CGT advierte a la jueza de la dana que la Generalitat conocía el desbordamiento del Poyo a primera hora de la tarde del 29-O

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT) ha presentado ante el juzgado de Catarroja una acusación popular en la que se imputa a la Generalitat Valenciana por conocer con antelación el desbordamiento del barranco del Poyo el día 29 de octubre de 2024, fecha en la que se produjo la dana que causó graves inundaciones en la zona.

Según el informe presentado, la administración autonómica disponía de “conocimiento efectivo” del desbordamiento de varios barrancos críticos varias horas antes de que se emitieran alertas de población. La acusación señala que, a partir de las 15:14 h, carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal ya estaban cerradas oficialmente por inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva.

Datos relevantes del informe de FETAP‑CGT

El documento indica que, a las 15:14 h, la carretera autonómica CV‑383 estaba cerrada por inundación en el punto 1 + 400, situada entre el barranco del Poyo (a 488 m) y el de Pozalet (a 828,62 m). La vía, a menos de dos kilómetros de la localidad de Loriguilla, constituye una prueba inequívoca del impacto de ambos cauces.

En el mismo horario, la autovía A‑3, de titularidad estatal, quedó interrumpida en su kilómetro 323, en el término de Chiva, a las 16:46 h. El punto de corte estaba a 259 m del barranco de la zona, y según el informe, allí se producirían varias víctimas mortales.

La carretera CV‑379, gestionada por la Diputación Valenciana, quedó cerrada a las 15:15 h desde el kilómetro 5,900 hasta el kilómetro 8, a menos de 124 m del barranco del Gayo, conocido también como rambla de Chiva.

Otra vía importante, la CV‑421, de titularidad autonómica, estuvo cerrada desde el punto kilométrico 3 + 500 hasta el 9 + 200 a partir de las 11:18 h. La CV‑4242, también de la Diputación, sufrió un corte a las 11:50 h en la localidad de Godelleta, muy próxima a la anterior.

Patrón de víctimas y fallos en la gestión

El trabajo de FETAP‑CGT cruza la información de los cierres de carreteras con los datos de víctimas recogidos por la Guardia Civil, evidenciando un patrón repetido: personas sorprendidas por la corriente de agua mientras se desplazaban, trabajaban en fincas agrícolas, se encontraban en bajos, garajes o vías ya inundadas, sin que existieran avisos preventivos efectivos. En numerosos casos, las víctimas estaban a escasos cientos de metros de puntos que ya habían sido cerrados horas antes.

La localidad de Chiva, epicentro de varios de los cauces mencionados, registró más de 160 llamadas al 112 a lo largo del día y más de un centenar durante el periodo en que el Comité de Coordinación de Protección Civil (Cecopi) ya estaba constituido. A pesar de ello, no se activaron de forma eficaz los puestos de vigilancia previstos en los planes de emergencia ni se adoptaron medidas de alejamiento preventivo de la población.

Incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones

El informe denuncia “incumplimientos graves y generalizados” del Plan Especial de Inundaciones, entre los que se incluyen:

• Ausencia de puestos de mando avanzados.
• Falta de alertas inmediatas a las alcaldías.
• Retraso en la coordinación operativa entre los diferentes niveles de administración.
• Emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro ya era inminente.

Todo ello, a pesar de la abundante información disponible procedente de avisos meteorológicos, llamadas de emergencia y los propios cierres de carreteras.

La investigación judicial está a cargo de la jueza que dirige el caso de la dana, con la participación de dos investigados principales: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pras, y su entonces número dos, Emilio Argüeso.