Las entidades sociales piden al Govern medidas urgentes en pobreza energética tras caducar el convenio con Endesa

La expiración del convenio entre la Generalitat de Cataluña y Endesa, que regulaba medidas de apoyo a la población vulnerable frente a la pobreza energética, ha dejado un vacío que ha movilizado a los principales actores del tercer sector. La Taula del Tercer Sector y la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) exigieron este miércoles al Govern la adopción de medidas urgentes y la convocatoria inmediata de la mesa de trabajo sobre pobreza energética.

Firmado en 2021 y con una vigencia de cuatro años, el acuerdo era el único de su tipo en España. Su objetivo principal era obligar a Endesa a cumplir una serie de compromisos con familias en situación de vulnerabilidad, entre los que destacaban la condonación de deudas acumuladas por facturas impagas y la instalación de contadores sociales en viviendas ocupadas por familias vulnerables.

Principales carencias tras la finalización del convenio

Con la expiración el pasado 31 de diciembre, esos compromisos quedan pendientes y las entidades recuerdan que, aunque la condonación de la deuda se cubrió parcialmente, solo se extinguió la correspondiente al periodo 2015‑2021. La deuda generada entre 2022 y 2025 sigue sin resolverse.

• Condonación de deudas: Endesa asume 28,1 millones de euros y la Generalitat 10,6 millones, cubriendo la deuda de unas 41 000 familias entre 2015 y 2021.
• Instalación de contadores sociales: En todo el periodo solo se han colocado 117 dispositivos, una cifra muy inferior al número de hogares que podrían beneficiarse.
• Beneficiarios del bono social: Según datos del Gobierno, más de 185 000 personas reciben el bono eléctrico, mientras que la población afectada por pobreza energética en Cataluña asciende a 1,4 millones.
• Tasa de pobreza energética: En 2024 la tasa es del 17,6 % en Cataluña, ligeramente menor que el 20 % de 2023, pero aún muy superior al 5,9 % registrado antes de la crisis financiera de 2008.

Ante la ausencia de un nuevo convenio, tanto la Generalitat como Endesa sostienen que la crisis de precios se ha atenuado y que existen ahora instrumentos estructurales de protección, como el bono social y el escudo social, que impedirían el corte del suministro a los hogares vulnerables.

No obstante, las organizaciones del tercer sector consideran que esas medidas son insuficientes. Señalan que el bono social se otorga a una proporción muy reducida de los potenciales beneficiarios —solo una cuarta parte de las familias vulnerables lo percibe— y que, sin un acuerdo como el anterior, la incertidumbre y la angustia de muchas familias aumentan, dejando desprotegidos derechos básicos como el acceso a la energía.

La Taula del Tercer Sector y la APE reiteraron en su comunicado que “es necesario contar con instrumentos pioneros y contundentes que garanticen la protección y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad energética”. Ante la falta de una alternativa clara, solicitan al Govern que convoque de forma urgente la mesa de trabajo sobre pobreza energética para buscar soluciones que sustituyan al convenio expirado.