La vuelta del fracking a México confronta las necesidades energéticas con los impactos ambientales

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer en la conferencia de prensa diaria un giro inesperado en la política energética nacional: la incorporación del fracturamiento hidráulico, o “fracking”, como método para explotar yacimientos de gas natural no convencionales. El anuncio se formalizó mediante la presentación del documento “Gas natural: estrategia para fortalecer la soberanía energética”, que destaca la necesidad de desarrollar recursos de gas “no convencional” mediante técnicas de fracturamiento.

Según el plan presentado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, México cuenta con aproximadamente 141 mil millones de pies cúbicos de gas en formaciones no convencionales. Pemex pretende iniciar la extracción mediante fracking en 2027, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de gas procedentes de Estados Unidos.

Reacciones de la comunidad ambiental y experta

El anuncio ha generado una fuerte polémica entre ambientalistas, académicos y exfuncionarios del sector energético. Manuel Llano, director de la organización CartoCrítica y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, calificó la medida como “alarmante en términos ambientales, energéticos, sociales y políticos”, y advirtió que “no existen técnicas de fracking sin impactos ambientales”.

Alma Porres, expresidenta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y consultora independiente, subrayó que “hay que hacer mucho trabajo en los ámbitos técnicos, políticos, ambientales y normativos” para que la actividad sea viable, añadiendo que la tecnología experimental debe demostrar su viabilidad comercial antes de su aplicación masiva.

Por su parte, Ana Id Velasco, gerente de Política Pública e Investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, describió la decisión como un “doble negativo”, pues profundiza la dependencia de los combustibles fósiles mediante una técnica que genera “grandes impactos”. Velasco cuestionó la posibilidad de crear un organismo regulador independiente, preguntándose bajo qué lineamientos operaría y cómo se garantizaría la transparencia y el acceso a la información para la sociedad civil.

En cuanto al marco regulatorio, Porres insistió en la necesidad de contar con un “regulador fuerte, independiente del operador y del negocio”, capaz de asegurar el cumplimiento de normas ambientales y de riesgos, y de evitar casos como el del Golfo de México, donde la percepción de impunidad generó una afectación evidente.

Rodríguez, por su parte, aseguró que la extracción se realizará “de manera sostenible”, cuidando “el suelo, los mantos acuíferos y con un uso eficiente del agua”. Sin embargo, los grupos ecologistas han denominado la iniciativa “fracking del bienestar” para denunciar lo que consideran una contradicción entre el discurso de sostenibilidad y los potenciales daños ambientales.

El documento oficial indica que la estrategia busca fortalecer la soberanía energética del país, pero críticos señalan que la solución debería orientarse a la reducción del consumo de combustibles fósiles y al impulso de fuentes renovables, en lugar de ampliar la extracción mediante técnicas controvertidas.