Jurista denuncia a Igualdad por robar su trabajo en ley del aborto

Una jurista especializada en Derechos Humanos, salud sexual y reproductiva, y legislación internacional, ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Igualdad por la que reclama 376.544,59 euros. La demanda, admitida a trámite el 11 de febrero, se basa en la acusación de que el ministerio se apropió de forma ilegal de su trabajo en la elaboración del anteproyecto de reforma de la ley del aborto, sin pagarle adecuadamente ni reconocerle su autoría, además de haberla discriminado por su origen nacional. La profesional, Mercedes de las Mercedes, nacida en Guatemala y con nacionalidad española desde hace años, denuncia que el trabajo que le encargaron como un “esqueleto” técnico terminó convirtiéndose en el borrador fundamental de la ley que finalmente se aprobó en 2023.

Un trabajo clave sin reconocimiento

Según la documentación aportada, en octubre de 2021, María Naredo, del gabinete jurídico del Ministerio, contactó a De las Mercedes para encargarle de forma urgente un esquema técnico que sirviera de base para el anteproyecto de ley. Inicialmente, le ofrecieron un pago máximo de 5.000 euros mediante un sistema de caja fija. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo, las exigencias del ministerio evidenciaron que no se trataba solo de un esquema, sino del borrador completo de la norma. La jurista pidió entonces una retribución más justa, a lo que hubo compromisos verbales de ajustarla, aunque nunca se formalizó ningún acuerdo.

El 9 de enero de 2022, entregó la redacción final del borrador, fruto de dos meses de análisis de cientos de documentos nacionales e internacionales. Por ese trabajo, cobró 4.701,32 euros, una cantidad que la demanda califica como “ostensiblemente por debajo del precio de mercado”, comparándola con otros encargos de menor envergadura que superaron los 20.000 euros. Además, se le prohibió expresamente revelar su autoría. En una conversación citada en la demanda, Naredo le habría dicho: “No, Mercedes, nosotras no podemos decir que tú hiciste el borrador y tú tampoco lo vas a poder decir. Eso nos acarrearía múltiples problemas, incluyendo que eres extranjera, lo cual usará la derecha para atacarnos”. Naredo niega haber pronunciado esas palabras.

Acusaciones de discriminación institucional

• La jurista alega que esta ocultación deliberada de su autoría, justificada explícitamente por su origen nacional, configura un caso de discriminación por razón de origen.
• Señala que, pese a tener nacionalidad española desde hace décadas, fue tratada como “extranjera” para justificar su invisibilización.
• Denuncia también violencia institucional, falta de transparencia y un trato que califica de “maltrato” sistemático.
• Argumenta que el ministerio se apropió de conocimientos especializados desarrollados en América Latina y otros contextos internacionales para presentarlos como propios.

La demanda también incluye a cinco altos cargos del ministerio en aquel periodo: María Naredo, Antonia Morillas, Ana Varela, Ángela Rodríguez y Celia Mayer. Aunque la ministra en ese momento era Irene Montero, la jurista aclara que no tuvo contacto directo con ella, pero afirma que “si la ministra no supo de la secuencia de tratamientos discriminatorios, incumplió las obligaciones de su cargo, y si lo supo y no evitó la discriminación, su responsabilidad es aún mayor”.

Un segundo contrato con incumplimientos

Tras la entrega del borrador, De las Mercedes propuso al ministerio desarrollar un argumentario jurídico sólido para sustentar los cambios legislativos desde los estándares internacionales. En marzo de 2022, Ana Varela, entonces subdirectora general de Programas del Instituto de las Mujeres, le comunicó que se le convocaría mediante un contrato menor. El 22 de julio recibió una invitación a licitación que, según la demanda, replicaba exactamente su propuesta. En septiembre fue adjudicataria del contrato y entregó el documento a mediados de marzo de 2023. Por este trabajo, cobró 16.872 euros.

Sin embargo, el ministerio no cumplió con varias condiciones pactadas: el argumentario no fue impreso en 100.000 ejemplares, no se tradujo a los idiomas oficiales ni se presentó durante la presidencia española de la Unión Europea, como se había acordado. Además, el documento nunca fue publicado, y la jurista exige ahora que se le devuelva y que se prohíba al ministerio su uso.

Reclamaciones y respuestas institucionales

En su demanda, De las Mercedes solicita:

• La nulidad de los contratos por considerarlos fruto de una relación desigual y abusiva.
• Un certificado oficial que reconozca su autoría en el borrador de la ley.
• La devolución del argumentario jurídico y la prohibición de su uso por parte del ministerio.
• Una disculpa pública por el maltrato y el trato discriminatorio, que se publique en todos los canales oficiales del ministerio.

Las cinco exaltas cargos han emitido un comunicado conjunto en el que niegan “tajantemente” cualquier trato discriminatorio, afirman que las contrataciones se ajustaron a la legalidad y que los pagos fueron debidamente facturados y recibidos. Señalan que siguieron el procedimiento establecido y que así lo avala un dictamen del Consejo de Estado de 2024. Sin embargo, no responden a preguntas sobre si hubo contratos similares para otras leyes ni sobre los criterios para fijar el monto de 5.000 euros.

El actual ministerio, ahora dirigido por Ana Redondo, ha indicado que los hechos denunciados corresponden a una etapa anterior y que ya ha entregado el expediente completo a la Justicia, comprometiéndose a colaborar en lo que se requiera. Por su parte, fuentes cercanas a Irene Montero afirman que la exministra “tenía plena confianza en su equipo”, pero no han aclarado si tenía conocimiento de la situación de la jurista.

Un análisis realizado por este medio confirma una alta coincidencia entre el borrador entregado por De las Mercedes y la ley final aprobada: 13 de los 48 artículos son idénticos, al menos 10 más son muy similares en redacción, 17 siguen la misma línea argumental, y solo 7 artículos no tenían presencia en su texto original. Este grado de coincidencia refuerza las alegaciones de apropiación intelectual que sustentan la demanda.