Una jueza pone en libertad bajo fianza a la madre del sobrino de la portavoz de la Casa Blanca tras ser detenida por el ICE

Una jueza de inmigración, Cynthia Goodman, ordenó que Bruna Ferreira, la madre del hijo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sea puesta en libertad bajo fianza. La magistrada fijó una garantía de 1 500 dólares, la mínima requerida, para liberar a Ferreira, quien se encontraba detenida en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana y está sujeta a un proceso de deportación.

Detalles del caso

Ferreira, de 33 años, es ciudadana brasileña que llegó a Estados Unidos a los seis años. Fue arrestada el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts, mientras recogía a su hijo de 11 años. Comparte la custodia del menor con Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt y su exprometido. El vínculo con la familia del portavoz de la Casa Blanca dio rapidez al interés mediático, ya que Karoline Leavitt es una de las voces más visibles de la administración de Donald Trump en materia de política migratoria.

El abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lucas Vega, no se opuso a la decisión de la jueza, argumentando que Ferreira no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga.

Desde el inicio, el DHS describió a Ferreira como “criminal”, mientras que la Casa Blanca señaló que ella no había mantenido contacto con Karoline Leavitt en años y que nunca había vivido con su hijo. Ferreira rechazó ambas afirmaciones en una entrevista con The Washington Post, calificándolas de “repugnantes” y falsas. Aseguró que su vida cotidiana incluía trabajar en servicios de limpieza, asistir a clases de yoga y pasar tiempo con su hijo, a quien llevaba al colegio, lo animaba en sus partidos y llenaba su habitación de juguetes y actividades recreativas.

Según su testimonio, llegó a Estados Unidos en 1998 procedente de Brasil para reunirse con su familia. En 2012 se acogió al programa DACA, creado durante la administración de Barack Obama para proteger a inmigrantes indocumentados que llegaron cuando eran menores. Sin embargo, bajo la política de deportaciones masivas del presidente Trump, el caso de Ferreira fue reabierto, según sus abogados.

El historial penal de Ferreira es prácticamente inexistente. Sus defensores mencionan un incidente de 2008, cuando, a los 16 años, fue citada ante un tribunal de menores tras una disputa en un Dunkin’ Donuts; el caso fue desestimado y nunca resultó en una condena.

Michael Leavitt, el padre del niño, también afirmó que Ferreira nunca había convivido con su hijo. No obstante, documentos judiciales presentados en New Hampshire en 2015 indican que ambos compartían domicilio y la misma dirección, lo que contradice la declaración pública.

Ferreira y Michael estuvieron comprometidos, pero la boda nunca se celebró. El menor reside con su padre y su madrastra en New Hampshire, mientras Ferreira tiene derecho a pasar los fines de semana con él. Los tribunales otorgaron custodia compartida después de una serie de acusaciones mutuas de abuso y negligencia.

Según declaraciones de Michael Leavitt, él y su padre, Bob Leavitt, sugirieron a Ferreira que considerara una “deportación voluntaria” para intentar regresar legalmente en el futuro, aunque advierten que una salida bajo esas condiciones impediría su reingreso durante una década. Michael subrayó que no tuvo ninguna participación en la detención de Ferreira por parte del ICE y que no controla esa decisión.