Petro pierde la confianza en su jefe de inteligencia financiera hasta sacarlo

En la puerta de la oficina de Jorge Lemus, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), estuvo durante dos mañanas un funcionario del Ministerio de Hacienda con una carta en la mano. El objetivo era lograr que Lemus firmara su renuncia, tal como lo había ordenado el presidente Gustavo Petro el 20 de febrero en una reunión en la Casa de Nariño, donde también propuso que lo sustituyera Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y señalado por supuestamente filtrar información a grupos ilegales. Lemus recibió la carta y firmó el documento este miércoles; mientras tanto, la designación de Mejía sigue en suspenso.

Contexto de la crisis en la UIAF

La UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda, es una entidad de bajo perfil mediático pero crucial en las investigaciones sobre crimen organizado y lavado de activos. En sus archivos se conservan expedientes de poderosos capos del narcotráfico y de sospechas financieras que involucran a políticos y empresarios. Sus resultados sólo se hacen públicos cuando el presidente lo decide.

El paso de Lemus por la dirección de la UIAF duró poco menos de tres meses. Según fuentes de la propia unidad, la causa del despido fue una filtración de información altamente sensible, aunque la desconfianza del mandatario hacia Lemus se gestaba desde hace tiempo. Lemus, antiguo compañero de Petro en la guerrilla del M‑19, había encabezado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante casi 11 meses; su salida se produjo en medio de cuestionamientos, pero luego obtuvo un cargo estratégico y bien remunerado.

La relación ambivalente entre Petro y Lemus se refleja en una propuesta reciente del presidente: ofrecerle a Lemus un cargo técnico en el Ministerio de Hacienda para “sacarlo del foco de los escándalos”. La tensión se intensificó en febrero, cuando Petro denunció un supuesto plan de integrantes de la Policía Nacional para sembrar cocaína en un vehículo presidencial y sabotear una visita a Donald Trump. Tras la denuncia, el presidente ordenó la destitución del general Edwin Urrego y del coronel Óscar Moreno, aunque días después la Policía aseguró que se trataba de un engaño interno originado en la DNI.

En ese contexto surgió el nombre de César Augusto Ortiz, mayor retirado que había sido oficial de contrainteligencia de la DNI y, según Lemus, quien lo llevó a la UIAF. Ortiz, antes jefe de la Sijín (la división policial encargada de asuntos judiciales) en La Guajira, había sido señalado en denuncias penales por narcotráfico y contrabando, investigadas por el mismo Urrego que Petro había acusado de intentar entramparlo. Una fuente de la DNI afirmó que Ortiz y Lemus fueron quienes entregaron al presidente la información sobre el supuesto sabotaje.

Otra polémica que alimentó la desconfianza presidencial se dio en enero, cuando el escándalo del software espía Pegasus volvió a la agenda. Lemus, entrevistado por Caracol Radio, afirmó que no sabían si dicho software existía, lo que irritó a Petro, quien había liderado una fuerte denuncia contra el uso irregular de Pegasus en Colombia. Además, en octubre la Dirección de Inteligencia de la Policía habría alertado al presidente sobre el uso de agencias de inteligencia para distraerlo y sobre presuntas reuniones de miembros de la DNI con capos como Julio Lozano Pirateque en Dubái y Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”. Aunque esas denuncias nunca salieron del círculo presidencial, mantuvieron la alarma encendida.

El manejo de la investigación sobre la llamada “Nueva Junta del Narcotráfico”, un supuesto actor vinculado a la economía ilícita que Petro ha mencionado en varias ocasiones, también jugó un papel decisivo. Lemus había conducido pesquisas que señalaban a antiguos narcotraficantes con contactos en la economía formal, pero los resultados no coincidían con la versión que el presidente deseaba presentar, lo que reforzó la decisión de apartarlo de ambos cargos.

Desde que asumió la presidencia, Petro ha buscado rodearse de personas de confianza en los puestos clave de seguridad. Varios de estos funcionarios son exmilitantes del M‑19, como Lemus. Entre los cargos estratégicos ocupados por antiguos guerrilleros se encuentran:

• Manuel Casanova, filósofo de profesión, director de la DNI.
• Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas.
• Otty Patiño, alto comisionado de Paz, a cargo de las negociaciones con grupos ilegales.