Un paquete perfecto… pero no para siempre

El Gobierno ha aprobado un paquete económico enfocado a mitigar los efectos derivados de la escalada militar entre Irán y otras potencias, en particular el impacto sobre los precios de la energía. Aunque el escenario actual no ha provocado una crisis económica generalizada, las autoridades han optado por una respuesta equilibrada y focalizada, evitando medidas generalizadas y costosas que podrían comprometer la estabilidad fiscal a medio plazo.

Un enfoque mesurado frente a la incertidumbre

El plan, dotado con 5.000 millones de euros, contrasta con las respuestas anteriores ante choques económicos como la pandemia o la guerra en Ucrania, cuando se movilizaron hasta 25.000 millones. Esta decisión responde a una coyuntura distinta: la economía española no enfrenta una recesión ni una caída abrupta del crecimiento. De hecho, BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento del PIB en un 2,4% para 2026, aunque la tensión geopolítica podría hacer perder dos décimas de la mejora esperada. Tampoco hay una espiral inflacionista como en 2022; incluso los pronósticos más pesimistas prevén una inflación en torno al 4% este año, partiendo del 2% actual.

Además, el tejido económico está en mejor forma que hace unos años. La deuda de familias y empresas ha bajado, el sistema bancario es sólido, las empresas han ganado tamaño y el sector servicios —excluido el turismo— crece por encima del promedio y representa ya el 7% del PIB. Esta mayor resiliencia ha permitido al Ejecutivo actuar con calma, sin caer en medidas de emergencia o improvisaciones.

Medidas focalizadas, no generalizadas

El paquete combina ayudas directas y rebajas fiscales, pero con un criterio selectivo. A diferencia de experiencias pasadas, como la devolución de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores —medida considerada fiscalmente regresiva y poco eficaz—, esta vez las subvenciones se reservan a sectores especialmente afectados: transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores y empresas electrointensivas, como las del sector siderúrgico, químico, metalúrgico y productoras de gases industriales, cuyos costes energéticos representan al menos la mitad de su estructura de gastos.

En paralelo, se han aprobado rebajas fiscales directas sobre los impuestos a la energía. El IVA sobre electricidad, gas y gasolinas baja del 21% al 10%, lo que se traduce en una reducción inmediata de unos 30 céntimos por litro en el precio de la gasolina. Esta medida busca aliviar la presión sobre los consumidores y las empresas sin abrir la puerta a una eliminación generalizada de impuestos, que podría debilitar la recaudación y comprometer políticas públicas esenciales.

Equilibrio político y técnico

• El diseño evita convertirse en un instrumento de reforma fiscal amplia, como pretendía la derecha con una bajada general del IRPF, poco relacionada con el origen del problema.
• Tampoco se incluyen nuevas medidas intervencionistas en sectores como la vivienda, evitando así una deriva regulatoria que podría generar inestabilidad jurídica.
• El enfoque busca el mínimo común denominador político, lo que aumenta sus posibilidades de prosperar en el Congreso sin depender de apoyos extremos.

En conjunto, el paquete refleja una estrategia de contención: proporciona respuestas concretas a los sectores más expuestos, sin comprometer el marco fiscal ni alimentar una dinámica de abonos generalizados. Es un equilibrio entre prudencia y acción, ajustado a una situación que, por ahora, no exige medidas de choque, pero que podría cambiar si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga o intensifica.