiscal de la administración Trump, que prohibió el uso de fondos federales de Medicaid para cubrir tratamientos hormonales y cirugías de afirmación, recortando además el presupuesto destinado a la seguridad social del programa.

Con la reducción de recursos, muchas personas que quedaron fuera de Medicaid se han volcado a clínicas sin fines de lucro. Los migrantes indocumentados, que no pueden acceder a la atención preventiva de Medicaid, también recurren a estas instituciones en busca de opciones de bajo costo o gratuitas. La sobrecarga de demanda está saturando la capacidad operativa de dichas clínicas y extendiendo sus listas de espera.

Según datos recientes, aproximadamente 174 000 personas trans migrantes viven en Estados Unidos, muchas de ellas huyendo de la transfobia, la violencia o la falta de atención médica en sus países de origen. En América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que la expectativa de vida de las personas trans no supera los 35 años, reflejando la gravedad de la situación a nivel regional.

La reforma fiscal de Trump forma parte de una ola de legislación antitrans que incluye más de 20 citaciones del Departamento de Justicia para investigar a médicos y clínicas que brindan atención a menores, así como 616 proyectos de ley anti‑LGBTQ+ en diferentes estados, según la ACLU. Además, la administración anterior recortó la financiación de Planned Parenthood, principal proveedora de tratamientos hormonales y de salud sexual para la comunidad.

El anuncio de la campaña presidencial de 2024, en la que Trump prometió eliminar los fondos federales para medicamentos de afirmación de género, provocó que muchas personas empezaran a comprar grandes cantidades para el futuro. La combinación de una demanda inesperada y la saturación de las clínicas ha generado una crisis de abastecimiento que afecta tanto a estriol como a testosterona y espironolactona.

“Recibimos derivaciones de pacientes de otros centros de salud por la escasez de médicos y de recursos a causa de los recortes presupuestarios”, comentó Denise Gutiérrez, directora del programa transgénero de Community Healthcare Network. Esta organización neoyorquina sigue operando con normalidad porque sus fondos provienen de subvenciones privadas y aportes municipales, no del gobierno federal.

Ly Dariana Camas, mujer trans ecuatoriana de 35 años residente en el Bronx, relata que cuando llegó a EE. UU. en 2022 ya estaba bajo tratamiento hormonal, pero no había considerado aún cirugías de feminización facial. Con el regreso de la administración Trump, percibió que sus posibilidades de acceder a la cirugía se estaban reduciendo y, tras una consulta en diciembre de 2024, el médico le informó que tendría que esperar hasta el próximo año. “Ahora, con los recortes, siento que tengo que adelantar la cirugía antes de que me la nieguen”, aseguró Camas.

Según Chance Krempasky, director médico de Community Healthcare Network, el temor a futuros recortes está impulsando a muchas personas trans a adelantar cirugías y trámites de identificación antes de que se vuelvan inaccesibles.

Algunos estados y ciudades están adoptando medidas de protección. Oregon, Connecticut y Vermont han aprobado leyes que garantizan el acceso a servicios de afirmación de género, mientras que Boston y West Hollywood se autodenominan santuarios para la comunidad LGBTQ+. En Nueva York, la legislatura estatal aprobó recientemente un proyecto de ley que reforzará las protecciones legales para proveedores y pacientes de atención reproductiva y de afirmación de género, el cual espera la firma de la gobernadora Kathy Hochul.

“Las políticas públicas locales son la única forma de sobrevivir”, afirmó Mila Hellfyre Hernández, activista puertorriqueña y vicepresidenta del Equality Empowerment Center. “En las ciudades el control está más cerca de la gente; no todo el soporte tiene que ser federal”.

Un informe del William Institute publicado en mayo reveló que el 48 % de las personas trans en EE. UU. están considerando mudarse a estados con legislaciones más protectoras. Jesús N. Soto, del National Alliance on Mental Illnesses, explicó que “aunque el presupuesto estatal actual sea suficiente, en el futuro necesitaremos más recursos para atender a una población que se desplaza hacia jurisdicciones más inclusivas”.

La historia de Evanna Vásquez ilustra el impacto personal de estas políticas. Tras abandonar Perú en 2017 por la violencia familiar, vivió en Panamá, donde conoció a su esposo, y luego, tras la pandemia, emigró a EE. UU. En el trayecto perdió documentos, sufrió abusos sexuales en México y tuvo que abandonar a sus dos gatos y a su perra. Sin embargo, llegó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar leyes que le permitieran cambiar su nombre, acceder a tratamientos de salud y casarse.

“Vengo de un país donde nos quitan todo; ahora me enfrentan a un sistema que, aunque tiene leyes más inclusivas, sigue quitándome los recursos que necesito”, señaló Vásquez, añadiendo que su comunidad “realmente necesita el apoyo del gobierno”.

El presupuesto federal destinado a la salud en 2024 fue de 1,9 billones de dólares bajo la administración Biden, con una proyección de aumento del 5,8 % para 2025. No obstante, la reforma fiscal de Trump redujo ese presupuesto en un 15 %, según un análisis del Instituto de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley. Mientras tanto, departamentos como Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional (DHS) han visto incrementos presupuestarios; el DHS, por ejemplo, crecerá un 65 % el próximo año.

La falta de acceso a tratamientos hormonales y el auge de leyes antitrans también pueden elevar la tasa de suicidio entre la comunidad. William Lopera, representante de Voces Latinas, explicó que “para nuestra comunidad, la afirmación de género es una medida esencial de prevención del suicidio”. La reforma fiscal de Trump ha generado incertidumbre, estrés y desesperanza, acelerando decisiones médicas y de identificación por miedo a perder el acceso futuro.

Para Vásquez, la imposibilidad de obtener estriol de manera regular se traduce en cambios hormonales bruscos, dolores de cabeza, depresión y disforia de género. Cada mes espera con esperanza y temor, luchando por garantizar la continuidad de su tratamiento y su bienestar mental.