Estados Unidos sanciona a varias empresas y ciudadanos colombianos por reclutar a mercenarios para la guerra de Sudán

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a cuatro entidades transnacionales y a cuatro ciudadanos colombianos por su participación en el reclutamiento de mercenarios colombianos que combatieron al lado de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra de Sudán, una de las peores crisis humanitarias del planeta.

Los individuos y empresas sancionados serán incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que les prohíbe realizar cualquier operación comercial o financiera con personas o entidades estadounidenses y expone a terceros a posibles sanciones por asociarse con ellos.

Detalles de las sanciones y el papel de los mercenarios colombianos

Según el comunicado del Tesoro, la red bajo investigación “recluta combatientes para las RSF, un grupo paramilitar que ha ejecutado a miles de civiles, incluidos niños y bebés”. La agencia señaló que la brutalidad de las RSF ha agravado el conflicto, desestabilizado la región y creado condiciones favorables para la expansión de grupos terroristas.

Desde el inicio del conflicto en abril de 2023, las RSF han perpetrado asesinatos sistemáticos contra la población civil. En octubre, los rebeldes mataron al menos a 460 personas que se encontraban en un hospital materno de la ciudad de El Fasher, que ahora controlan tras un prolongado asedio.

El Tesoro afirmó que los logros de las RSF se han conseguido gracias al apoyo de combatientes colombianos. Documentos de medios locales indican que cientos de exmilitares colombianos viajaron a Sudán, muchos alegando haber sido engañados y negando haber aceptado luchar en el conflicto. Por el contrario, la administración estadounidense sostiene que los colombianos “aportan conocimientos tácticos y técnicos, prestando servicios como soldados de infantería, artilleros, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores”, e incluso entrenan a niños. Su presencia se ha registrado en varias ciudades sudanesas, como Jartún, El Fasher, Kordofán y Omdurman.

La representación permanente de Sudán ante la ONU denunció en septiembre ante el Consejo de Seguridad que los colombianos integrados en las filas paramilitares son responsables de crímenes de guerra, entre los que se incluyen ejecuciones sumarias, reclutamiento infantil y el uso de fósforo blanco. El Gobierno transitorio sudanés, liderado por el primer ministro Kamil Idris, hizo un llamado a los colombianos para que no se involucren en la guerra.

En Colombia, el Senado aprobó la semana pasada una ley que prohíbe la actividad mercenaria e ilegaliza a las empresas reclutadoras.

Entre los sancionados destaca Álvaro Andrés Quijano, ciudadano colombiano‑italiano y militar retirado que reside en los Emiratos Árabes Unidos. Según el Tesoro, Quijano “desempeña un papel fundamental en el reclutamiento y despliegue de antiguos militares colombianos en Sudán”. Es cofundador de la empresa Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá, considerada el principal centro de reclutamiento para puestos que van desde operadores de drones hasta francotiradores y “tractores”. Su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, actúa como gerente de la compañía.

El Tesoro también sancionó a Maine Global Corp SAS, una agencia de empleo con sede en Bogotá cuyo presidente es Mateo Andrés Duque. La agencia gestiona y desembolsa fondos para Global Staffing y la empresa que contrató a los mercenarios colombianos, con el apoyo de firmas estadounidenses vinculadas a Duque. Entre sus funciones está el procesamiento de nóminas de los combatientes y la intermediación en el cambio de divisas, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses.

Otra persona sancionada es la ciudadana colombiana Mónica Muñoz Ucros, gerente suplente de Maine Global Corp y directora de Comercializora San Bendito, también en la capital. Según el Tesoro, Muñoz Ucros realizó transferencias bancarias a una empresa estadounidense asociada directamente con Duque.

Ser incluido en la lista de la OFAC, conocida como “lista Clinton”, conlleva consecuencias comerciales, financieras y reputacionales. Los sancionados no pueden realizar transacciones con ninguna entidad estadounidense y, de forma indirecta, corren el riesgo de ser aislados por instituciones financieras de otros países, como Colombia o México. Además, el Tesoro puede congelar sus bienes y activos, imponer multas y sanciones, y la reputación de las personas y empresas afectadas sufre un daño significativo.

En el pasado reciente, otros colombianos habían sido incluidos en la lista de la OFAC, entre ellos el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien Washington acusó en octubre de mantener vínculos con el narcotráfico.