Enrique de Inglaterra consigue su primera victoria por su seguridad en el Reino Unido

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido desestimó en mayo el recurso presentado por el duque de Sussex contra la decisión del Gobierno de reducir la protección policial que le brinda al príncipe Enrique cuando visita territorio británico. La sentencia obligó al príncipe, hijo menor del rey Carlos III, a financiar un equipo de seguridad privado en sus escasas estancias en Londres.

Sin embargo, parece que la situación está a punto de modificarse. Según informó la prensa británica, el Ministerio del Interior ha ordenado, por primera vez desde que el príncipe dejó sus funciones oficiales, una evaluación de amenazas y una revisión de la medida que le privó del derecho automático a protección policial como miembro de la familia real.

Revisión de la protección policial

El Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Públicas y de la Realeza (RAVEC), organismo que tomó la decisión inicial de retirar la seguridad, ha iniciado ya el proceso de revisión. Ha recibido pruebas y alegaciones procedentes de la Policía Metropolitana, del propio Gobierno y del propio príncipe. Se espera que RAVEC emita su dictamen en enero.

En caso de que se determine que Enrique necesita protección las 24 horas del día durante sus visitas, el coste recaerá sobre el erario público. Mientras tanto, la normativa vigente obliga al príncipe a notificar a la Policía Metropolitana con al menos 30 días de antelación a cualquier llegada al Reino Unido y a solicitar una revisión de seguridad para cada ocasión.

La decisión del Ministerio del Interior de revisar el caso se dio a conocer el lunes 8 de diciembre, aunque varios medios británicos habían señalado desde hace meses un posible cambio de postura institucional. En octubre, el príncipe envió una carta privada a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidiéndole que reconsiderara la política de seguridad, argumentando que no resulta seguro viajar a su país natal con su esposa Meghan Markle ni con sus hijos Archie y Lilibet.

Un portavoz del Gobierno, citado por The Times, aseguró que “el sistema de protección es riguroso y proporcional” y recordó que la política oficial es no divulgar detalles de los acuerdos de seguridad, pues ello podría comprometer la integridad de los protegidos.

Después de la derrota judicial de mayo, el príncipe concedió una entrevista a la BBC en la que manifestó sentirse “devastado” y calificó la decisión como “un truco del establishment a la antigua usanza”. En la conversación criticó abiertamente a la Casa Real y, en particular, al príncipe‑heredero, acusándolo de negarle la posibilidad de conversar por motivos de seguridad.

El conflicto pareció suavizarse cuando, en septiembre, el duque de Sussex voló desde Los Ángeles al Reino Unido tras enterarse del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. Durante una visita de 55 minutos, el príncipe pudo reunirse en privado con su padre y entregarle una fotografía de sus nietos. Desde entonces, el duque ha adoptado una postura más discreta, evitando declaraciones públicas y filtraciones mediáticas, en un intento por restablecer la confianza con la familia real.

La revisión de seguridad también se enmarca en un contexto de antecedentes de riesgo. Enrique no había recibido una evaluación completa de amenazas desde abril de 2019, cuando se le ubicó en la categoría más alta (nivel 7 de 7), la misma que ostentaban la difunta reina Isabel II y la entonces primera ministra, Theresa May. En los últimos años, varias personas han sido condenadas por conspirar para asesinar al príncipe o por lanzar agresiones y amenazas contra él; actualmente tres de esos individuos se encuentran en libertad tras haber cumplido penas.