Más de la mitad de los mexicanos rechaza que la manifestación de la generación Z haya sido manipulada políticamente

El movimiento encabezado por la generación Z sacudió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, convirtiéndose en el tema central de la conversación pública tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que añadió un inesperado matiz político a la convocatoria.

Desde el inicio, Sheinbaum desestimó la legitimidad del movimiento, presentando una investigación que lo vinculaba a una “estrategia digital articulada” con la participación de bots, influencers, políticos cercanos a la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, ese discurso no ha calado en la mayoría de la opinión pública.

Resultados de la encuesta

Según la última encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Rio, el 56 % de los mexicanos considera que la convocatoria fue una iniciativa genuina de protesta, frente al 34 % que la atribuye a una manipulación política. Un 58 % de los ciudadanos asegura haberse enterado de la protesta.

El 15 de noviembre, alrededor de 17 000 personas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, donde se encontraron con enormes vallas metálicas que protegían edificios y monumentos. Las barreras fueron derribadas en menos de dos horas y los enfrentamientos posteriores dejaron un saldo de 120 heridos —100 de ellos policías— y 29 detenidos. Hasta la fecha, 13 personas han sido vinculadas a proceso por delitos como tentativa de homicidio, resistencia, robo y lesiones.

La presidenta se pronunció al respecto: “Hubo una manifestación donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes y, de manera violenta, se quitó una valla y se rompieron vidrios. Decimos: no a la violencia”.

Las percepciones sobre la naturaleza de la movilización están divididas: el 46 % la percibe como pacífica y el 44 % como violenta. En la evaluación de la actuación del gobierno, la mitad de la muestra la califica como buena o muy buena, mientras que la otra mitad la considera mala o muy mala. Además, el 52 % cree que las manifestaciones sociales no son reprimidas por la administración, contra el 42 % que opina lo contrario.

En cuanto a las causas que impulsaron la movilización, la mayoría señala la inconformidad con la inseguridad y la violencia, incluido directamente el asesinato de Manzo, como factor determinante (30 %). Otro 25 % menciona la insatisfacción con el gobierno y la influencia de grupos opositores. En menor medida, se mencionan problemas económicos, falta de apoyo a jóvenes y agricultores, o escasez de medicamentos.

El pliego petitorio de la generación Z México incluía demandas como la revocación del mandato, reformas judiciales y mayor transparencia.

El asesinato de Manzo, ocurrido dos semanas antes de la marcha y utilizado como estandarte de la protesta, fue señalado como elemento central por la encuesta: el 84 % de los encuestados había escuchado del caso, y la evaluación ciudadana de la respuesta del gobierno resultó mayormente negativa (51 %). En cuanto a expectativas de justicia, solo el 34 % confía en que todos los responsables serán castigados, mientras que el 37 % cree que solo algunos lo serán y el 24 % piensa que ninguno será juzgado.

Uno de los debates surgidos fue la baja participación de jóvenes, pese a que la convocatoria llamaba a movilizar a personas menores de 28 años. El 42 % de los encuestados considera que la protesta estuvo integrada mayormente por miembros de la generación Z, mientras que el 36 % piensa que participaron principalmente grupos políticos opositores. La percepción general es que los organizadores fueron mayormente personas comunes, seguidos por jóvenes de la generación Z y, en menor medida, agricultores o transportistas.

Sobre el impacto real del movimiento, el 54 % estima que tendrá alguna influencia —mucho o algo— en las decisiones políticas de la presidenta, frente al 43 % que piensa que su efecto será bajo o nulo. Finalmente, casi la mitad de la muestra (49 %) cree que las manifestaciones buscan un cambio social positivo, mientras que el 40 % opina que defienden intereses de grupos políticos opositores al gobierno.