El Gobierno y Extremadura negocian bajo la presión de acabar en el Constitucional la ley con la que PP y Vox tumbaron la norma de memoria regional

El Gobierno de España y la Junta de Extremadura están manteniendo una comisión bilateral para intentar resolver los numerosos puntos de fricción que ha generado la Ley de Concordia de Extremadura. La norma, impulsada por el Partido Popular y Vox, sustituyó a la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática regional, lo que ha sido calificado por la izquierda como una “humillación” a las víctimas de la dictadura franquista.

Principales discrepancias entre ambas partes

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles, con fecha de 2 de diciembre, la comisión reconoce “discrepancias manifiestas” en relación con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 16 y 17, así como con la disposición transitoria y la disposición derogatoria de la ley. En situaciones similares, el Gobierno central ya ha llevado al Tribunal Constitucional las leyes de concordia aprobadas en la Comunidad Valenciana y en Aragón, ambas también impulsadas por el PP, que derogaron sus respectivas leyes de memoria democrática. En Castilla y León, la iniciativa quedó paralizada cuando el PP dejó de gobernar con Vox.

Cuando una normativa autonómica puede entrar en conflicto con la Constitución o con competencias del Estado, ambas administraciones se reúnen en comisiones bilaterales para buscar soluciones antes de acudir al Tribunal Constitucional. Este caso resulta paradigmático porque las posturas de Madrid y de la Junta están marcadamente alejadas.

La Ley de Concordia extremeña cuestiona las políticas de memoria democrática vigentes desde 2007. Dentro del texto se enfatiza que “la Transición fue un ejemplo, internacionalmente reconocido, de cómo cerrar heridas” y se afirma que “nunca ha debido estar entre las potestades del legislador actual juzgar colectivamente a los españoles de entonces”, en referencia a los que vivieron la Guerra Civil, la dictadura y su final. La norma se presenta como un intento de superar “la división y el resentimiento”, ampliando el concepto de víctima a todas las personas que hayan sufrido violencia política, ideológica, religiosa o terrorista desde 1931 hasta la actualidad, incluida la etapa de la República.

Asimismo, la ley reconoce a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y del terrorismo de ETA. Señala que “una Ley de Concordia no debe olvidar a las víctimas del terrorismo” y advierte que la actuación pública debe evitar “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles para moldear su memoria individual”. Además, la normativa aprobada por PP y Vox contempla la creación de un censo público de víctimas, un mapa de fosas comunes y un procedimiento administrativo para exhumaciones que incluye autorizaciones, informes y protocolos técnicos.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado duramente la derogación de la anterior ley regional, aprobada por el PSOE. En 2025, Torres describió esa normativa como “una ley justa, que busca la dignidad y la verdad”. Según sus palabras, “el sufrimiento de las familias no puede ser ignorado. Las víctimas merecen justicia y reconocimiento”.

El Gobierno central cuestiona varios aspectos esenciales de la Ley de Concordia: la redefinición del periodo histórico, la ampliación del concepto de víctima y la supresión de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. El debate evidencia el choque entre dos enfoques diferentes: por un lado, la visión que considera a la Transición como punto de cierre de la historia reciente; por el otro, la defensa de la memoria democrática como política pública de derechos humanos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura también manifestó su rechazo a la nueva normativa, calificándola de innecesaria. El presidente de la organización, José Manuel Corbacho, declaró que “recuperar la memoria histórica es una cuestión de derechos humanos que nos concierne a todas y todos”. La asociación criticó que la ley elimina capítulos enteros de la normativa de 2019, la cual, según afirman, cumplía con los estándares del derecho internacional en materia de verdad, justicia y reparación. Corbacho añadió que la nueva ley “es una copia parcial de otras similares presentadas por PP y Vox en otras comunidades y blanquea la dictadura franquista, a la que ni siquiera menciona explícitamente”.

En el ámbito político, el presidente del PP, Alberto Feijóo, señaló que “el 60 % de los extremeños quiere que haya un entendimiento entre el PP y Vox”, subrayando la necesidad de consenso para avanzar en la cuestión de la memoria histórica en la comunidad.