Lo que nadie te ha contado sobre quién gobierne La Moneda

El cambio de mando en Chile, con la asunción del presidente José Antonio Kast, marca una nueva etapa política y una reconfiguración en la coalición gobernante, lo que inevitablemente redefine las prioridades del Ejecutivo. Entre los primeros gestos de este nuevo gobierno se encuentra la designación de una nueva ministra de la Mujer que, hasta ahora, ha evitado pronunciarse sobre temas sensibles como los derechos reproductivos o el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto sin causales, actualmente en trámite en el Congreso. Esta postura contrasta con el enfoque de gestiones anteriores y refleja una orientación más conservadora en materia de salud sexual y reproductiva.

El aborto como problema de salud pública

Más allá de las posiciones ideológicas, el aborto en Chile debe abordarse como un asunto de salud pública. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) han sido claros: el aborto seguro es parte esencial de los servicios básicos de salud reproductiva y debe garantizarse para proteger la vida, la salud y el bienestar de las personas. Esta visión está respaldada también por múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a servicios sanitarios seguros, oportunos y libres de discriminación.

Sin embargo, en Chile, el aborto —salvo en los casos contemplados por la Ley 21.030, que permite su práctica por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo producto de violación— sigue siendo el único procedimiento de salud sancionado explícitamente en el Código Penal, en lugar de regularse bajo el marco del Código Sanitario. Esta criminalización, a pesar de las recomendaciones internacionales, limita el enfoque técnico y médico que debería primar en las políticas de salud.

La brecha entre la ley y la realidad

• Según estimaciones del Instituto Guttmacher, cada año se realizan entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos en Chile.
• En 2024, solo 1.075 personas accedieron legalmente al aborto bajo alguna de las tres causales establecidas, según el Informe Anual de Observadoras de la Ley de Aborto en Chile (OLA).
• Esto implica que entre el 0,36% y el 1,76% de los abortos realizados en el país son atendidos por el sistema de salud, mientras que la inmensa mayoría ocurre fuera del sistema, en condiciones de riesgo y sin acompañamiento médico.

Estas cifras revelan que la legislación actual no ha logrado reducir la incidencia del aborto, sino que ha empujado la práctica a la clandestinidad, exponiendo a miles de mujeres y personas gestantes a complicaciones graves e incluso a la muerte. La mayoría de las que llegan a servicios de urgencia por abortos provocados no encajan en ninguna de las causales legales, lo que evidencia una desconexión profunda entre la norma y la realidad sanitaria del país.

Avances en salud reproductiva que no deben perderse

Chile ha avanzado en materia de salud reproductiva gracias a políticas públicas basadas en evidencia. En 1965, la distribución gratuita de anticonceptivos en la atención primaria marcó un punto de inflexión. En 2010, la Ley 20.418 amplió el acceso gratuito a métodos anticonceptivos sin requisitos de pareja estable ni autorización parental a partir de los 14 años. Y en 2015, la píldora del día después pasó a venderse sin receta, aumentando su disponibilidad.

El impacto ha sido claro: la tasa de embarazo adolescente cayó de 44,1 por cada 1.000 en 2014 a 9,0 por cada 1.000 en 2024, la más baja de América Latina, según datos del Ministerio de Salud. Estos logros demuestran que las intervenciones sanitarias efectivas no solo son posibles, sino necesarias para prevenir embarazos no deseados y proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

Ante este escenario, resulta crucial que, más allá de los cambios políticos, se mantenga un compromiso con políticas basadas en evidencia científica, con educación sexual integral y con el acceso universal a servicios de salud reproductiva. El desafío no es ideológico, sino sanitario: garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de seguridad, dignidad y autonomía.