El presidente que no quería a Colombia (segunda parte)

El desempeño de la administración de Gustavo Petro, tras sus primeros cuatro años al frente de la Presidencia de la República, ha generado un intenso debate sobre la capacidad del mandatario para cumplir con la única misión que debería acompañar a cualquier presidente: entregar el país en mejores condiciones de las que lo recibió.

El debate político se ha polarizado en torno a la identificación de los responsables de los problemas que persisten en Colombia. Desde sectores empresariales y la oposición, pasando por los medios de comunicación y los académicos, se ha señalado una larga lista de culpables por los retos en áreas como la salud, la educación, la seguridad y la gestión de los recursos naturales.

Críticas al gobierno de Gustavo Petro

Una de las críticas más frecuentes se centra en la tendencia del mandatario a trasladar la responsabilidad de los problemas estructurales a actores externos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se ha acusado a las EPS, a las clínicas privadas y a los laboratorios farmacéuticos de la caída del sistema, mientras se exime al gobierno de la falta de inversiones y de la gestión de recursos necesarios para su funcionamiento.

En el sector energético, la supuesta corrupción en Ecopetrol ha sido atribuida a la supuesta influencia del “uribismo”, evitando reconocer la responsabilidad directa de la administración que designó a los dirigentes de la empresa estatal. De manera similar, la percepción de que el nuevo modelo de salud para los docentes es peor que el anterior ha sido explicada como consecuencia de la interferencia de grupos políticos opositores, sin admitir posibles fallas de política pública.

El manejo de la seguridad también ha sido objeto de señalamientos. Se ha argumentado que el aumento de la presencia de grupos criminales en algunas regiones no sería consecuencia de una política laxa del gobierno, sino de la supuesta intención de ciertos grupos de “hacer la paz” mediante la intimidación, una explicación que, según críticos, desvía la responsabilidad del Estado en la garantía de la seguridad ciudadana.

Este patrón de desplazamiento de la culpa se ha comparado con la estrategia utilizada por Mao Zedong en la década de 1950, cuando, ante la hambruna provocada por la colectivización forzada, culpó a los gorriones de ser “plaga” de la revolución, ordenando su exterminio masivo. Los analistas sostienen que, de forma análoga, el gobierno de Petro habría buscado culpables externos para evadir la autocrítica y la rendición de cuentas.

Los críticos también señalan la falta de pragmatismo en la gestión de la administración, argumentando que la ausencia de una visión orientada a la prosperidad compartida, al estilo de la reforma económica de Deng Xiaoping, ha limitado la capacidad del país para generar crecimiento y reducir la pobreza. Según esta perspectiva, la política del presidente se ha centrado en condenar a quienes generan riqueza, en lugar de reconocerlos como ejemplos de movilidad social posible.

En conclusión, la percepción de que la presidencia de Gustavo Petro se ha caracterizado por una constante transferencia de responsabilidades a actores externos ha alimentado una narrativa que cuestiona su capacidad para liderar una agenda de transformación estructural en Colombia.