Hacienda cambia las reglas del impuesto a grandes fortunas y esto afectará a los no residentes

El Ministerio de Hacienda ultima una modificación clave en el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas para corregir una desigualdad fiscal que afectaba a los contribuyentes no residentes en España. El cambio se centra en el límite de la cuota íntegra, un mecanismo que evita que la carga impositiva sobre el patrimonio supere un porcentaje excesivo en relación con la renta del contribuyente. Hasta ahora, este tope solo se aplicaba a los residentes, lo que generaba una discriminación que ha sido cuestionada por la justicia.

Una sentencia impulsa la reforma

La decisión del Tribunal Supremo a finales del año pasado, reforzada por un cambio de criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central, obligó a Hacienda a ajustar la normativa del impuesto sobre el patrimonio para incluir también a los no residentes en esta salvaguarda fiscal. Ahora, el Ministerio extiende esa corrección al impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas, tal como se desprende de un documento publicado en el portal de audiencia e información pública.

Desde ahora, tanto los residentes como los no residentes que poseen bienes en territorio español podrán beneficiarse del límite de la cuota íntegra al presentar sus declaraciones. Esta medida no solo garantiza un trato igualitario entre contribuyentes, sino que también refuerza la estabilidad jurídica del tributo, clave para su permanencia a medio y largo plazo.

Un impuesto clave para el equilibrio fiscal

El impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas, creado en 2022 como medida temporal, gravaba patrimonios superiores a tres millones de euros y supuso un contrapeso al impuesto sobre el patrimonio, cuya recaudación depende de las comunidades autónomas. A diferencia de este último, los ingresos del impuesto de solidaridad van directamente a Hacienda central, evitando que regiones con bonificaciones excesivas reduzcan hasta casi anular la contribución de sus ciudadanos más ricos.

La figura tuvo un impacto inmediato: en 2023, muchas comunidades decidieron recuperar el impuesto sobre el patrimonio para no forzar a sus contribuyentes a pagar un gravamen estatal. Como consecuencia, la recaudación total se disparó un 58%, alcanzando los 1.970 millones de euros.

Con esta actualización, Hacienda busca consolidar ese avance y asegurar que el futuro del impuesto no se vea comprometido por vulneraciones de derechos fundamentales. La medida, abierta a observaciones hasta el 20 de abril, entrará en vigor para las declaraciones del ejercicio 2025, cuyo plazo comenzará en julio de 2026. A partir de entonces, todos los contribuyentes sujetos al impuesto, sin distinción por residencia, podrán aplicar el límite de la cuota íntegra en sus liquidaciones.