¿Por qué todo el Perú se está rasgando las vestiduras?

La reciente denuncia por violación contra el exministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro, ha encendido la alerta sobre la persistente normalización de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el país. Alfaro, acusado de abusar de Jennifer Canani cuando ella tenía 16 años y él 46, justificó sus actos en un programa de televisión con una frase que ha generado indignación: “Mi único pecado fue enamorarme”. Junto a su abogado, el exfuncionario insistió en que no hubo violencia, argumentando incluso un “factor cultural” en la zona oriental del país, donde supuestamente estas prácticas son “usuales”. Ante la contundente réplica del presentador, quien le cuestionó cómo podía creer que una menor podía decidir convivir con él y tener un hijo, Alfaro respondió que fue ella quien lo pidió y que su familia lo aceptó.

Una denuncia tardía, pero no silenciada

Los hechos ocurrieron hace 26 años, pero Canani ha decidido ahora hacer pública su historia. Relató que conoció a Alfaro en un restaurante, consumió alcohol, perdió el conocimiento y despertó en su cama. Intentó denunciarlo en ese momento, pero enfrentó obstáculos por parte de las autoridades. Además, sostiene que mantuvo una convivencia forzada con él mientras aún era menor de edad. Su testimonio ha reavivado un debate urgente sobre la impunidad y el machismo estructural en el poder político peruano.

Un contexto político preocupante

El caso no ocurre en vacío. Perú solo penalizó el matrimonio infantil hace tres años, y el actual presidente interino, José María Balcázar, se abstuvo en esa votación. Además, en 2023, Balcázar defendió que las relaciones sexuales tempranas “ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que resurgen ahora con fuerza. Su antecesor, José Jerí, llegó al cargo con una denuncia por violación que fue archivada justo antes de asumir, y permaneció en el cargo apenas cuatro meses, envuelto en sospechas de corrupción.

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales y legislativas, el discurso público sobre la violencia de género ha sido prácticamente ignorado en las campañas, que se centran mayoritariamente en la inseguridad ciudadana. Pese a ello, el aborto ha emergido como un tema clave en algunos programas, aunque en Perú está prohibido en todos los casos excepto cuando la vida de la gestante está en peligro. Según datos de la ONG feminista Promsex, cada día cuatro niñas entre 10 y 14 años son obligadas a ser madres, muchas como resultado de violencia sexual, y se les niega el acceso al aborto terapéutico, lo que ha derivado en condenas internacionales al país.

Candidatas bajo la lupa

• Keiko Fujimori, una de las cuatro candidatas presidenciales entre 36 aspirantes, se ha pronunciado en contra del aborto incluso en casos de violación.
• Su hija de 18 años le respondió en Instagram: “En el caso hipotético de una violación, yo sí optaría por abortar, tanto si fuera yo como si fuera una niña de ocho años”.
• Otra candidata a la reelección como senadora es Milagros Jáuregui, pastora evangélica ultraconservadora y presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento.
• Jáuregui fundó una casa de acogida para adolescentes embarazadas que estuvo en el centro de una polémica y ha impulsado la eliminación del enfoque de género en la legislación peruana.

Frente a este entramado de impunidad, justificaciones retrógradas y negación de derechos, la pregunta resuena con fuerza: ¿hasta cuándo se seguirán normalizando estas violencias? Y más aún: ¿qué significa “rasgarse las vestiduras” cuando el dolor de las víctimas se convierte en estadística y las respuestas políticas se reducen a discursos ajenos a la justicia? El caso de Jennifer Canani no es un hecho aislado, sino un espejo de un sistema que aún protege a los poderosos y silencia a las sobrevivientes.