La trampa mental que confunde memoria con juicio y nadie ve

Un hombre señala la tierra. No es un juez, ni un historiador, ni un político, ni un agrimensor. Es un campesino: Juan José Solanille. En 1985, frente a un tribunal durante el histórico juicio a las juntas militares, relató lo que había visto en Loma del Torito, un sector dentro del predio del centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba (Argentina). Habló de camiones militares entrando y saliendo de noche, de tierra removida, de restos humanos que sus perros encontraban al olfatear el suelo, de fosas, de tumbas. Su testimonio conmovió al público; a muchos se les erizó la piel. Pero el defensor del dictador Roberto Eduardo Viola, al terminar su declaración, pidió que se le practicaran pericias psiquiátricas y toxicológicas, insinuando que Solanille podría estar loco o alcoholizado. Los jueces no accedieron. Su palabra fue creíble. Y con cientos de testimonios como el suyo, se construyó una verdad que no dejó lugar a dudas: hubo un plan sistemático de represión, tortura, desaparición y asesinato.

Fueron necesarios 41 años para que la justicia confirmara, con hallazgos forenses, que el campesino tenía razón. Recientemente, el Equipo Argentino de Antropología Forense halló huesos humanos en Loma del Torito, en los lugares exactos que Solanille había señalado décadas atrás. No estaba ni borracho ni demente. Simplemente, decía la verdad.

La memoria y la justicia como cimiento democrático

Argentina es uno de los pocos países del mundo que no solo recordó su dictadura, sino que la juzgó. Mientras algunos optaron por el olvido como forma de transición democrática, Argentina eligió enfrentar su pasado con pruebas, testimonios y sentencias. Ese camino no fue fácil, ni inmediato. El juicio a las juntas militares de 1985, apenas dos años después del retorno de la democracia bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un acto de coraje político y jurídico sin precedentes. Por primera vez en la historia, un Estado democrático sometió a sus anteriores dictadores a juicio por crímenes de lesa humanidad en tribunales civiles.

Durante meses, sobrevivientes, familiares de desaparecidos y testigos narraron en la sala lo ocurrido en centros clandestinos como La Perla, Pozo de Arana o el ESMA. Se reconstruyeron cadenas de mando, mecanismos de secuestro, tortura y eliminación de personas. El fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con una frase que quedó grabada: “Señores jueces: nunca más”. Las sentencias fueron contundentes: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a prisión perpetua; otros altos mandos también recibieron penas de cárcel.

El proceso no fue lineal. Años después, leyes de impunidad y indultos permitieron que algunos condenados recuperaran la libertad. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, varios de ellos salieron en libertad, en un contexto que, como hoy, también estuvo marcado por tensiones entre democracia, justicia y poder político. Pero el juicio de 1985 ya había dejado una huella imborrable: una verdad judicial, pública, probada.

Un relato fundado en la prueba, no en la interpretación

• En 2005, la Corte Suprema de Justicia anuló las leyes de impunidad, reabriendo el camino para nuevos juicios.
• Videla murió en prisión en 2013 tras múltiples condenas.
• Cientos de represores han sido juzgados desde entonces por delitos de lesa humanidad.
• El sistema de desapariciones forzadas, la apropiación de bebés y los crímenes de Estado ya no son objeto de debate histórico, sino de veredictos judiciales.

Esa distinción es clave. Mientras en otros países como España, donde la transición se basó en la Ley de Amnistía de 1977, la justicia penal sobre los crímenes del franquismo quedó clausurada, en Argentina se construyó un relato colectivo asentado en el derecho. Las fosas comunes, las asociaciones de víctimas, los debates historiográficos existen también en España, pero sin el respaldo de una verdad judicial equivalente. Allí, el debate público sobre el pasado reciente ha resurgido en los últimos años, como en la polémica entre Arturo Pérez-Reverte y David Uclés, que derivó en el aplazamiento de unas jornadas sobre la Guerra Civil. En Argentina, en cambio, el eje del debate no son los hechos, sino su interpretación o instrumentalización política.

El consenso social sobre la naturaleza criminal de la dictadura militar no surgió espontáneamente. Fue el resultado de décadas de lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de periodistas, historiadores, sobrevivientes y del propio sistema judicial. Hoy, incluso con el auge de discursos que buscan relativizar la represión, hablar de una “guerra” o cuestionar las cifras de desaparecidos, persiste una base común: los crímenes del Estado no se justifican. Esa convicción, ampliamente extendida incluso entre sectores que apoyan al actual gobierno de Javier Milei, tiene un origen claro: el juicio de 1985.

Cuando un país juzga su pasado, la verdad deja de ser una mera cuestión de memoria. Se convierte en un hecho jurídico. Pueden regresar las negaciones, las revisiones, las manipulaciones. Pero ya no pueden borrar lo que un tribunal estableció con pruebas. El testimonio de un campesino, ignorado y cuestionado en su momento, hoy es una pieza central de esa verdad. Solanille no señalaba tierra. Señalaba justicia. Y tras cuatro décadas, la justicia, por fin, lo confirmó.