Erosión de la democracia, hostigamiento a la prensa y represión de activistas: las libertades en América ante un retroceso generalizado

El informe “Poder Ciudadano 2025”, publicado este martes por la plataforma de investigación colaborativa CIVICUS Monitor, muestra que solo diez de los treinta y cinco países de América disfrutan de un entorno cívico “abierto”. Los restantes se encuentran bajo presión, distribuidos en distintas categorías que van desde “cerrado” hasta “reducido”. Este panorama refleja un retroceso generalizado de las libertades en la región.

El estudio, que evalúa la situación de los derechos civiles a nivel mundial durante los últimos doce meses, califica los espacios cívicos de los países americanos en cinco niveles: cerrado, reprimido, obstruido, reducido y abierto, ordenados de peor a mejor. Según el informe, tres países (Cuba, Nicaragua y Venezuela) están en la categoría más extrema, “cerrado”. Siete se ubican en “reprimido”, seis en “obstruido”, nueve en “reducido” y diez en “abierto”. En términos poblacionales, el 90 % de los habitantes del continente vive en países pertenecientes a las dos peores categorías, con un 60 % en entornos “obstruidos” y un 30 % en entornos “cerrados”.

Declive de democracias consolidadas

Una de las novedades del reporte es el deterioro de democracias consideradas consolidadas, como Estados Unidos y Argentina, que han descendido de la categoría “reducido” a “obstruido”. En el caso argentino, es la primera vez que el país pierde categoría desde que se comenzó a publicar el informe.

Según Ana María Palacios, investigadora de CIVICUS Monitor para América, el retroceso de Estados Unidos se explica por una creciente concentración del poder en el Ejecutivo, la emisión de órdenes que limitan fondos de cooperación internacional y el desmantelamiento de instituciones federales. Además, la militarización de las calles en respuesta a protestas contra el Servicio de Control de Inmigración (ICE) y la intensificación de la persecución a quienes expresan solidaridad con el pueblo palestino, mediante la aplicación de leyes migratorias de los años cincuenta que los catalogan como “terroristas”, agravan la situación.

En Argentina, las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, denominadas “protocolo antipiquetes”, han generado un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y un debilitamiento de las instituciones democráticas. Palacios advierte que este proceso “puede seguir una línea muy similar a la de Estados Unidos”.

El Salvador también experimentó un deterioro, pasando de “obstruido” a “reprimido”. Según la investigadora, esta caída no se debe a hechos puntuales de 2025, sino a una erosión sistemática de las libertades cívicas que se remonta a la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019 y a la extensión del estado de excepción decretado en 2022. Detenciones arbitrarias de líderes comunitarios y de defensores de derechos humanos, como la activista Ruth López, ilustran este retroceso.

Los defensores de derechos humanos siguen bajo la amenaza más letal del mundo en América. Las violaciones más comunes son la detención y el asesinato de activistas, acompañadas de agresiones a periodistas y uso desproporcionado de la fuerza en protestas. Doce países —entre ellos Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú— registraron casos de activistas asesinados por su labor.

El informe subraya el impacto particularmente devastador sobre quienes defienden los derechos LGBTQI+, la democracia y el medio ambiente. En este último caso, destaca el Acuerdo de Escazú (2022), diseñado para garantizar la seguridad de los activistas ambientales. Aunque varios países aún no lo han ratificado, Chile avanza con planes nacionales de implementación, mientras que los demás signatarios deben traducir sus compromisos en acciones concretas.

La represión trasciende fronteras: activistas exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua son blanco de ataques fuera de sus países de origen. Un ejemplo emblemático es el asesinato de Roberto Samcam, exmilitar nicaragüense opositor al régimen de Daniel Ortega, ocurrido en junio de 2025 en Costa Rica, donde vivía como refugiado político. En Colombia, el defensor venezolano Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche fueron atacados y heridos de bala en octubre, en el contexto de la reelección polémica de Nicolás Muro en 2024.

El informe concluye que la ofensiva contra las libertades civiles se extiende más allá de los países con mayores restricciones, afectando también a naciones donde estos derechos están relativamente protegidos.